Existen miembros de Corte Constitucional de Colombia con afinidad ideológica con las FARC?

En la actualidad, adicionalmente, la Corte Constitucional aprobó la solicitud teniendo en cuenta que no solo la legislación nacional, sino distintas jurisdicciones extranjeras consideran a los consultados por la corte como una de las más peligrosas facciones terroristas del narcotráfico en Latinoamérica y en el mundo.

En los últimos días, la iniciativa de pedir consultas sobre legislación a la organización terrorista FARC, habría llamado la atención por el interés de la Corte Constitucional de Colombia, de someter su decisión al criterio político del secretariado de este grupo terrorista en Cuba. La iniciativa, contemplaría hacer uso del concepto de la organización terrorista, para tomar decisiones al interior del alto tribunal, lo que, por su naturaleza, no solo pone a la organización terrorista en igualdad de condiciones con el estado colombiano, sino en calidad de consultor del principal órgano de la rama judicial en Colombia.

Aun cuando no se tienen los detalles de las discusiones internas de los miembros de la Corte Constitucional, lo que se tiene claro a nivel nacional, ha sido la insistencia del magistrado Jorge Palacio, que habría dado lugar a la solicitud de consulta a los miembros del secretariado de la organización terrorista para las decisiones jurídicas de la nación. Con ello, se estaría contemplando la posibilidad de existir afinidad ideológica entre miembros al interior de la Corte Constitucional de Colombia y la organización considerada a nivel nacional en internacional como terrorista, y junto con el paramilitarismo, el grupo armado con la mayor capacidad de desestabilización del estado colombiano. Según fue previamente definido por la revista Semana, contratista del gobierno nacional, la exigencia se hizo a través de “un llamado del magistrado Jorge Iván Palacio a que el equipo negociador de la insurgencia en La Habana (Cuba) rinda un concepto escrito frente a la demanda por medio de la cual el exfiscal Eduardo Montealegre pretende que los acuerdos integren la Constitución automáticamente”.

Adicionalmente, la revista contratista del gobierno establece que: “si las FARC deciden aceptar esa invitación, deberán expresarle a la Corte si creen que las negociaciones que han adelantado con el Gobierno tienen el estatus de un tratado para el fin del conflicto”.

A pesar de la insistencia de Palacio, los conceptos frente a la imposibilidad de la legalidad de la organización terrorista, ya habían sido dados por antiguos miembros de la corte. Al respecto, [pullquote] el saliente magistrado Nilson Pinilla, explico en su momento que ante la insistencia de algunos miembros de la Corte Constitucional: “El Tribunal para la Paz es inviable a la luz del Derecho Internacional  [/pullquote] –Comisión Americana de Derechos Humanos- porque no se pueden crear tribunales especiales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violan acuerdos internacionales y principios fundamentales del derecho”

En la actualidad, adicionalmente, la Corte Constitucional aprobó la solicitud teniendo en cuenta que no solo la legislación nacional, sino distintas jurisdicciones extranjeras consideran a los consultados por la corte como una de las más peligrosas facciones terroristas del narcotráfico en Latinoamérica y en el mundo. Esto ha sido de esta manera avalado por numerosos gobiernos, en consonancia con las sistemáticas violaciones de la organización a los convenios de Ginebra en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Adicionalmente, es necesario mencionar que la organización narcotraficante a la cual la Corte busca incorporar en sus labores como agente de consulta, es desde el año de 1997 incluida en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. [pullquote] Adicionalmente, el ultimo listado oficial, del Consejo de la Unión Europea del año 2009, ubica a la organización terrorista FARC, las AUC y el ELN, como las organizaciones terroristas identificadas en Colombia, junto con núcleos criminales como facciones del Estado Islámico, el grupo narcotraficante Sendero Luminoso, Al-Qaeda, las facciones comunistas de Filipinas y el Estado Islámico de Irak. [/pullquote]

En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, no solamente ignoraría los acuerdos internacionales en materia de seguridad global previamente acordados por Colombia desde el año 2011, sino que adicionalmente demostraría su unidad de criterio con la organización narcotraficante, bajo pretextos que pudieron haber estado motivados por el saliente fiscal Eduardo Montealegre, de quien se sospecha pudo haber hecho uso del ente judicial para perseguir a la oposición en Colombia.

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