Por desacato, fiscal Montealegre podría ser llevado por la policía a que rinda cuentas en el Congreso

El fiscal Montealegre podría ser llevado por la Policía Nacional al Congreso para realizar un debate de control político propuesto por el senador del Centro Democrático Ernesto Macías en donde pueda rendir cuentas sobre su desempeño en cuanto a sus funciones como fiscal general y explicar las razones por las cuales llevo a cabo millonarias contrataciones sin pasar por las licitaciones previas correspondientes.

El fiscal Montealegre podría ser llevado por la Policía Nacional al Congreso para realizar un debate de control político propuesto por el senador del Centro Democrático Ernesto Macías en donde pueda rendir cuentas sobre su desempeño en cuanto a sus funciones como fiscal general y explicar las razones por las cuales llevo a cabo millonarias contrataciones sin cumplir procesos previos correspondientes. El caso se complementa a la denuncia sobre Natalia Springer, que fue contratada por más de cuatro mil millones de pesos por el fiscal con fines de lograr una labor de socialización frente al proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC y muchas otras contrataciones directas como las de  prestación de servicio, asesorías jurídicas, manejo de medios y especiales periodísticos entre otros, que llegan a los veinte mil millones de pesos.

De acuerdo al ordenamiento colombiano, la magnitud del escandaloso caso de Montealegre y sus millonarios nombramientos, solo podría realizarse con las comisiones encargadas y no en la Plenaria del Senado, según lo informa el presidente del Congreso de la República, senador Luis Fernando Velazco. Esto se debe a que solamente son citados en plenaria los ministros, los directores de departamentos administrativos y los superintendentes.

Ante la negativa manifiesta del fiscal Montealegre de asistir al debate político se generan más dudas sobre la honestidad de su gestión y las decisiones que tomo en su desempeño como fiscal de la entidad. Además el fiscal no ha dado hasta el momento razones contundentes que justifiquen sus acciones con respecto a las contrataciones que aprobó y el manejo de los dineros públicos que estaban a su cargo.

Según el Senador del Centro Democrático el fiscal Montealegre debería solicitar una audiencia en la que pueda explicar el motivo de dichas contrataciones y aclarar si en realidad estos servicios millonarios eran requeridos por la fiscalía en momentos como los que está pasando el país. Por el contrario, el fiscal se niega a exponer sus razones y se esconde.

Según el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías Tovar, resulta curioso el hecho de que el fiscal Montealegre contrata a varias personas para asesorías a su despacho para resolver asuntos correspondientes sobre acuerdos de paz con La Habana por más de 700 millones de pesos, durante el 2014 y en la actualidad para el 2015 aun no se ha firmado ni logrado ningún acuerdo.

Aún cuando es cierto que el Congreso aprobó la idea de incorporar un presupuesto adicional para agilizar las gestiones de la fiscalía debido a la escasez de personal y para descongestionar la carga de trabajo; para ello se acordó una partida especial para las contrataciones de asesores e investigadores con la fe de su buena administración por parte del fiscal. No obstante, ante las denuncia de los últimos días no se esperaba que derrocharan más de cincuenta millones de pesos mensuales en asesores que no lograron concretar nada productivo frente a la dilación del proceso.

Además Montealegre podría haber pagado con dinero de la fiscalía el fallo para modificar el periodo institucional de su cargo, cuando la doctora Susana Buitrago Valencia fue la magistrada encargada que aprobó el periodo. Lo que extraña del asunto es precisamente que esta se retiró del Consejo de Estado en mayo de 2015 y en junio fue contratada por el fiscal por cinco meses con un contrato que asciende a los 35 millones de pesos mensuales. Al respecto, otro de los aliados del fiscal Montealegre podría ser el presidente de la Sala que aprobó el fallo que lo benefició, el doctor Alfonso Vargas Rincón, quien salió del Consejo de Estado en mayo de 2015 y a los 15 días recibió un contrato de siete meses ganando la suma de  74 millones de pesos mensuales aproximadamente.

 

Sobre la posible incursión en desacato del Fiscal

En conclusión, si el fiscal se siguiera negando a presentar declaraciones ante el congreso, y más exactamente ante la comisión que le acuse, incurriría en desacato, lo que implicaría que podría ser obligado por la policia a que se presente a su llamamiento para que de las explicaciones pertinentes. Por ley, el incidente de desacato,tiene cuatro etapas:
 
a. Comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente, para que pueda dar cuenta de la razón por la que no cumplió y presente sus argumentos de defensa.
b. Practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes con la decisión.
c. Notificar la providencia que resuelva el incidente.
d. Remitir el expediente en consulta al superior.
 
(Corte Constitucional, Sentencia C-367, jun. 11/14, M. P. Mauricio González Cuervo). Si la comisión abre la investigación y el actual fiscal se niega, la situación institucional de la fiscalía en Colombia atravesaría una crisis sin antecedentes recientes.

 

 



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