Condiciones del acuerdo de organización terrorista FARC buscarían modificar el marco constitucional de Colombia

El comunicado enmarca, dentro de la serie de “10 propuestas mínimas” publicada en Octubre, su transformación política, logrando escaños sin un proceso legislativo y democrático, la transformación institucional para aceptar los procesos de acuerdo y la protección política y constitucional para sus integrantes una vez firmado el proceso de paz con el gobierno nacional.

El último comunicado emitido por las FARC, enmarcado dentro de los acuerdos promulgados en La Habana para el proceso de Paz ha dado lugar a un sin número de debates y opiniones de diversos sectores que han rechazado contundentemente las condiciones que el grupo armado ha exigido para aceptar los acuerdos establecidos en los ciclos de conversaciones y lograr su participación activa en la política nacional.

Este comunicado se da a conocer unas semanas después de las contradictorias declaraciones del presidente Santos para definir un nuevo marco legislativo y legal para finalizar el proceso de conversaciones en la Habana y cuya figura está conformado por el “Acto Legislativo Para la Paz”. En análisis publicado por El Nodo, este proceder daba a entender los elementos de alcance del acto legislativo para buscar eliminar poderes del congreso y concentrarlos en un solo nivel dentro de la figura del ejecutivo.

Este acto y los alcances promulgados en el mismo, siendo aprobados la semana pasada en segunda instancia por el senado, genera una mayor preocupación, especialmente por sectores de oposición, puesto que iría en contra de principios constitucionales al otorgar al presidente facultades extraordinarias para aplicar y expedir decretos “con fuerza de ley necesarios” con el fin de implementar a la mayor agilidad los acuerdos finales, en contra de la prioridad de equilibrio de poderes promulgados en la constitución política del 91; lo que revela el sesgo y favorecimiento de sectores que buscan a toda costa lograr posicionarse políticamente dentro las corporaciones.

Sin embargo y a pesar de que a principios del mes de Agosto, la Corte Constitucional aprobaba una ponencia que declaraba exequible el Marco Jurídico para la Paz y en el que se especificaba que miembros de grupos insurgentes y alzados a las armas, responsables de narcotráfico o reclutamiento de menores, no podrían participar en política ni llegar a cargos de elección popular, las condiciones están dadas para que, dentro del acto legislativo, puedan modificarse los principios constitucionales y de este modo otorgar beneficios a grupos insurgentes.

Los alcances anteriores dan a entender el objeto de las FARC de dar a conocer  sus condiciones y su pretensión para llegar a participar en diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país. El comunicado enmarca, dentro de la serie de “10 propuestas mínimas” publicada en Octubre, su transformación política, logrando escaños sin un proceso legislativo y democrático, la transformación institucional para aceptar los procesos de acuerdo y la protección política y constitucional para sus integrantes una vez firmado el proceso de paz con el gobierno nacional.

El punto más importante y controversial de este comunicado se da en referencia a la participación activa en política de cada uno de sus miembros y la asignación directa de Curules en el congreso así como garantizar por parte del gobierno, la obligatoriedad de participación en asambleas departamentales y concejos municipales por al menos dos periodos.

Este hecho convierte esta condición en un proceder de alto riesgo y muy grave para la salud democrática y política de la nación principalmente porque se pretende alterar la garantía de equilibrio y equidad de representación de los partidos y movimientos políticos para cargos de elección popular, así como la representación equitativa en el congreso distribuidos mediante cifras repartidoras entre un listados de candidatos que superen o no el umbral establecido como lo contempla el marco constitucional.

A lo anterior, la “formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales” fundamentadas dentro de los principios de “justicia restaurativa” perteneciente a las propuestas mínimas de condiciones de exigencia de generar un nuevo marco legislativo para proceso de cambio del sistema político y judicial del país, exigiría protección constitucional frente a procesos extraditorios para cualquier integrante del grupo armado.

Estas condiciones presentadas se suman a una última exigencia de importancia dada a conocer como “la reconstrucción de la base productiva del país”. En ella se exige la promoción y apoyo a “procesos organizativos sociales” y la protección y demás necesidades de seguridad a todos los integrantes del grupo blindadas en principio por el gobierno nacional.

Lo que genera mayor duda, inquietud y preocupación a las anteriores exigencias es el hecho del gobierno de apoyarlas. Así lo dio a conocer el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; lo anterior en principio de modificar varios artículos de la Carta Magna e incluso la posibilidad de realizar una nueva asamblea constituyente como lo han propuesto varios sectores, entre ellos, esta organización delictiva en un documento conocido en las últimas horas y dirigida a Luis Fernando Velasco, presidente del Senado y Alfredo Deluque, presidente de la Cámara.

Sumado a esto, en una entrevista al presidente del senado, este menciona la posibilidad de realizar en dos o tres años una nueva constituyente con un nuevo marco constitucional incorporando en ella organizaciones declarabas como insurgentes. Es preocupante la forma como se está gestionando, por parte del Gobierno Nacional, temas tan complicados para la política nacional. Para muchos sectores las FARC, están poniendo sobre la mesa la agenda y el gobierno está aceptando sin mayores juicios seguir su proceder disminuyendo continuamente sus capacidades de negociación frente a estos grupos armados.



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