Lo que hizo posible la libertad fue la gradual evolución de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad.
Friedrich Hayek

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FLIP pone freno a Iván Cepeda y su intento paranoico de judicializar el periodismo

Un reciente comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe y especificamente sobre el reconocido periodista, Gustavo Rugeles y el exministro y periodista, Fernando Londoño ha puesto freno al intento paranóico del Congresista, Iván Cepeda, para judicializar el periodismo.

Un reciente comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe y especificamente sobre el reconocido periodista, Gustavo Rugeles y el exministro y periodista, Fernando Londoño ha puesto freno al intento paranóico del Congresista, Iván Cepeda, para judicializar el periodismo.

De acuerdo a lo expresado en el comunicado, textualmente expone:

“Los custodios de la información reservada son los funcionarios. Los periodistas que reciben dicha información no deben ser objeto de señalamientos ni acciones legales”, lo que confirma el freno de la FLIP a una posible judicialización al juicioso y valiente periodista, Gustavo Rugeles y al exministro Fernando Londoño por parte del polémico Senador del Polo Democrático.

A continuación el comunicado completo de la Fundación para la Libertad de Prensa:

1. El procedimiento en contra de Uribe es un asunto del más alto interés público. Este caso debe debatirse públicamente independientemente de la opinión o parecer de las  personas involucradas en él. Entre más transparencia exista en el proceso, mayores garantías habrá para los implicados y para la ciudadanía.

2. Tanto el procesado, como la CSJ y las demás entidades y funcionarios que tengan competencia o interés  en el asunto deben ser tolerantes a la crítica. Son los integrantes de la Corte y los congresistas quienes escogieron voluntariamente los roles públicos que representan y eso les acarrea un mayor escrutinio público y exposición. Hay un interés general sobre sus actuaciones y opiniones. Además, el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones al respecto está por encima de las posiciones de las instituciones o funcionarios parte de la presente controversia.

3. Rechazamos que desde las autoridades se insinue o contemple la judicialización vía penal sobre las publicaciones de los medios de comunicación. El cubrimiento de este caso tiene una especial protección constitucional y anticipar como consecuencia el uso del derecho penal configuraría un mecanismo de censura indirecta.

4. Valoramos positivamente que la CSJ confirme que no iniciará acciones judiciales. Sin embargo, los últimos hechos invitan a recordar que una situación similar se presentó años atrás. Una democracia no puede permitir que la máxima autoridad en lo penal llegue a desconocer su deber acentuado de tolerancia a la crítica y responda con acciones legales a los contenidos que le causan molestia. Una acción de este tipo condicionaría la actuación del fiscal y el juez que conocieran el caso contra el periodista. Esto representa un riesgo excesivo para la democracia.

5. El centro del debate público sobre el caso Uribe debe ser él, las personas implicadas y las autoridades a cargo del caso, no los periodistas que están interesados en cubrir el asunto.

6. Los custodios de la información reservada son los funcionarios. Los periodistas que reciben dicha información no deben ser objeto de señalamientos ni acciones legales.

7. La verdad sobre este caso debe decantarse en el debate público. Las autoridades tienen como deber el de abrir espacios para esto en lugar de poner trabas para el libre flujo de opiniones e informaciones.

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