Consejo de Estado se pronuncia contra acuerdo Santos-FARC y cuestiona que este generaría “Inseguridad Jurídica”

El Consejo de Estado cuestionó el acuerdo entre Santos y la guerrilla, al parecer, por generar inseguridad jurídica. Danilo Rojas, Presidente de la Alta Corte, mostró su preocupación en torno a varios puntos acordados, entre ellos el tema de las víctimas y otros puntos de la justicia especial para la paz (JEP).

Durante una entrevista, El Consejo de Estado cuestionó el acuerdo entre santos y la guerrilla, al parecer, por generar inseguridad jurídica. [pullquote]Según Danilo Rojas, Presidente de la alta corte, su preocupación giraría en torno a varios de los puntos acordados, por lo que la acción de tutela, las víctimas y otros puntos de la justicia especial para la paz (JEP) a la que se acogerían los guerrilleros que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, harían parte de las fuertes preocupaciones del tribunal.[/pullquote]

De acuerdo a lo expresado por el magistrado Rojas, estos debatibles puntos podrían "acarrear conflictos de competencias e inseguridad jurídica, dilatando los procesos y volviendo ineficiente la nueva institucionalidad".

Por tal razón, el punto de víctimas (uno de los más importantes sobre el acuerdo) no estaría previendo un concepto claro de la forma integral en la que serían reparadas las víctimas, pese a que el acuerdo pretendería que la JEP se enfoque directamente en los crímenes más graves y violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Por ello, el Consejo de Estado habría argumentado que este tipo de justicia “no se refiere explícitamente a la reparación integral en desarrollo de esta jurisdicción".

Además, el tema de la acción de tutela sería una preocupación adicional para el Consejo de Estado, esto debido a que la tutela que se implementaría en la JEP quedaría paralela con la de la justicia ordinaria, por lo que piden que se hagan las reformas pertinentes para que, al quedar vigentes los dos tipos de justicia, no entren en choque.

[pullquote]La vigencia de la JEP también sería el punto de discordia que entraría en debate para el Consejo de Estado, por lo que en los acuerdos no habría quedado estipulado el tiempo que regiría esa justicia a partir del día que entre en vigor.[/pullquote] Por ello, las sentencias deberán ser emitidas en un periodo no mayor a tres años; tiempo en el que estaría vigente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”

"Es decir, que las sentencias de la JEP deberían proferirse en menos de tres años para que puedan ser incluidas en los informes de la Comisión y así contribuir al esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de los daños", aseguró el alto tribunal.

Finalmente, el presupuesto también sería un punto de alta preocupación para el Consejo de estado, por lo que el alto tribunal considera que los 81.437 millones de pesos anuales que se distribuirían para llevar a cabo la Justicia Especial de Paz sería bajo para el Consejo de Estado, considerando los problemas que por más de 10 años habría padecido la jurisdicción de Justicia y Paz. Por anterior, considera la "necesidad de dar un mayor alcance territorial, presupuestal y judicial a los nuevos mecanismos de justicia de transición a implementar".

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