PODCAST: La Voz de la Mayoría Silenciosa

#BALANCE El Nodo 2017. Los Antipersonajes del año

Las personas señaladas son responsables del mayor proceso de destrucción legal e institucional de Colombia en toda su historia republicana, aupados con multimillonarios contratos o inusitado poder para llevar a cabo sus fechorías. Estas personas, adicionalmente, son desde la legalidad, la punta del ancla criminal que el grupo narcotraficante FARC necesitaba para debilitar a la oposición democrática de Colombia desde sus instituciones, y llevarlas a la categoría de congresistas con el consentimiento anticonstitucional del presidente.

El Nodo Colombia presenta a continuación a tres personas que por su abultado poder y perniciosas intenciones son consideradas como los Antipersonajes del año 2017. Las personas señaladas son responsables del mayor proceso de destrucción legal e institucional de Colombia en toda su historia republicana, aupados con multimillonarios contratos o inusitado poder para llevar a cabo sus fechorías. Estas personas, adicionalmente, son desde la legalidad, la punta del ancla criminal que el grupo narcotraficante FARC necesitaba para debilitar a la oposición democrática de Colombia desde sus instituciones, y llevarlas a la categoría de congresistas con el consentimiento anticonstitucional del presidente. Sin ellos, no hubiera existido el degradado proceso de seudolegalidad e impunidad que Colombia hoy navega infructuosamente. Los tres antipersonajes del año son los abogados Eduardo Montealegre, Rodrigo Uprimny y Sergio Jaramillo.

Rodrigo Uprimny: el brazo ideológico y legal de Soros en Colombia

El abogado Uprimny, quien es reconocido por ser el director de una organización apoyada por el magnate americano de izquierda radical George Soros, ha sido durante los ultimos años el mas alto consejero y lider de opinión legal del proceso de impunidad del grupo narcoparamilitar FARC en Colombia. 

Como lo ha documentado El Nodo, los procesos de articulación de grupos terroristas con el estado, requirieron durante los últimos años la coordinación de dos estrategias políticas, en primer lugar la financiación del proyecto, en segundo lugar, la violación del marco legal para la incorporación de los terroristas. En Colombia, durante los últimos años, el polémico abogado Rodrigo Uprimny, a través de su organización “De Justicia”, ha servido como el principal vocero de los procesos de impunidad que a las malas se estarían tratando de imponer en Colombia.

En concreto, su fundación, con cada año que pasa, no solamente se ha fortalecido financieramente sino que ha logrado incrementar su capacidad de influencia a nivel nacional, facilitando un lavado vulgar de imagen del grupo terrorista FARC, al punto de convertirlo a la fecha en un grupo político aliado del gobierno nacional, gozando incluso de sesiones personales con el presidente de la república. La incapacidad del grupo terrorista FARC para lavar sus crímenes, por este motivo se ha beneficiado a través del reconocido abogado, quien sistemáticamente defiende los adefesios del gobierno nacional así estos impliquen hacer trizas la constitución de 1991, burlarse de las víctimas, destinar partidas del presupuesto nacional para el grotesco “Partido político de las FARC” e incluso regalarles curules sin votos.

Sergio Jaramillo, el cerebro detras del grotesco acuerdo de impunidad de las FARC

Sergio Jaramillo, hoy fuera del país, ha sido el cerebro detras del grotesco acuerdo de impunidad de las FARC. De este se destaca su acalorada estrategia de artimañas para acusar a la coalisión del NO de mentirosa, durante el plebiscito robado por Juan Manuel Santos. Lo que no es conocido por la ciudadanía, es el monto de los abultados contratos que Jaramillo ha firmado con el gobierno para defender durante años sus demenciales tesis. 

Hasta el 3 de Febrero de 2016, según información publicada sobre los millonarios negocios que el fondo por la paz de Juan Manuel Santos ha firmado, se podría constatar que el mayor contratista beneficiado habría sido el propio comisionado de “Paz”, Sergio Jaramillo, quien a través de su organización y a título personal habría firmado contratos con el gobierno hasta por más de 11.500 millones de pesos.En concreto, la Fundación del comisionado, “Ideas para la Paz” y el mismo como persona natural han facturado en el corto periodo de sus funciones un total de $11.554 millones de pesos, lo que lo haría en la actualidad, el mayor contratista no gubernamental aliada del gobierno por  “Asesorías para la Paz”.

En concreto, los millonarios contratos con la organización del comisionado incluyen desde asesorías, hasta la socialización de las actividades que el comisionado lleva a cabo. Lo que correspondería a contratos que superan cada uno hasta más de $5.500 millones de pesos.

Eduardo Montealegre: El precursor de la destrucción institucional de Colombia

El otro millonario contratista por la "Paz" y precursor de la destrucción institucional de Colombia, es el ex fiscal Eduardo Montealegre. Adicionalmente, Montealegre habría sido el cerebro detrás de la infiltración a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga a traves del Departamento de Inteligencia de Santos. A pesar de su ausencia en el país durante el 2017, Montealegre sigue incluido en el listado. Desde la defensa de sus millonarios contratos con la periodista Natalia Springer hasta sus contratos con presidencia de la República antes de ser fiscal, Eduardo Montealegre puede ser el personaje que mayor peligro ha representado para la institucionalidad y la democracia en Colombia desde la fiscalía. Adicionalmente su falta de independencia frente a las concesiones de presidencia con organizaciones terroristas como las FARC y la manipulación del derecho con base en peligrosas ideologías continentales de extrema izquierda, se han convertido en la punta de lanza que politicos o ideologos legales de extrema izquierda como Uprimny o Jaramillo han adoptado, destruyento la ley colombiana. Finalmente la historia reciente del fiscal Montealegre está copada de millonarios contratos directamente con Presidencia de la República y la Cancillería, que principalmente datan del año 2011 y cuyas obligaciones contractuales e ingresos incluso se cruzan con su posesión como fiscal y con sus ingresos como funcionario público. Ver http://elnodo.co/contratosfiscal

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