Lo que hizo posible la libertad fue la gradual evolución de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad.
Friedrich Hayek

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Santos habría pagado a empresa conexa a su hermano Felipe Santos $4.500 millones de pesos para Espectáculo rechazado de Firma de "Paz" en Cartagena

El evento realizado en Cartagena el pasado 26 de septiembre entre Juan Manuel santos y alias ‘Timochenko’, habría costado a los colombianos cerca de $4.500 millones de pesos. Este sería el valor que el presidente Santos habría pagado a la firma de su hermano para llevar a cabo un evento, al que varias personas han calificado de inapropiado, en el marco de un acuerdo de “Paz” que, seis días posterior a la “firma final”, los colombianos rechazaron en las urnas.

El evento realizado en Cartagena el pasado 26 de septiembre entre Juan Manuel santos y alias ‘Timochenko’, habría costado a los colombianos cerca de $4.500 millones de pesos. Este sería el valor que el presidente Santos habría pagado a la firma de la que su hermano habría sido socio para llevar a cabo un evento, al que varias personas han calificado de inapropiado, en el marco de un acuerdo de “Paz” que, seis días posterior a la “firma final”, los colombianos rechazaron en las urnas.

Así, el gobierno habría contratado a SISTOLE S.A. de quien afirmaba el propio periódico El Espectador, perteneció parcialmente a Felipe Santos, hermano del presidente Santos, quién fue socio de Ricardo Leyva —representante legal de Sístole— hace unos años, según contaba la revista Dinero, para realizar los servicios de “planificación, diseño, operación logística y de producción de todas las actividades que se requirieron durante el marco de la firma del acuerdo de paz que se llevó a cabo en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016”.

Según lo establecido en el contrato 181 de 2016, el valor a pagar por dichos servicios fue de $4.500 millones de pesos colombianos. Sin embargo, llama la atención la inversión millonaria de un evento que no tendría la validez jurídica, una vez se dieran a conocer los resultados del 2 de octubre, los cuales reflejarían la no aprobación de los acuerdos por algo más de la mitad de los colombianos votantes. Esta decisión significó en su momento, una nulidad de los acuerdos de paz, según lo había anunciado el propio presidente Santos. Por lo tanto, cualquier monto de dinero que se hubiera invertido anterior a ese día, habría representado un derroche del erario público.

Como consecuencia de lo anterior, la millonaria inversión en el acto protocolario de la “Firma de la Paz” en Cartagena, significó para el país un debate abierto sobre la necesidad de invertir una gran cantidad de recursos en un evento de tal magnitud, en momentos que no se conocía la decisión final de los colombianos sobre los acuerdos pactados en la Habana con la organización terrorista de las FARC.

Por lo anterior se consideraría un despilfarro innecesario del patrimonio nacional en momentos de un gran déficit fiscal que afecta a la nación; ese mismo que habría llevado a plantearse mecanismos como la Reforma Tributaria para tapar este hueco fiscal y el cual, curiosamente, sería presentado días posteriores al resultado del plebiscito, dejando poco margen de reacción al Poder Legislativo, órgano encargado de la aprobación del proyecto de ley.

Por otra parte, han surgido serias dudas sobre las contrataciones a dedo por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo de pedagogía por la paz y eventos relacionados con la misma. Y es que a lo largo de los casi cinco años que el Ejecutivo ha sostenido diálogos con las FARC, se han hecho evidentes los contratos con empresas con cercanía familiar al presidente Santos.

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