“Justicia especial para la Paz” eliminaría términos de Justicia Penal Militar obligando a Fuerzas Militares a incorporarse como parte responsable en negociación en Cuba

De esta forma, el nuevo proceso de justicia para las Fuerzas Militares llevaría a un escenario de igualación con los grupos al margen de la ley, contemplando otorgar penas no mayores o similares a las otorgadas para miembros de estos grupos, y creando procesos simultáneos al equilibrar miembros de la fuerza pública en deber con acciones terroristas cometidas por las FARC. Todo ello se daría a partir de un “tribunal especial para la paz”, saltándose obligaciones previamente adquiridas por el estado colombiano en materia de Derecho Internacional Humanitario.

Dentro del marco del mecanismo de justicia transicional, el cual busca beneficiar jurídica y penalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos especialmente por grupos armados al margen de la ley como las FARC y requisito presentado por estos mismos para una posterior firma de la paz, el presidente Santos, en ceremonia de ascensos a altos oficiales, dio a conocer en los últimos días un nuevo proceso que busca establecer una justicia especial para judicializar acciones cometidas por las Fuerzas Militares.

Este hecho se presenta unas semanas después de las declaraciones del Fiscal General en el que da a conocer la obligatoriedad de inclusión e incorporación de miembros de las Fuerzas Militares a procesos de justicia que involucra a actores al margen de la ley como requisito para acceder a los beneficios que otorga la justicia transicional como rebajas de penas o garantías jurídicas.

Sin embargo, el nuevo mecanismo, diseñado para obligar a las Fuerzas Militares a acceder a los beneficios otorgados a grupos terroristas, presenta cuestionables y graves acciones; entre ellas el de obviar el mecanismo de Justicia Penal Militar, previsto como tal bajo unos reglamentos penales en la constitución política y que busca condenar bajo el Código Penal Militar hechos presentando bajo el ejercicio de Ley por sus propios miembros, contraviniendo principios de la constitución.

La estrategia del gobierno, sería buscar a toda costa llevar a un término para la posterior firma del mismo las demandas de la organización terrorista; lo que implica pasar incluso por encima de principios constitucionales y del propio reglamento de justicia de las Fuerzas Militares sin que estos últimos hayan tenido conocimiento alguno de lo pactado ni injerencia en las reformas que llegasen a presentar con el nuevo mecanismo.

De esta forma, el nuevo proceso de justicia para las Fuerzas Militares llevaría a un escenario de igualación con los grupos al margen de la ley, contemplando otorgar penas no mayores o similares a las otorgadas para miembros de estos grupos, y creando procesos simultáneos al equilibrar miembros de la fuerza pública en deber con acciones terroristas cometidas por las FARC. Todo ello se daría a partir de un “tribunal especial para la paz”, saltándose obligaciones previamente adquiridas por el estado colombiano en materia de Derecho Internacional Humanitario.

En algunos de estos casos, la propuesta del presidente buscaría que los procesos llevados a cabo y juzgados a priori por un juzgado penal militar podrían pasar a ser revisados por la justicia ordinaria. De igual forma al ser juzgados bajo este dominio, el ámbito de aplicación del nuevo Código Penal Militar, en el que los actos cometidos en relación con el servicio prestado eran juzgados por cortes marciales o tribunales militares quedaría en el aire, contradiciendo de igual forma las normas rectoras expedidas por el Congreso dentro de la Ley Penal Militar. Este punto es de grave cuestionamiento puesto que las reformas que puedan aplicarse allí serían tramitadas por parte del ejecutivo por encima de organismos rectores y de los diversos tratados nacionales e internacionales.

Finalmente, lo más preocupante del caso no es el hecho de que los propios militares no hayan participado en la elaboración del mismo, sino que en medio de las conversaciones, hayan sido precisamente los miembros del secretariado de la organización terrorista los que hayan exigido el “trato igualitario” a pesar de que el ejercicio de las Fuerzas Militares se da en un entorno legal y era desde el principio del mandato obligación constitucional del presidente -de acuerdo al artículo 189 de la carta- “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República”.



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