Informe final de la Contraloría Distrital comprobaría que destitución de alcalde Petro por el Procurador había estado justificada por motivos de fondo

A menos de dos meses de la finalización de la administración del alcalde, de los mil (1.000) jardines infantiles estimados, Petro estaría haciendo entrega de nueve (9), con el agravante de haber gastado el presupuesto en más de un 90% en contratos directos para el rubro.

En las últimas horas, el estudio de un informe detallado de la Contraloría Distrital, en cabeza de Diego Ardila Medina, revelaría que los motivos por los cuales la Procuraduría procedio a la destitución del alcalde, no fueron político, sino claramente de fondo disciplinario, jurídico y administrativo. Esto comprobaría, que la decisión del Procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde, no solamente estuvo bien justificada, sino que se evidenciaba como necesaria para recuperar los graves daños que la administración y los organismos del distrito habían ignorado o cometido contra  la ciudad capital.

En concreto, el informe del contralor distrital hace un análisis de 5 sectores de gobierno, más un informe detallado de los numerosos incumplimientos en obras en los que el alcalde Petro habría incurrido a con conocimiento que las dos instituciones, la Procuraduría y la Contraloría Distrital estaban estudiando en detalle sus faltas. Junto con las faltas por incumplimiento de desarrollo urbano, los otros cinco sectores serían:

  1. Movilidad.
  2. Educación.
  3. Salud,
  4. Desarrollo habitacional y de servicios públicos.
  5. Seguridad.

En materia de movilidad, la crítica más grave denunciada por el contralor, tendría que ver con el total incumplimiento de la reconstrucción de troncales de la caracas y la autopista norte, así como con la reducción de 54 kilómetros a 14 kilómetros de vías de Transmilenio, aun sin finalizar. En este último rubro, el contralor denuncia que adicionalmente desde la posesión de Gustavo Petro, la administración estuvo en la obligación de iniciar el proceso de  desarrollo de Transmilenio por la carrera séptima, y que a la fecha, no solo no se llevaron a cabo obras durante los 4 años del periodo, sino que solamente existen demarcaciones sin fechas definidas para el proyecto. Finalmente, en concreto, con relación al proceso de capacitación y desarrollo del sistema integrado de transporte, la contraloría agrega que:

"Se establece un Hallazgo Administrativo, al evidenciar deficiencias tanto en la planeación de actividades, como en la ejecución de recursos, debido a que las actividades reportadas para el cumplimiento de esta meta (224%), no es coherente con la suscripción de contratos citados para los cuales la entidad comprometió recursos en cuantía de $4.398,67 millones, casi la mitad de recursos asignados al proyecto referenciado..."

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En materia de educación, la falta más grave de la administración estuvo determinada por el gasto de aproximadamente 90.000 millones de pesos en contratos de prestación de servicios para jardines infantiles, cuando la orden de pago estaba sometida a la construcción de jardines, lo que le permitiera al distrito salvar en activos parte de la inversión.  En este sentido, a menos de dos meses de la finalización de la administración del alcalde, de los mil (1.000) jardines infantiles estimados, Petro estaría haciendo entrega de nueve (9), con el agravante de haber gastado el presupuesto en más de un 90% en contratos directos para el rubro.  Adicionalmente, la obligación de la administración de haber construido las dos (2) nuevas sedes de la Universidad Distrital, fue totalmente omitida.

En materia de Salud, de las 127 obras estimadas para la administración se habrían ejecutado al cierre de su periodo un total de 16. Y la construcción de un solo centro de atención en Usaquén. En el sector Habitat, el alcalde solo habría construido 2,934 viviendas de interés social, de las 70.000 estimadas de acuerdo al plan original. Finalmente, entre los rubros de seguridad, se destacan irregularidades en la inversión de 81.000 millones de pesos para la línea de emergencias de Bogotá, así como la total inutilidad y retiro del servicio del 90% de las motocicletas eléctricas para la policía, con un detrimento patrimonial de más de 2,300 millones de pesos.

El informe de la contraloría, se sumaría a las denuncias hechas en su momento por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejando Ordoñez. Con ello se comprobaría que la destitución formal del alcalde, no solo era legal, sino necesaria conforme a las limitaciones de información que tenía el organismo de control, y que se amplían abundantemente con el estudio de la contraloría. 

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Informe Completo. Sector: Movilidad.



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