Fiscalía tras la pista de extorsionistas en Engativá que operarían robando Automotores UBER y de servicio con amenazas

Las recientes modificaciones al Artículo 182 del Código, establece literalmente las mayores cargas punitivas sobre los hechos como un delito no excarcelable.

Recientes denuncias de extorsión por robo de automotores han llegado a oídos de jueces especializados y delegados de la Fiscalía General de la Nación, que estarían tras la pista de un grupo de extorsionistas ubicados en la localidad de Engativá. Los más recientes hechos estarían ubicados en el Barrio La Granja, donde las investigaciones apuntan a un grupo de al menos 5 personas involucradas en el delito de extorsión y constreñimiento, ambos parte de un grupo mayor de sospechosos identificados, que tendrían además vínculos con el robo de automotores UBER con amenazas.

La modalidad implicaría llamadas, amenazas y chantajes a las víctimas, que conforme a los entes de control, incluiría el delito de secuestro extorsivo como parte del acervo procesal que reposa en este momento en al menos dos procesos de investigación y judicialización que están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según información que conocerían medios de comunicación nacional como Noticias RCN, al menos uno de los casos involucraría el delito de constreñimiento, donde las víctimas son obligadas por la fuerza a acceder a las demandas de los investigados, incluyendo sumas astronómicas de dinero por supuestas responsabilidades que son ejercidas bajo presión e intimidación.

El caso no sería nuevo en la localidad, y haría parte de otras investigaciones que descansan en los entes de control, y que involucraría a personas que en la actualidad son sujeto de pesquisas y tendrían nexos con fachadas de negocios de automotores en la zona. En concreto, el caso ubicado en el Barrio La Granja de la localidad Engativá sería uno de los de mayor atención de los organismos, a donde el CTI de la Fiscalía apunta a la recuperación de activos reportados ante la SIJIN y tránsito.

Los delitos de constreñimiento ilegal y extorsión ocupan hoy para la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones una de las mayores fuentes de ocupación y judicialización. Los delitos por lo general están incursos en conductas tipificadas como  constreñimiento ilegal, hurto calificado, secuestro extorsivo con fines económicos y concusión. En el caso del grupo en Engativá, se trataría de al menos 5 personas directas involucradas en la red, y al menos otras 5, de forma indirecta.

Las recientes modificaciones al Código Penal endurecen taxativamente las penas sobre bandas organizadas o responsables del delito de constreñimiento ilegal en Colombia. En concreto, las recientes modificaciones al Artículo 182 del Código, en su parágrafo “Constreñimiento ilegal por parte de miembros de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados”, establece literalmente las cargas punitivas sobre los hechos como un delito no excarcelable, cuyas penas oscilan los 4 a los 6 años de prisión. A los hechos se sumarían además en los casos que lleva la Fiscalía, los agravantes de secuestro extorsivo, al retener personas en contra de su voluntad mediante la vía de la intimidación, así como el robo de automotores por vía de fuerza, ambos delitos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano con penas de prisión de doce (12) a veinte (20) años y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los Antecedentes de la Fiscalía: hasta 31 años de cárcel por casos de Secuestro Extorsivo y constreñimiento con hurto

En la actualidad, la jurisprudencia que descansa en la Fiscalía para procesar los casos de constreñimiento ilegal y secuestro extorsivo, superan incluso la vigencia máxima de las penas establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano para la investigación de los hechos. En concreto, recientes decisiones del Juzgado 1° Penal Especializado del Departamento de Risaralda, en conocimiento de la Fiscalía en Bogotá, sentenció a 31 años de cárcel a un responsable del delito de secuestro extorsivo que durante horas retuvo ilegalmente a un grupo de empleados para que por este se pagará una suma de tan solo 7 millones de pesos.

El caso en cuestión en conocimiento de las autoridades, tendría una tipificación similar a los casos que hoy reposan en los organismos de control, donde al constreñimiento se sumaría el robo de automotores. En efecto, la condena a 31 años incluída en la Base de datos de la Fiscalía general de la Nación, “ocurrió el 25 de abril de 2014, cuando ingresó a un condominio ubicado en el corregimiento de Cerritos de la capital risaraldense y desde el celular de la empleada de servicio, llamó al dueño y le dijo que si no le daba la suma de $2 millones acabaría con la vida de la mujer, de su hijo recién nacido quien se encontraba al cuidado de la mujer, así como su hija mayor y el novio de esta. Allí hurtó elementos avaluados en $7 millones”.

En el caso de las investigaciones que en este momento adelanta la Fiscalía se sabría de al menos un caso de constreñimiento ilegal agravado y robo, así como la demanda de sumas superiores a decenas de millones de pesos a las víctimas. Finalmente, se ha dado a conocer que al respecto que los organismos de control ya habrían tomado las primeras medidas frente a la información allegada en los últimos días, lo que incluiría protección policial frente a amenazas y audios que hacen parte del archivo, oficialmente reportadas ante el Brigadier General Hoover Alfredo Penilla, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y responsable de la asignación de unidades de investigación y protección para el esclarecimiento de estos casos en la localidad al occidente de Bogotá.

Noticia en desarrollo.

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