En desesperadas acciones Senador Iván Cepeda aportó pruebas en su propia contra. Procurador confirma todas las garantías procesales.

Ante la situación, las crecientes declaraciones de Cepeda se limitan a afirmar que las motivaciones de la Procuraduría para una potencial destitución tienen carácter ideológico y político, sin embargo, para la Procuraduría es claro que el pliego de cargos nada tiene que ver con las acusaciones de Cepeda, y que los delitos de “abuso de función pública” y “fraude procesal” tienen asidero en el cambio de versiones de exparamilitares que dijeron expresamente que “Cepeda les había ofrecido beneficios a cambio del testimonio”.

Luego de que se iniciara investigación contra Iván Cepeda por los delitos de fraude procesal, concierto agravado para delinquir y abusos a la función pública, en distintos medios el senador ha afirmado no tener garantías jurídicas en Colombia. La situación, sin embargo, ha salido al revés para el congresista, luego de que en los registros internos de la cárcel de Itaguí fue descubierto como recurrente visitante de los paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, para que probablemente declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Ante la situación, las crecientes declaraciones de Cepeda se limitan a afirmar que las motivaciones de la Procuraduría para una potencial destitución tienen carácter ideológico y político, sin embargo, para la Procuraduría es claro que el pliego de cargos nada tiene que ver con las acusaciones de Cepeda, y que los delitos de  “abuso de función pública” y “fraude procesal” tienen asidero en el cambio de versiones de exparamilitares que dijeron expresamente que “Cepeda les había ofrecido beneficios a cambio del testimonio”. 

La situación por su naturaleza no solamente es de extrema gravedad  para el senador, ya que de confirmarse la conducta se estaría hablando de un escenario evidente de Farc-política en Colombia que hasta la fecha ha sido extensamente omitido por las autoridades. La afirmación tiene sustento en la previa destitución de la entonces senadora Piedad Córdoba de quien se sospecha tiene vínculos directos con las FARC, pero cuyas pruebas procesales encontradas en los computadores del campamento de Raúl Reyes, no pudieron ser incorporadas conforme a la legislación colombiana.

Los elementos del caso

Hasta la fecha, la situación de Iván Cepeda es desesperada, según se ha informado recientemente, el senador ha buscado como defensa acusar al Procurador Ordoñez por prevaricato, sin embargo las pruebas contra Cepeda son aparentemente contundentes. Como previamente se ha analizado, existirían contra el senador al menos 6 elementos de juicio que complicarían su situación jurídica.

  • En primer lugar los registros formales de visitas a la cárcel de Itagüí (26 de julio del 2012 y el 30 de mayo del 2013) que comprobarían que las declaraciones de los exparamilitares no solamente pueden ser verdaderas, sino que pueden ser fácilmente comprobadas luego de que se descubriese que efectivamente las movilizaciones del senador hasta Antioquia fueron reales, y que las conversaciones se dieron en secreto.
  • En segundo lugar las denuncias del organismo público y miembros de la oposición del congreso advirtiendo inconstitucionalidad del debate que el senador Cepeda buscó realizar contra el expresidente Álvaro Uribe, en el que se le advirtió con antelación la violación de los términos disciplinarios de su conducta.
  • En tercer lugar las previas denuncias (2013) por el mismo caso que vinieron en días pasados a volverse a incorporar a la investigación y contradicen las versiones de Cepeda en el sentido de afirmar que el caso es nuevo. Sin embargo, desde la fecha en la que se inició, las denuncias ya existían y configuraban los mismos dos delitos por los cuales en este momento se le busca imputar; fraude procesal y abusos a la función pública.
  • En cuarto lugar se encuentran las declaraciones abiertas y libres de los paramilitares que tuvieron visitas del Senador, y que se sumarían a las pruebas de la Procuraduría para blindar la investigación en curso sobre potenciales prebendas por declaraciones a  sindicados paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.
  • En quinto lugar las advertencias claras, expresas e incluso en medios de comunicación de la Procuraduría de haber investigación disciplinaria legítima por ilegalidad del debate contra el ahora senador y ex presidente de la República  (Art.114 Constitución -Ley 5 del Senado), que incluso fueron confirmadas por miembros de su propia bancada, pero que aun así el senador desecho, a sabiendas de que tenía una investigación preliminar abierta por declaraciones de exparamilitares que se reunieron en distintas ocasiones con él.
  • En sexto lugar, al pliego de cargos, se incorporaron los testimonios de Obed Herrera Salazar y Wílser Darío Molina, abogados e investigadores privados que aparentemente facilitaron las entrevistas con los ‘exparas’, que luego se adhirieron a las declaraciones de Gabriel Muñoz, afirmando que “en una piecita contigua a donde lo habían sacado, el doctor Iván Cepeda le dijo que necesitaba su apoyo para que dijera algunas cosas en contra de Álvaro Uribe, para lo cual el congresista le anotaría en un papel lo que tenía que decir, a cambio de algunos favores para él y su familia”

Aun cuando el senador Iván Cepeda busca cambiar el curso del proceso denunciando al procurador, paradójicamente fueron precisamente testimonios de su propia defensa los que jugaron en su contra. Finalmente, respecto al caso el Procurador afirmó que "Cepeda tendrá todas las garantías constitucionales, él ha intervenido en todas las pruebas que se han decretado, él ha presentado explicaciones sobre los hechos investigados, ha presentado su versión libre". Ante el desespero del Senador, el procurador le solicitó a este que aporte o pida pruebas al proceso, lo que por sorpresa del ente investigador hizo que los dos testigos hablaran en su contra a pesar de que  "fueron testimonios solicitados por su defensa".



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