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Corte tumba el "Fast Track" del acuerdo Santos-FARC en el Congreso

En las últimas horas, la Magistrada y Presidenta del alto Tribunal Maria Victoria Calle, ha radicado en la Corte Constitucional una ponencia contra el acto Legislativo por la “paz” que proponía el ejecutivo para aprobación de los nuevos acuerdos entre el Gobierno y la organización terrorista de las FARC.

[pullquote]En las últimas horas, la Magistrada y Presidenta del alto Tribunal Maria Victoria Calle, ha radicado en la Corte Constitucional una ponencia contra el acto Legislativo por la “paz” que proponía el ejecutivo para aprobación de los nuevos acuerdos entre el Gobierno y la organización terrorista de las FARC.[/pullquote] Esta ponencia está relacionada con una de las demandas presentadas contra el acto legislativo y que cuestiona las facultades del presidente para expedir normas que permiten la implementación del mismo.

Esta ponencia negaría la posibilidad que el Congreso apruebe el nuevo acuerdo firmado en el Teatro Colón, en Bogotá a través del conocido “Fast Track” o sistema abreviado, en el cual el Gobierno buscaba, por la vía rápida, la aprobación e implementación de este. Esta “vía rápida”, buscaría que en tan solo dos debates y en seis meses se diera curso a la totalidad de su implementación y de manera inmediata entrar en vigencia.

[pullquote]Por el contrario, la ponencia radicada por María Victoria Calle señala que es necesario que exista refrendación popular para que este acto legislativo entre en vigencia, de acuerdo a lo contemplado en el artículo quinto del acto legislativo[/pullquote], el cual señala que es necesario que la decisión sea llevada a las urnas y avaladas en estas.

Al mencionar, días anteriores que, únicamente era suficiente con su implementación en el Congreso, esta ponencia, radicada en la Sala Plena de la Corte, tumbaría las decisiones del ejecutivo iendo en contra de los planes que tendría el Gobierno Santos.

Ante esta nueva medida se suman dos demandas más que estarían siendo revisadas por la Corte Suprema de Justicia; según lo manifestado en ellas los dos primeros artículos del nuevo acuerdo serían anticonstitucionales debido a que en estas se desconocería la división de poderes.

Días anteriores, la Procuraduría General de la Nación, a través de un oficio habría solicitado a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la decisión que tomaron los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre. Con este se pretendería respetar la decisión de la mayoría de colombianos que votaron negativamente el mecanismo que fue escogido por el Gobierno para refrendar los acuerdos de “paz” con las FARC y que el gobierno habría desacatado por lo que una vez se diera a conocer el resultado decidiría reunirse nuevamente con la delegación de las FARC para seguir negociando.

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