Para beneficiar a cúpula de las FARC, Santos violaría acuerdos firmados de extradición.

La declaración de presidencia, sin embargo, controvierte numerosos esfuerzos del gobierno colombiano que durante las últimas décadas, han puesto la presión de la extradición contra traficantes de drogas, y cuyos más recientes episodios se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, que en su periodo extraditó a más de 1000 narcotraficantes entre los que se cuentan, miembros de las BACRIM, antiguos desmovilizados del paramilitarismo y comandantes de la guerrilla como Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, de quien se dice maneja las cuentas de las FARC y por ello la organización terrorista insiste en su regreso.

Los tratados de extradición originados principalmente para combatir el narcotráfico en asocio con los Estados Unidos, y surgidos en medio del combate a Pablo Escobar que tuvo como saldo el asesinato del entonces candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, serían violados para beneficiar la estabilidad jurídica de las FARC. La figura jurídica de la extradición, se expidió de hecho el mismo día del asesinato del líder político (18 de Agosto -1989), y tuvo su mayor uso durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez con más de 1000 extradiciones firmadas y ejecutadas.

En contraste, la información que llama la atención sobre la violación de tratados firmados de extradición, la dio el propio presidente de la república Juan Manuel Santos a la cadena BBC de Londres, en la que informó que pensar que un terrorista deba ser extraditado por delitos conexos al narcotráfico, es “absurdo”.  En medio de la conversación, el presidente agrega que “la idea completa de un proceso de paz es hacer que las personas que están en armas continúen haciendo su política bajo medios legales” -"The whole idea of a peace process is to have the people who are in arms to give up their arms and continue doing their politics through legal means"-.

La declaración de presidencia, sin embargo, controvierte numerosos esfuerzos del gobierno colombiano que durante las últimas décadas, han puesto la presión de la extradición contra traficantes de drogas, y cuyos más recientes episodios se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, que en su periodo extraditó a más de 1000 narcotraficantes entre los que se cuentan, miembros de las BACRIM, antiguos desmovilizados del paramilitarismo y comandantes de la guerrilla como Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, de quien se dice maneja las cuentas de las FARC y por ello la organización terrorista insiste en su regreso.

LOS BENEFICIADOS POR PRESIDENCIA

El hecho de que el presidente busque levantar la extradición para miembros de organizaciones terroristas que además son investigados por tribunales internacionales, desconcierta dada la gravedad de los delitos cometidos por estas personas y sobretodo sus procesos abiertos tanto en Colombia como en el exterior.  Como ha sido expuesto en El Nodo, en el caso de los miembros de las mesas de conversación en el régimen de Cuba; los jefes guerrilleros Luciano Marín, alias Iván Márquez; Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad; Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda o ‘canciller de las Farc’; Jesús Carvajalino, alias Andrés París; y Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá, suman en total más de 340 medidas de aseguramiento, órdenes de captura y condenas.

Adicionalmente Rodrigo Echeverry Londoño, alias Timochenko o Timoleón Jiménez, tiene en su haber más de 32 requerimientos judiciales por los delitos de terrorismo, homicidio, rebelión y lesiones personales. Al respecto, a pesar de que el gobierno nacional ha buscado levantar su orden de captura, se sabe además que el departamento de Estado Norteamericano, ofrece por su paradero la suma de 5 millones de dólares, a lo que se suma una orden de captura internacional por la Interpol.

Finalmente, Iván Marquez, principal negociador de las Farc ante el gobierno de Colombia, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico, entre otros.

LA FIGURA DE LA EXTRADICIÓN

Como se ha advertido previamente, las obligaciones judiciales del secretariado de las FARC, no solamente son con el gobierno colombiano, sino así mismo con organismos internacionales tales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido la decisión del gobierno colombiano de no extraditar miembros de la cúpula de la organización terrorista, no solamente es un premio a la impunidad que de seguro no hubieran recibido bajo ningún otro escenario las cabecillas de la organización terrorista, sino así mismo una decisión innecesaria, máxime cuando estadísticamente la intensidad del conflicto inició un proceso de debilitamiento desde el año 2004.

La extradición, que rige en el código penal de Colombia desde 1936, se hace realidad con la firma del primer tratado que comprometía al gobierno en la materia en 1988, y que vinculaba las actividades del narcotráfico como causal de mecanismo administrativo legal aplicable. Con el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 por parte de Pablo Escobar, la necesidad de establecer mecanismos de presión jurídica y carcelaria para traficantes de cocaína se convirtió en una necesidad estratégica, legal y urgente. Finalmente, en ese mismo año, el decreto que establece la extradición por vía administrativa es expedido el 18 de agosto, coincidiendo con el asesinato de Luis Carlos Galán. Con la posesión de Cesar Gaviria en 1991, se inician los procesos de resoluciones administrativas para extraditar peligrosos traficantes de cocaína entre los que se cuentan Carlos Lehder y otros investigados del cartel de Medellín.  A pesar de que en 1991 la figura sufre un revés, ante la necesidad de combatir el narcotráfico vuele a ser incorporada en 1997 constitucionalmente, siendo aprobada en la Cámara de Representantes. 



Loading...