FARC exigen de Santos reducción y modificación de funciones del ejército para firma de la Paz. Presidencia podría contemplar nueva concesión

La exigencia de la organización narcotraficante demuestra la inhabilidad del gobierno nacional para poder ejercer presión a una cúpula de sindicados por las autoridades colombianas que no solo se han beneficiado de un descanso en la isla, sino a los que también se les ha prometido curules, plebiscitos con apenas fracciones del censo electoral Colombia y la creación de cónclaves inconstitucionales para que agilicen sus diálogos a través de su propio hermano, Enrique Santos

En medio de las condiciones que la organización terrorista FARC le está imponiendo al presidente Juan Manuel Santos, esta semana se conocieron audios de las últimas exigencias para la firma de la Paz en medio de las conversaciones de la Habana. El audio, revela una intervención del narcotraficante Jorge Torres Victoria alias “Pablo Catatumbo”, en la que afirma la necesidad de que se inicie de inmediato la “adecuación de la institucionalidad del Estado a la doctrina y la política de seguridad humana integral”, contemplando no solo la reducción del ejército sino el cambio en sus funciones.

Por otra parte, la exigencia de la organización narcotraficante demuestra la inhabilidad del gobierno nacional para poder ejercer presión a una cúpula de sindicados por las autoridades colombianas que no solo se han beneficiado de un descanso en la isla, sino a los que también se les ha prometido curules, plebiscitos con apenas fracciones del censo electoral Colombia y la creación de cónclaves inconstitucionales para que agilicen sus diálogos a través de su propio hermano, Enrique Santos.

En la actualidad, la pregunta que surge con respecto a la permanente demanda de la organización terrorista es si el plebiscito que el gobierno espera presentar a la ciudadanía en los meses por venir, contendría implícita la modificación de las fuerzas militares para beneficiar las estructuras terroristas de las FARC, o si el gobierno como en las otras demandas de la organización narcotraficante avalará la exigencia de las FARC incluso antes de la firma de los acuerdos.

Visita de Enrique Santos y silencio del gobierno podría significar identificación con la exigencia de las FARC

Hasta la fecha, preocupa en el panorama que ni el presidente de la República, ni sus ministros, ni miembros representantes del gobierno nacional se han pronunciado frente al tema, lo que garantizaría que efectivamente puedan estar pensando en modificar las funciones y estructura de las fuerzas armadas. La exigencia de la organización terrorista FARC, planteada finalizando la semana pasada, luego de que Enrique Santos - hermano del presidente Juan Manuel Santos- viajara a Cuba por segunda vez a entrevistarse con la organización del narcotráfico, confirma la inmovilidad de la agenda de la organización terrorista luego de tres años de que se hayan iniciado las conversaciones en el régimen de los hermanos Castro.  La situación es extremadamente preocupante dada la incapacidad del gobierno nacional de haber aprovechado el mejor momento de control territorial en el país para acabar con el fenómeno de la guerrilla sin necesidad de hacer concesiones.

Adicionalmente, fue precisamente durante la administración del presidente Santos como Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, que se demostró la capacidad estratégica de las fuerzas de despliegue rápido del país, que sin embargo ahora no solo no están operando en la totalidad del territorio por orden presidencial y como parte de las concesiones del gobierno a las FARC, sino que podrían ser modificadas o eliminadas a petición de la organización terrorista.

En concreto, la exigencia del narcotraficante alias “Pablo Catatumbo”, es que se lleve a cabo una “reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, (que.. ) incluye aspectos relacionados con su tamaño y estructura y con la propia asignación del gasto público” . Lo que intimida de la solicitud, es que probablemente presidencia está considerando la solicitud como justificada, con ello la demanda del terrorista, puede hacerse realidad en las semanas por venir.

La situación es extremadamente preocupante si se tiene en cuenta que ante los procesos de incursión a la vida civil de personas que han hecho parte de bandas criminales, las fuerzas armadas y policiales deben ser fortalecidas y no debilitadas, como garantía del orden institucional de un proceso seguro de desmovilización.   Adicionalmente, el acelerado incremento de cultivo de cocaína en el último año demuestra que no son las FARC los únicos actores desestabilizando la institucionalidad colombiana, sino también numerosas organizaciones paralelas criminales que pueden poner en peligro el orden público del país en los años por venir. 



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