Corte Penal Internacional podría reclamar jurisdicción sobre masiva impunidad de negociación de “Paz” en Cuba – Análisis de El Nodo

El caso más similar al respecto se dió en el 2002 contra Thomas Lubanga, de quien la Corte Penal Internacional inició su primera investigación penal por crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo.

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En los elementos de evolución del proceso de negociación del gobierno nacional con la organización terrorista FARC en Cuba, existe uno que podría cambiar trascendentalmente la historia del proceso y del país, relacionado con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y su incomodidad con la masiva impunidad el proceso de negociación en Cuba. En concreto, según la justicia colombiana y la Interpol, miembros de la organización terrorista FARC, entre los que se destacan su secretariado, han cometido reiteradamente crímenes de lesa humanidad que no solamente tienen veeduría nacional sino que también son contemplado en el derecho internacional, otorgando facultades de control a organismos de las Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional.

En las últimas décadas, la Corte Penal Internacional se ha vuelto ausente a discusiones políticas de fondo en Latinoamérica debido a asuntos de mayor urgencia en el África y el Medio Oriente. Sin embargo, el incremento de las voces internacionales contra los términos negociados en la Habana, puede cambiar el panorama político de Colombia en el Mundo. En los últimos días, el director de la Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, quien en su momento fue un crítico consistente de la administración de Álvaro Uribe, se refirió al proceso de Paz de Juan Manuel Santos como una “piñata de impunidad donde los delincuentes pueden definir que penas deben pagar”. Adicionalmente, el informe de la organización, confirma que los términos del proceso pueden ser los de mayor impunidad en el planeta en los últimos 20 años, lo que con seguridad colocaría a Colombia en el lente de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

Ante la situación, es necesario agregar, que es tal el alcance de las investigaciones y condenas contra miembros del secretariado de la organización terrorista FARC, que buscar crear falsas expectativas sobre beneficios de impunidad es una tarea sospechosa e irresponsable. Como se ha expresado anteriormente en detalle, solo los miembros de la organización con mayor exposiciones en medios y ante las autoridades tienen mas de 1500 sentencias condenatorias, lo que claramente los expone a la justicia doméstica e internacional.

Finalmente, “el derecho internacional ordinario contempla la persecución a personas que en cabeza de organizaciones criminales hayan violado gravemente el derecho internacional humanitario, ya sea actuando fuera de la ley durante el periodo en el que se cometieron los delitos, o dentro de las instituciones formales. Por este motivo, es muy probable que las obligaciones judiciales del secretariado del las FARC, no solamente sean con el gobierno colombiano, sino así mismo con organismos internacionales tales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

 

LAS SIMILITUDES EN EL CASO LUBANGA EN CONGO Y LAS FARC EN COLOMBIA

El caso más similar al respecto se dió en el 2002 contra Thomas Lubanga, de quien  la Corte Penal Internacional inició su primera investigación penal por crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo. Solo en este caso, la Corte lo imputó por reclutar niños soldados para su ejército. Thomas Lubanga fue detenido el 19 de marzo de 2005, encarcelado en la prisión de Makala, en Kinshasa y trasladado a la Corte Penal Internacional de La Haya. El 14 de marzo de 2012 fue declarado culpable del crimen que se le había imputado siendo ésta la primera sentencia en los diez años de historia del tribunal.  El fiscal pidió 30 años de prisión, o 20 en caso que Lubanga aceptara ofrecer una disculpa genuina y se comprometiera a trabajar para prevenir futuros crímenes y promover la paz.

En el caso de las FARC, solo el principal vocero en Cuba, Iván Márquez, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento forzado de menores de edad, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico, Ante este panorama, la sola intención del gobierno de Colombia de obviar obligaciones jurídicas y políticas con organizaciones como la ONU no tiene explicación. 



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