Porqué la medida de Iván Duque contra UBER lo ubica como el presidente más Antimercado de la historia moderna de Colombia

El único que está cometiendo un delito es Iván Duque. Ilegalizar una actividad privada que trae beneficios colectivos y de complejizacion sistémica a Colombia, es tan criminal como la expropiación de casas del centro de Caracas por parte de Hugo Chávez.

La reciente medida del gobierno nacional, en el sentido (en pleno siglo 21), de impedir el funcionamiento de la plataforma de economía compartida UBER sancionando hasta con 25 años a los conductores que hagan uso de la plataforma, lo ubica, en el acto, como el presidente más Antimercado en la toda la historia moderna de Colombia.

En concreto, la medida de Iván Duque representa un absoluto desconocimiento del funcionamiento de la Economía, y por ende, una posición dogmática y romántica acerca del funcionamiento del Estado como ente rector de las relaciones económicas entre los individuos. Por ende, la decisión de Iván Duque, absorbe completamente las relaciones económicas entre colombianos, reguladas o no reguladas, y las lleva al plano de la legalidad o la ilegalidad, lo que, de facto, convierte cualquier tipo de transacción privada entre colombianos en un delito, lo que no solamente es absurdo desde el punto de vista político, sino absolutamente centralista y antimercado.

En concreto, la mayoría de la relaciones de intercambio entre individuos han estado a lo largo de la historia determinadas por su propia libertad para no sentir el peso del estado en sus actividades. El caso de las plataformas de económia compartida como UBER, Rappi, Cafibi u otras, no solamente es la natural tendencia del mercado y la innovación a ir a pasos acelerados por encima de los políticos y los estados, sino que representa la evolución natural de las sociedades democráticas donde las relaciones privadas entre individuos libres, están por encima del gobierno y las herramientas de centralización de poder político.

Los ejemplos más evidentes de centralización de poder político, y de imposición de formatos de economías centralizadas, están representados en los regímenes comunistas de la región, incluida Cuba y Venezuela, donde el estado controla absolutamente todas las relaciones entre personas, y cualquier formato de transacción que no comparta lo convierte en un delito.

 

Por estos motivos, incluso por encima de Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana o el propio Julio Cesar Turbay, la decisión del gobierno de Iván Duque automáticamente lo convierte al presidente más Antimercado en toda la historia moderna de Colombia, incapaz de reconocer el valor de las plataformas de economía compartida, y sometiendo a los ciudadanos y a los usuarios del transporte público (a las malas), a un esquema de mercado que remonta a la década de 1970.

Decir que un formato de transacción entre privados es ilegal, es la muestra más absolutista de la ignorancia propia del comunismo. En concreto, todas las transacciones entre seres humanos ponen una exigencia sobre los mecanismos de regulación de los estados, pero existe una diferencia abismal entre afirmar que una actividad no está regulada, a tacharla inmediatamente como ilegal, porque representa enteramente una visión que desconoce las relaciones privadas entre ciudadanos como fuente de la verdadera libertad, e impone una visión estatista de la condición humana, donde, como en el comunismo, lo único que existe es el estado, y por ende, el individuo por encima del estado es un criminal. En suma, la decisión ejemplariza un perfecto ejemplo del Marxismo que llevado al paroxismo ha contribuido a los sistemas más injustos, verdaderamente criminales y totalitarios en la historia humana.

 

 

Con esta decisión solo le debe quedar a la ciudadanía una conclusión. El único que está cometiendo un delito es Iván Duque. Ilegalizar una actividad privada que trae beneficios colectivos y de complejizacion sistémica a Colombia, es tan criminal como la expropiación de casas del centro de Caracas por parte de Hugo Chávez, o los decomisos masivos del gobierno cubano a los mercaderes de productos de los Estados Unidos. Esos sí, actos completamente delictivos.

 

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