De no haber incautación y reparación material, beneficios a FARC les permitiría lavar más de 600 millones de dólares anuales

Según los más recientes informes de la Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al cierre del año 2014 Colombia se ubicó como el principal productor global de cocaína, superando al Perú. Ante la situación y la falta de claridad respecto al negocio del narcotráfico establecido por los cabecillas de la FARC, se estima que solo por este concepto las FARC pueden estar dominando el 50% del negocio de la cocaína a nivel planetario.

La falta de claridad en torno a los puntos mencionados por el gobierno nacional respecto al proceso de negociación con la organización terrorista Farc, podría permitirles a estas lavar más de 600 millones de dólares anuales, de los cuales al menos 500 millones de dólares corresponden a negocio establecidos sobre la circulación de cocaína a nivel mundial.

Según los más recientes informes de la Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al cierre del año 2014 Colombia se ubicó como el principal productor global de cocaína, superando al Perú. Ante la situación y la falta de claridad respecto al negocio del narcotráfico establecido por los cabecillas de la FARC, se estima que solo por este concepto las FARC pueden estar dominando el 50% del negocio de la cocaína a nivel planetario.

En adición, según los estándares de justicia contemporáneos, en gran parte de los acuerdos establecidos sobre negociaciones con organizaciones terroristas la única forma de establecer reparaciones para justicia se da sobre la base de los resarcimientos materiales.

Sin embargo, la visión que hasta el momento ha circulado respecto a las conversaciones llevadas a cabo por el presidente Juan Manuel Santos, no establecen en los documentos publicados la semana pasada ningún tipo de condiciones de reparación material ni a las víctimas ni al país sobre la base de la abierta incautación de bienes y congelamiento de cuentas. Al respecto, la situación se hace más compleja si se tiene en consideración que gran parte de las finanzas de la organización terrorista FARC están vinculadas al negocio de la cocaína, el cual en la actualidad está claramente establecido como delito no político y conexo a normatividad internacional de la que el gobierno colombiano es firmante.

De no establecerse en los formatos de acuerdo expresos y abiertos a la opinión publica las condiciones de reparación y resarcimiento material de la organización terrorista FARC, se estima que la organización podría posibilitar el lavado de más de 1.8 billones de pesos anuales por concepto de comercio de cocaína de los cuales aproximadamente un (1) billón provienen del ingreso del narcótico en territorio norteamericano.

En adición, la posibilidad de incorporar a cúpula militar y política de la organización en el escenario electoral del país, tal y como ha sido sugerido por el fiscal general de la nación así como el presidente de la república, podría posibilitar la entrada en época en electoral de multimillonarias sumas que en este momento estarían en poder de las FARC y que de no establecerse en el acuerdo condiciones claras para el acogimiento, configurarían el peor escenario histórico de lavado de activos de la historia de Colombia.

Finalmente, las discusiones sobre la capacidad de la actual cúpula de las FARC de establecer acuerdos en este punto en concreto, se hacen aún más difíciles si se tiene en consideración que gran parte de la información de cuentas bancarias cifradas en el extranjero de la FARC están documentadas en información que posee el terrorista Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien en la actualidad se encuentra preso en los Estados Unidos, y podría configurarse como en enlace entre grandes fortunas derivadas del negocio del narcotráfico y la cúpula de las FARC negociando con el gobierno nacional en la Habana.



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