Los 2.088 millones del contrato de defensa fallida contra Nicaragua

En su fallo precisamente la corte declara su competencia para estudiar el caso, lo que le costaría a Colombia no solo las pretensiones iniciales de Nicaragua

A pesar de que el equipo de abogados encargados de defender a Colombia frente a las pretensiones de Nicaragua no le señalaron a la Corte de La Haya que Colombia no suscribió la Convención sobre el Mar, el contrato de ingresos por su representación le costó al país más de 2.088 millones de pesos solo para la firma Arrieta, Mantilla y Asociados. Lo problemático es que a pesar de que el abogado Carlos Gustavo Arrieta a pesar de no ser internacionalista, asumió con su compañía el litigio en uno de los casos más complejos de la diplomacia colombiana.

A pesar de haber recibido el contrato por más de 2.000 millones de pesos, la firma Arrieta, Matilla y Asociados no es una firma especializada en Derecho Internacional. De hecho, al ingresar a la página web de la empresa, se lee claramente que esta esta principalmente especializada en “Derecho Administrativo y Contratación Estatal, Infraestructura y Servicios Públicos, Derecho Minero-Energético, Derecho Comercial y Litigios”. Los contratos sin embargo, se firmaron con conocimiento de las áreas de especialización en derecho de la firma de abogados y fueron suscrito por un valor cada uno de 522 millones de pesos el 9 y 28 de Enero del 2015; y el 15 y 19 de Enero del 2016.

La sugerencia de contratar a la firma sin embargo, surgió de la cercanía de la canciller María Ángela Holguín con el abogado Carlos Gustavo Arrieta, quien conto con el apoyo de Manuel José Cepeda, asesor del Presidente en temas. En concreto, Carlos Gustavo Arrieta ha sido Procurador General de la Nación y candidato a Fiscal General de la Nación en dos oportunidades, lo que sin embargo, demuestra su perfil de penalista y administrativista, funciones del derecho que no se concilian con las demandas técnicas para defender a Colombia ante la corte de la Haya. Adicionalmente, la cercanía de María Ángela Holguín para hacer entrega del contrato a Arrieta, se deriva del hecho de que esta fue su secretaria en el periodo en el que el abogado fuera procurador general de la República.

Así, a pesar de que Colombia había planteado ante la Corte Internacional de Justicia que ese tribunal de la ONU no es competente para resolver la disputa limítrofe que le enfrenta con Nicaragua, la estrategia salió equivocada, pues en su fallo precisamente la corte declara su competencia para estudiar el caso, lo que le costaría a Colombia no solo las pretensiones iniciales de Nicaragua, sino 3 demandas más suscritas por este país con sus respectivas demarcaciones geográficas que en el peor de los casos abarcaría incluso las islas de San Andrés y Providencia. 

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