Lo que hizo posible la libertad fue la gradual evolución de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad.
Friedrich Hayek

En claro ejemplo de inoperancia en contra de la Industria Nacional, Superintendencia da un paso atrás en multa a azucareros. Análisis de El Nodo

A pesar de la reducción de la sanción, y la rectificación de la multa, la Superintendencia habría ocasionado vulnerabilidad y exposición a atentar contra el patrimonio de sectores estratégicos de la economía

El último comunicado emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio modificando ligeramente la multa impuesta al gremio azucarero a pesar de los claros argumentos expuestos por diferentes organismos de control -como la Procuraduría- en el sentido de que el ente sancionador incurrió en desconocimientos de presunción legal contra la ley de libre competencia, es un evidente ejemplo de la contravía que existe a la promoción y desarrollo de la protección a la industria nacional, considerada en varios países pilar de su economía. Por este motivo, a pesar de la reducción de la sanción, y la rectificación de la multa, la Superintendencia habría ocasionado  vulnerabilidad y exposición a atentar contra el patrimonio de sectores estratégicos de la economía, llevando incluso a detrimentos y pérdidas de capacidad laboral del sector azucarero.

De allí que la multa anunciada por la SIC, en primera instancia determinada por un caso de presunta participación de cartelización empresarial de 14 empresas, las cuales a juicio del ente habían concertado conductas para obstruir y restringir las importaciones de azúcar a Colombia, no han sido justificadas y por el contrario afectarían la industria agrícola nacional por la continua desprotección industrial que ha venido presentándose durante el actual gobierno, lo cual afecta social y laboralmente regiones netamente productoras de este bien, como el Valle del Cauca.

Más allá de haber reducido la multa en un total de $60 mil millones, pasando de $324 mil millones a $260 mil millones de pesos, la cifra sigue siendo exuberante puesto que la suma equivaldría a más de 2 veces las utilidades percibidas por la industria durante los 3 últimos años. Medida que pone en peligro la capacidad operacional de las empresas.

Por otro lado, lo más preocupante de la medida es la falta de capacidad institucional del estado con miras a crear políticas reales de competitividad que permita a las empresas y sectores industriales de crecimiento regional fomentar su desarrollo empresarial para competir con competidores extranjeros; y de este modo proteger el sector doméstico. Por el contrario se castiga multando a gremios y sectores que buscan proteger su patrimonio en beneficio del consumidor.

En entrevista concedida para El Nodo, representantes de Asocaña manifestaban su preocupación por la posición del Gobierno frente a este tema y la clara inoperancia del Estado frente a instrumentos públicos de política comercial. Lo anterior al tener actualmente una ausencia general de una política integral de protección a la industria y manejo de operaciones de comercio internacional, más allá de los tratados comerciales existentes entre Colombia y diferentes países de la región.

De allí el desconocimiento del Presidente Santos y su interferencia con tintes políticos para mantener al margen sectores que si bien, generan gran capacidad laboral y operacional a una región, pueden no seguir las actuales medidas gubernamentales.

Las superintendencias, cuyo carácter legal establecido constitucionalmente tiende a ser preventivo, están siendo consideradas netamente de carácter sancionatorio; este carácter nace de la inoperancia actual del ejecutivo de garantizar la protección a grupos y sectores económicos nacionales, lo que contrasta con los beneficios que otorga a grupos al margen de ley dentro de los programas establecidos de acuerdos para la “paz”, sancionando a los gremios que puedan ir en contra de este principio. Por ello se ve con preocupación que no exista una política adecuada que permita desarrollar competitivamente su industria más allá de sancionar y restringir su participación basados únicamente en argumentos que pueden ser netamente políticos.