Por qué la “JEP” es el Triunfo "judicial" de George Soros para la “Industrialización” de la Coca colombiana en el Planeta

Por su elevado grado de planificación, los eslabones que unen a la JEP con George Soros, tienen al menos 3 etapas históricas.

Los recientes escándalos asociados a la denominada “Jurisdicción Especial de Paz”, todos ellos develando el apetito burocrático y el carácter fariano del denominado “tribunal”, ponen en blanco y negro un peligro que durante años se cocinó en Colombia, y que fue financiado desde el extranjero con dinero de George Soros.

En concreto, el denominado “Proceso de Paz” de Juan Manuel Santos con el Cartel de las FARC, tuvo por objetivo lavar la cara del grupo narcotraficante, articulando en Colombia una estrategia de medios financiada por la Open Society Foundation, principal mecenas global de la legalización de la cocaína.

En este pleito, la JEP y su elevado sesgo favorecedor del proceso de impunidad de Juan Manuel Santos, se convertiría en el último eslabón de la cadena de intereses internacionales para “legalizar la cocaína”, lo que cumplió sus primeros pasos al permitir la impunidad de las FARC, y promover, a través de sus satélites de ONGs en Colombia, la impunidad del grupo terrorista FARC.

Por su elevado grado de planificación, los eslabones que unen a la JEP con George Soros, tienen al menos 3 etapas históricas. En primer lugar, el aterrizaje de Soros en Colombia a través de satélites doctrinarios. En segundo lugar, la legalización del principal cartel de cocaína del planeta y el lavado de cerebro ideológico de las poblaciones. En tercer lugar, la creación de instituciones para legales para adecuar el paso a la “Industrialización de la coca”.

 “DeJusticia”, George Soros y el satélite de activismo judicial de Rodrigo Uprimny para el adoctrinamiento de Colombia

El primer paso de la estrategia de Soros en su proceso de colonización doctrinaria de la izquierda radical en Colombia, y sus puentes de producción de coca, lo realizo a través del fondeo de numerosas ONG y “medios de comunicación alternativos” del país, entre los que se destacan los “proyectos periodísticos” Verdad Abierta (de la Revista Semana), La Silla Vacía y Consejo de Redacción, entre otros.

Este aterrizaje doctrinario de la Open Society Foundation, permitió consolidar en el imaginario colombiano el relato de que las FARC no eran narcotraficante, y que a diferencia de los paramilitares, requerían un tratamiento distinto, propio de una “legitima movilización social”. Tal relato anti sistema, facilitó a Juan Manuel Santos instaurar una agenda que lavara la imagen de las FARC ante el mundo, diferenciándola de los paramilitares, y construyendo el puente que le llevaría en su momento a lograr su verdadero objetivo en la presidencia, ganar el premio nobel junto con el lobby internacional de izquierda.

En esta misión, en Colombia, además de los diferentes medios de comunicación de Soros, el principal activista judicial del “proceso de paz” con las FARC, Rodrigo Uprimny, se convirtió de la noche a la mañana en un abogado, que pronto comenzó a recibir multimillonarias sumas de dinero de la Open Society Foundation, la principal fuente de mecenazgo para movimientos de izquierda en el mundo.

En concreto, en cuestión de pocos años, la ONG De Justicia, en cabeza de Uprimny, rápidamente se convirtió en uno de los principales receptores de dinero de George Soros en su misión de normalizar las montañas de impunidad que circundaban los acuerdos de las FARC con Juan Manuel Santos en Cuba. Impunidad que durante años, con un equipo joven de abogados indoctrinados por Uprimny, se presentaba en foros, reuniones, delegaciones, documentos de trabajo y activismo judicial general, que pronto también comenzó a recibir beneficios, directa o indirectamente, del gobierno Santos.

Es en este contexto, donde se establece por primera vez la creación de un “organismo de justicia paralelo” al aparato de justicia Colombiano, para dar tratamiento a las FARC y “todos los actores del conflicto”. Por ello, el principal objetivo de Soros, se constituyó, a través de Uprimny, en crear un organismo judicial paralelo al estado, que posteriormente Juan Manuel Santos bautizó con el nombre de la “Jurisdicción Especial de Paz”.

Del Lobby Judicial a la construcción de Instituciones pro FARC: El surgimiento de la JEP

El acelerado activismo ideológico de Rodrigo Uprimny, articulado a un equipo de decenas de abogados de la ONG de extrema izquierda, facilitó en Colombia el tránsito de las FARC de grupo narcotraficante y terrorista a partido político. Este adefesio institucional, promocionado por Soros a través de su miríada de ONGs en Colombia, comenzó a tomar forma con las “tesis” de que el acuerdo de impunidad entre Santos y las FARC debía dar un salto jurídico, lo que desde el año 2015 promocionaban ONG de extrema izquierda como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o DeJusticia.

Ante los hechos, la ONG Judicial Watch, desde los Estados Unidos, inició investigaciones ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos para definir la responsabilidad de la administración de Barack Obama en la responsabilidad de financiar colectivos de abogados y medios de comunicación de izquierda en la región, encargados de apoyar el proceso de impunidad del grupo terrorista FARC. De hecho, hasta el 2018 las labores de investigación de Judicial Watch no solamente involucraban a la ONGs de George Soros en Colombia, sino así mismo a "medios independientes" adeptos a llamar el salto a la legalida de las FARC el "Proceso de Paz".

