Bajo amenaza legal fiscalía buscaría incorporar Fuerza Pública en proceso de justicia transicional en Colombia con las FARC

Los comunicados emitidos tanto del Gobierno como del Fiscal General dan razón al caso. Este último, bajo amenazas, ha pronunciado la inclusión de los miembros de las Fuerzas Militares a la ley de justicia transicional, situación que iría en contra del nuevo fuero penal Militar y del nuevo Código Penal Militar.

En las últimas semanas, comunicados oficiales han dado a conocer la obligatoriedad de inclusion e incorporación de miembros de la Fuerza Pública a procesos de justicia que involucra a grupos armados para acceder a beneficios como rebajas de penas o garantias júridicas. El hecho por su naturaleza se complementa a las acciones complacientes que se han presentado desde el inicio de las conversaciones en la Habana entre el gobierno y las FARC. Con ello, la actual administración buscaría a toda costa aprobar puntos puestos sobre la mesa en materia de justicia transicional por parte del secretariado para proteger y beneficiar acuerdos mutuos en una eventual firma del proceso de paz, cuyos contenidos no se conocer por el país.

Entre estas acciones, una de las más cuestionadas ha sido la protección jurídica y penal para miembros de los grupos armados que permite incluso la posibilidad de lograr escaños políticos desde la reestructuración y creación de un nuevo marco constitucional.

Así se dio a conocer en los últimos meses cuando el Congreso de la República fijo la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional para beneficiar jurídica y penalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC; principio que se presentó una vez creada la “comisión de verdad, justicia y reparación” y en el que buscaba reparar a las víctimas pero que dejaba en claro la no evidencia ni acción penal para judicializar a los victimarios.

Sin embargo, estos últimos hechos han evidenciado que el Gobierno iría en contra de proteger unas Fuerzas Públicas y al contrario de lo que se esperaría, las condiciones y los beneficios otorgados a ciertos grupos no serían blindados también para miembros del estado. situación que ha permitido al contrario igualar las actuaciones cometidas por grupos al margen de la ley con acciones ejercidas por la fuerza pública en su ejercicio legal.

La degradación de la fuerza pública al obligarle ser incorporada en el marco de la justicia transicional

Los comunicados emitidos tanto del Gobierno como del Fiscal General dan razón al caso. Este último, bajo amenazas, ha pronunciado la inclusión de los miembros de las Fuerzas Militares a la ley de justicia transicional, situación que iría en contra del nuevo fuero penal Militar y del nuevo Código Penal Militar.

En los días recientes, el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, ha dejado en claro a través de advertencias que aquellos militares que no se acogiesen a participar en el proceso de justicia transicional, “no serían cobijados ni tendrían los beneficios penales otorgados dentro del mismo”, acaparando penas de hasta 40 años de prisión. Situación que se hace preocupante si se examina que en las últimas horas varias fuentes del gobierno  habrían anunciado el no indulto a miembros de las Fuerzas Públicas siendo actos cometidos bajo similares circunstancias.

Estos cuestionamientos, revelados una vez se dieran a conocer tanto las exigencias del grupo armado como el indulto otorgado a miembros de las FARC han sido contradictorios. Y esto se hace evidente cuando, a pesar del conocimiento de causa se permite la violación al “cese al fuego” en cuatro actos cometidos durante el mes de Noviembre, incluyendo actos de violencia ejecutados por la organización en zona de tránsito de civiles y militares.

La situación demostraría la preferencia del gobierno por satisfacer condiciones dadas y en el que se modifica el ordenamiento para -con la implantación de diferentes vías políticas de hecho y orden penal-, dar rebajas de penas a miembros de grupos insurgentes, o indultar e incluso desconocer tratados binacionales y constitucionales para no permitir la extradición a pesar del llamado de judicializar actos cometidos que atentan contra los derechos humanos.

Es cuestionable ver como el Gobierno ha tratado de igualar los procesos de justicia para grupos terroristas y fuerzas Militares, siendo estos últimos los afectados. Diferentes sectores han lanzado su voz de rechazo para no permitir la transición del gobierno para incluir a las fuerzas militares en los procesos de justicia transicional, pero lo más cuestionable es ver el desbalance que existe al momento de juzgar una acción cuando prevalece más la complacencia y displicencia de un gobierno para con un grupo que las acciones legales para proteger miembros de su Estado.



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