Las más importantes diferencias entre los procesos de negociación con el paramilitarismo y la guerrilla. Análisis de El Nodo

En el proceso de desmovilización del narcoparamilitarismo, el gobierno nacional tomó la decisión no solamente de continuar con las operaciones de fumigación de zonas cultivo de cocaína sino de incrementar la aspersión con glifosato de las zonas una vez información sobre la ubicación de los cultivos era entregada por comandantes paramilitares. En el proceso de desmovilización de la narcoguerrilla, el gobierno nacional no solamente no ha acogido con claridad información suministradas por los comandantes de la narcoguerrilla sino que ha decidido detener por completo las fumigaciones, lo que al cierre del 2014 generó un incremento acelerado de la producción de cocaína en Colombia.

El siguiente es un informe resumido de las más importantes diferencias entre los procesos de desmovilización de las organizaciones narcotraficantes paramilitares y guerrilleras en Colombia. El objetivo del presente análisis es continuar con la clarificación del panorama político nacional actual, así como identificar los principales riesgos a la democracia colombiana y continental.

1. Control sobre la siembra, cultivo y  producción de cocaína.

En el proceso de desmovilización del narcoparamilitarismo, el gobierno nacional tomó la decisión no solamente de continuar con las operaciones de fumigación de zonas cultivo de cocaína sino de incrementar la aspersión con glifosato de las zonas una vez información sobre la ubicación de los cultivos era entregada por comandantes paramilitares.

En el proceso de desmovilización de la narcoguerrilla, el gobierno nacional no solamente no ha acogido con claridad información suministradas por los comandantes de la narcoguerrilla sino que ha decidido detener por completo las fumigaciones, lo que al cierre del 2014 generó un incremento acelerado de la producción de cocaína en Colombia.

2. Tolerancia con la continuación de operaciones delincuenciales.

En el proceso de negociación con el narcoparamilitarismo, el gobierno nacional continuó con los bombardeos y organizó las fuerzas de despliegue rápido del ejército nacional para descender el margen de impacto de los ataques de narcoparamilitares. El mayor descenso en los indicadores de violencia en la historia de Colombia se dio en el periodo 2003-2007.

En el proceso de negociación con la narcoguerrilla el gobierno nacional ha dado no solo la orden de detener los bombardeos contra objetivos narcoguerrilleros sino que a pesar de tener información de primera mano sobre ubicación potencial de miembros de la organización terrorista, estaría contemplando cese de fuego bilateral, de acuerdo a exigencias de los comandantes de esta organización.

3. Penas privativas de la Libertad.

El proceso de negociación con el narcoparamilitarismo definió con claridad penas privativas de la libertad para comandantes y miembros de la organización terrorista, algunos de ellos continúan aún en prisiones nacionales y Estadounidenses.  

En el proceso de negociación con la narcoguerrilla el actual fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, con el aval de Presidencia de la Republica aseguró textualmente que "Si hay reconocimiento de responsabilidad no hay lugar a cárcel, ni a prisión por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra que se hayan cometido en medio del conflicto, la sanciones serán sanciones restrictivas de la libertad en algún lugar del territorio pero que no tengan el equivalente a cárcel o a pena prisión efectiva de la libertad"

4. Extradición.

El proceso de negociación con el narcoparamilitarismo definió con claridad de extradición, en cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales del país, así como al claro nexo entre paramilitarismo y narcotráfico.

En el proceso de negociación con la narcoguerrilla el propio presidente de la república Juan Manuel Santos a la cadena BBC de Londres  informó que pensar que un terrorista deba ser extraditado por delitos conexos al narcotráfico, es “absurdo”. Algunos de los beneficiados en el caso de los miembros de las mesas de conversación en el régimen de Cuba serían los jefes narcoguerrilleros Luciano Marín, alias Iván Márquez; Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad; Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda o ‘canciller de las Farc’; Jesús Carvajalino, alias Andrés París; y Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá, quienes suman en total más de 340 medidas de aseguramiento, órdenes de captura y condenas en firme en tribunales nacionales  e internacionales.

5. Zonas de control territorial

El proceso de negociación con el narcoparamilitarismo no ofreció bajo ningún término ni legal ni hipotético control territorial para el proceso de transición.

En el proceso de negociación con la narcoguerrilla sin que mediara intervención de la opinión pública nacional y a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos se ubican en contra de otorgar territorios especiales para la organización terrorista FARC, el Presidente de la República se ha adelantado a sugerir hasta 10 zonas de despeje entre las cuales la organización terrorista según el presidente “podrán cumplir con su restricción efectiva de la libertad”.

6. Medios de comunicación y periodistas

El proceso de negociación con el narcoparamilitarismo estuvo caracterizado por un continuado criticismo de medios de comunicación nacionales tales como el periódico El Espectador, la Revista Semana y el periódico el Tiempo. Adicionalmente numerosos periodistas y políticos en medio del criticismo se convirtieron en figuras públicas como la periodista Claudia Lopez (hoy en el congreso de la República), Natalia Springer (hoy investigada por la procuraduría), Daniel Coronel (hoy vicepresidente y director de noticias de Univisión) o Hollman Morris (quién desde 2012 fue nombrado como gerente de Canal Capital), Iván Cepeda (hoy investigado por presunta manipulación de testigos) o Piedad Cordoba (de quien se sospechan nexos con la guerrilla).

En el proceso de negociación con la narcoguerrilla ha habido una continuada complicidad de medios de comunicación nacional y periodistas de opinión. Adicionalmente se han revelado contratos entre el gobierno nacional y casas de opinión. 

 



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