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Contra la Constitución y desde 2014, Santos autorizó a Fiscalía interceptar directamente telefonía Móvil en Colombia sin intermediación

Juan Manuel Santos sería el primer presidente que conforme al informe, viola directamente los derechos amparados internacionalmente en materia de privacidad de los colombianos.

Con ocasión de los escándalos que han rodeado a la presidente del exmandatario Juan Manuel Santos, un nuevo elemento se ha sumado esta semana a raíz de una investigación de la Fundación Karisma. En concreto, la fundación analizo los niveles de privacidad de las conversaciones de los colombianos, y con base en las indagaciones, encontró que desde el año 2014, la administración de Juan Manuel Santos, autorizó a la fiscalía general de la nación a interceptar directamente las comunicaciones telefónicas (por móviles) de los colombianos, sin que medie orden judicial o injerencia de las operadoras de telefonía móvil en el país.

En estos términos, desde el 2014, el gobierno Santos abrió el camino para que la fiscalía General de la Nación tenga acceso directo a la tecnología utilizada por los operadores de telefonía móvil, para interceptar llamadas sin que medie orden judicial, que hasta hace pocos años, era autorizada por la empresa que brindaba el servicio de telefonía celular.

La denuncia fue directamente publicada hace pocas horas por la experta Carolina Botero, una representante de la Fundación en un informe en el que agrega:

"Esta semana el fiscal reconoció que un funcionario de esa entidad interceptó a los pilotos de Avianca durante la huelga del año pasado. Al leer la noticia, me pregunto ¿cómo pudo suceder esto?, ¿cómo no se dieron cuenta en la Fiscalía? Eso no lo dice la noticia, pero deberíamos preguntárnoslo porque suena a que esa persona abusó de su acceso a la plataforma donde se hacen las interceptaciones legales. Si analizamos esto a la luz de la información disponible en los informes de transparencia, nos podemos dar cuenta de que para esos casos ya ni siquiera está ese control que hacían las empresas"

 

A los hechos añade:

 

"En el caso de los celulares, hay una norma que, desde 2014, obliga a las empresas a abrir sus infraestructuras para que la Fiscalía haga directamente la “chuzada”; ya no pasa por la empresa ni la petición, ni la activación, simplemente no se enteran. Hasta hace poco no sabíamos si esto efectivamente sucedía así, pero con la información que nos ofrecen en 2018 podemos decir que efectivamente eso es lo que está pasando, pues no nos pueden dar datos sobre la interceptación legal de comunicaciones en celulares; ellas ya no son intermediarias. Esto, sin duda, hace más fácil que se cometan abusos como el que el fiscal anunció. Los funcionarios que operan la plataforma de interceptación tienen acceso directo a las infraestructuras de las telecomunicaciones. Estos casos nos dan la razón a quienes hemos denunciado que ese acceso directo es una medida excesiva y desproporcionada, aunque tenga un propósito legítimo, justamente porque es fácilmente abusada. Creo que la norma es abiertamente inconstitucional en Colombia y, sin embargo, existe y sucede. "

Así las cosas, la administración de Juan Manuel Santos, directamente a través de la plataforma de la Fiscalía General de la Nación, habrían incurrido directamente en la violación al derecho de intimidad avalado en la norma, accediendo, de así desearlo, a todas las conversaciones telefónicas de los colombianos en el país.

En medio de la denuncia, hasta el momento, la situación no ha sido respondida por el expresidente Juan Manuel Santos, sin embargo, con base en la evidencia, se sospecha que actualmente la plataforma permite replicar desde la Fiscalía los mismos comportamientos.

La información es además corroborada efectivamente por el informe en los siguientes términos:

“En el informe de transparencia donde desarrolla esa obligación para dar el marco legal e indicar que entrega información personal de las personas a las que da servicios en desarrollo de actividades de interceptación de comunicaciones en líneas fijas (indica expresamente que, sobre las móviles, la Fiscalía realiza directamente estas interceptaciones) y para dar acceso a metadatos. De otra parte, respecto al criterio sobre procedimiento de entrega de datos, no se encontró ningún documento que explique el procedimiento que realiza la empresa, mucho menos si este tendría en cuenta garantías como el debido proceso. Sin embargo, en su informe de transparencia hace un esfuerzo por indicar el marco legal con el que responde a estas peticiones y describe las autoridades a las que responde estos requerimientos. Y, por último, en lo relacionado con el criterio de notificación de la entrega de datos, en su política de privacidad, se menciona en el índice 6 que “informa a los interesados de forma clara y sencilla que se recolectan los datos y cómo los utilizan”. Sin embargo, esta afirmación no tiene el alcance que se evalúa al no ser un compromiso expreso de informar a las personas siempre que entregue a terceros sus datos”.

Así las cosas, Juan Manuel Santos sería el primer presidente que conforme al informe, viola directamente los derechos amparados internacionalmente en materia de privacidad, contemplados también en la Constitución Política de Colombia, y desde el año 2014, habría tenido acceso, a través de la Fiscalía, de todas las comunicaciones móviles que los usuarios de telefonía, incluida la oposición en el país.

EL INFORME COMPLETO DE LA FUNDACIÓN KARISMA EN COLOMBIA

 

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