Los antecedentes de ONG financiadas por la Open Society en Colombia se remontan desde antes del 2014. En concreto, incluso antes de esa fecha, el propio Uprimny (cabeza del principal satelite judicial de la Open Society en Colombia) en foros nacionales, financiado desde varios años atrás por George Soros, establecía falsamente la necesidad de crear mecanismos de “Justicia transicional” para desarrollar una Paz estable que “respete los derechos de la víctimas”. Como se sabe, la firma del proceso de impunidad de Juan Manuel Santos con las FARC marginó a las víctimas, elevando incluso a la calidad de congresistas al secretariado del grupo narcotraficante, presentando jerga jurídica a un país que desconocía su grado de cercanía con la izquierda global, dirigida por la Open Society.

 

 

“Un elemento en que creo que estamos todos de acuerdo y que sería un “innegociable” del “proceso de paz”, es que eso tiene que terminar en una buena “comisión de la verdad”(…) el primer gran dilema es “justicia transicional” únicamente para los “insurgentes” o “justicia transicional” para “todos los agentes”(…) la Justicia transicional no puede ser contra las FARC únicamente, porque las FARC no son el “único agente generador de violencia en el conflicto armado”, eso es de una obviedad tremenda, entonces tiene que ser una “justicia transicional que incorpore a todos los agentes del conflicto”

 

Es en esta doctrina jurídica, completamente afín a las FARC, donde emanan los conceptos que dieron lugar  a la JEP, como principal legitimador de la impunidad del Cartel de las FARC.

Del triunfo judicial y político de Soros, a la “Industrialización de la coca”

El surgimiento de la JEP y la elaborada filigrana en medios y activismo judicial de George Soros financiando desde hace más de una década sus satélites en Colombia, dieron como resultado el surgimiento de un cuerpo judicial para estatal como la JEP, cuya principal función es la de salva guardar la agenda favorable a las FARC pactada en la Habana, mientras los intereses de Soros avanzan a un nuevo estadio de constitución, la industrialización de la coca.

En concreto, solo el pasado 4 de Enero, la cuenta oficial de Twitter de George Soros, promocionaba los grandes avances en su activismo contrario a la “Guerra contra las Drogas”, conectando su mensaje en redes con un informe de la Open Society llamado “Una década fundamental para que el movimiento ponga fin a la “guerra contra las drogas”.

Este informe, a su vez, tiene relacion con el primer informe fundacional de Soros, publicado el año pasado por la Open Society, de nombre “La industrialización de la coca: un camino hacia la innovación, el desarrollo y la paz en Colombia”, que, de nuevo, establece el futuro de la legalizacion de la coca, saltando en Colombia la impunidad de las FARC a través de tribunales que resuelvan el “conflicto”.

De hecho, el propio informe de la Open Society establece el futuro institucional y jurisdiccional de la industrialización de la coca en Colombia en los siguiente términos:

“En términos de la base mínima para promover la investigación de la tecnología de la coca, se han logrado avances significativos para garantizar que la FNE, los reguladores de la industria y las agencias de desarrollo rural sean receptivos a la formulación de políticas basadas en evidencia e innovación. El futuro gobierno de Colombia necesita al menos mantener, e idealmente fortalecer este enfoque. La FNE debe continuar (y preferiblemente estandarizar, acelerar y simplificar) la emisión de permisos de investigación para todas las partes interesadas involucradas en la innovación de la coca (y otros cultivos y sustancias controladas). Esto incluye los permisos de investigación de cultivos de coca así como los permisos de investigación para envío, manejo, procesamiento y análisis (a través de diagnósticos de alcaloides). Productos de hoja de coca. La FNE y los reguladores de productos tienen una tarea pendiente para acordar un estándar común de evidencia para la recuperabilidad de alcaloides y la seguridad del producto de la coca, así como para definir su jurisdicción correspondiente en el proceso de autorización de comercialización. Finalmente, Colombia debe continuar fortaleciendo su infraestructura de innovación y sus marcos legales (incluidos los regímenes de propiedad intelectual y cultural), y aumentar la financiación para proyectos con una agenda de innovación social. Favorecería la ventaja competitiva de Colombia. La edad en el comercio internacional utiliza pilotos de innovación de la coca para estructurar una institución de investigación centrada en la promoción de la ciencia y el espíritu empresarial que apoya la comercialización socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de la riqueza biológica y cultural de Colombia.”

Es precisamente en este contexto, como, luego de más de una década de activismo judicial de George Soros en Colombia, el magnate estadounidense no solamente logró legalizar con sus satélites normalizando el más grande proceso de impunidad de un cartel de coca como las FARC, sino consolidar un aparato de “justicia transicional” falso, como la JEP; donde se puede dar inicio a una nueva etapa de sus intereses en Latinoamérica, la “Industrialización de la coca de Colombia” para el planeta. En concreto, la “JEP” normaliza judicial e institucionalmente el discurso del “conflicto armado” en Colombia, dando paso a un artificio legal para ahondar nuevos escenarios políticos en el país, donde Soros, por encima de otros multimillonarios en el planeta, tiene un aceitado pool de ONGs y “Medios Alternativos” para imponerse cultural y políticamente en la región.

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