¿Triunfan las FARC? “JEP“ violenta el Código Penal, DIH y las víctimas y llama “Retención Ilegal” a sus Secuestros

Las dos definiciones del código penal colombiano contravierten la delirante tesis de la "JEP", tesis cuya unica explicación radicaría en un intento seudojudicial y político de salvaguardar la libertad del secretariado de las FARC de la competencia de la Fiscalía, así como de organismos internacionales de penas como la Corte Penal Internacional.

Hace pocos minutos, la denominada “Jurisdicción de Paz”, concebida por la administración Santos para convocar en declaratorias a los cabecillas del grupo narcotraficante FARC, acaba de trasgredir el marco constitucional y legal de la jurisdicción penal colombiana.
En concreto, ante el inicio de la comparecencia de los miembros del grupo secuestrador y narcotraficante, la “JEP”, en sus redes sociales, anuncia al país el inicio de las comparecencias sobre un informe relativo a “retenciones ilegales” de las FARC, protegiendo al grupo narcotraficante de la legislación domestica e internacional.

Concretamente, la red institucional de la denominada “Jurisdiccion”, se refirió en los siguientes términos a la audiencia:

#Caso001: La Sala de Reconocimiento de la #JEP trasladará a los comparecientes los informes de instituciones como la @FiscaliaCol, que previamente presentó uno sobre "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP".

Con su alusión, la denominada “JEP”, de entrada, protege al secretariado de la competencia del derecho internacional, utilizando un eufemismo para crear la impresión de que el grupo no cometía procesos masivos y sistemáticos de secuestro extorsivo en el país.

A diferencia de la insólita conducta de la “JEP”, el código Penal establece taxativamente la conducta punitiva del secuestro simple en los siguientes términos:

Artículo 168: El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A su vez, el codigo se refiere al Secuestro Extorsivo en los siguiente términos:

Artículo 169:  El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza.

Por ende, las dos definiciones contravierten la delirante tesis de la "JEP", tesis cuya unica explicación radicaría en un intento seudojudicial y político de salvaguardar la libertad del secretariado de las FARC de la competencia de la Fiscalía, así como de organismos internacionales de penas como la Corte Penal Internacional.

Por otra parte, el reconocido jurista Carlos Fleitas, a detallado la regulación que orbita alrededor de la práctica del secuestro en el Derecho Internacional. En su concepto: La Resolución Nº 59/154 de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Cooperación Internacional para Prevenir, Combatir y Eliminar el secuestro y prestar asistencia a las víctimas, claramente señala: 1. Condenar enérgicamente y rechazar la práctica del secuestro, en cualquier circunstancia e independientemente de su propósito, especialmente cuando sea realizada por grupos delictivos organizados y grupos terroristas; 2. Reiterar que los grupos delictivos organizados y los grupos terroristas, así como todos los autores de tales delitos, son responsables de cualquier daño o muerte que se produzca a raíz de un secuestro perpetrado por ellos y deben ser castigados en consecuencia.    

Por este motivo, la decisión de la denominada "JEP", busca subvertir la naturaleza punitiva del derecho internacional, acomodando el lenguage en un acto del mas insólito travestismo legal. Su objetivo, al parecer, sería salvar al secretariado del grupo narcotraficante de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Finalmente, la decisión de la "JEP", ignora intencionalmente la legislación detallada en la materia, violada sistemáticamente en las prácticas históricas del grupo narcotraficante, entre las que se cuentan la Convención sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños (entró en vigor el 1 de diciembre de 1983).   La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (entró en vigor el 20 de febrero de 1977).   La Convención internacional contra la toma de rehenes (entró en vigor el 3 de junio de 1983). El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (entró en vigor el 28 de enero de 2004).   El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (entró en vigor el 25 de diciembre de 2003); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (entró en vigor el 29 de setiembre de 2003). 

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