Las graves fallas políticas y jurídicas del “Acto Legislativo para la Paz”

Las imprecisiones del mismo, parten desde la enunciación –de nuevo- de que los acuerdos deberán ser refrendados una vez hayan sido firmados, lo que repetidamente generaría dudas sobre la decisión o no del Presidente de buscar refrendar un documento que hasta el momento la ciudadanía y el congreso desconoce, y que el en ocasiones afirma y en otras desmiente

En los últimos días las contradictorias declaraciones de presidencia en el sentido de definir el marco normativo y legal para final el proceso de conversaciones con la organización terrorista FARC en la Habana, ha dado lugar a nuevas improvisaciones, cuya última figura está conformada por el denominado “Acto Legislativo para la Paz”. 

Entre los elementos del alcance del Acto existen puntos que a juicio no solamente de la oposición del país sino de diversas figuras jurídicas demuestran graves imprecisiones respecto al nivel de poderes presidenciales que el acto busca concentrar en la figura del ejecutivo, eliminando de un brochazo los poderes del Congreso de la Republica con el único fin de poder firmar el acuerdo de la Habana. 

Las imprecisiones del mismo, parten desde la enunciación –de nuevo- de que los acuerdos deberán ser refrendados una vez hayan sido firmados, lo que repetidamente  generaría dudas sobre la decisión o no del Presidente de buscar refrendar un documento que hasta el momento la ciudadanía y el congreso desconoce, y que el en ocasiones afirma y en otras desmiente.

Más allá de las confusiones y contradicciones del caso, lo que llama con preocupación la atención sobre el mencionado Acto, es el alcance constitucional del mismo, lo que no solamente va en contra de la Carta Magna, sino que se convierte en una postura de debilidad del ejecutivo frente a unas organizaciones terroristas agrandadas políticamente luego de meses de conversaciones  en la ciudad de la Habana en Cuba. En concreto, la siguiente lista presenta a juicio de El Nodo, algunos de los elementos que extrañan y preocupan sobre el alcance y la supuesta necesidad de llevar a cabo el extravagante Acto Legislativo, defendido por el gobierno como prioridad días después de unas elecciones marcadas por la violencia.

•    El acuerdo implica modificaciones que tienen alcance constitucional al concentrar poder en el ejecutivo - lo que incluso ha sido rechazado por el grupo terrorista FARC-.
•    La asignación de facultades “especiales” al Presidente de la República va precisamente en contra de la prioridad de equilibrio de poderes de la constitución de 1991.
•    El formato de reforma constitucional del acuerdo -independientemente de su contenido o procedimiento- es una victoria política más para la organización terrorista FARC.
•    La improvisación del “Acto Legislativo” se comprueba cuando precisamente va en contra de la reforma del equilibrio de poderes conciliada el 16 de Julio de 2015.
•    La inusitada propuesta de la creación de la “Comisión Legislativa de los 12” es inconstitucional y antidemocrática. 
•    La selección de la comisión legislativa está claramente politizada al abarcar las comisiones primera de Senado y Cámara, lo que configuraría la existencia de congresistas de primera y segunda clase.
•    A diferencia de las declaraciones de Presidencia de la República, el “Acto legislativo” que crea la comisión, de nuevo crea lo que el presidente llamaba un “Congresito”.
•    La reforma desde su concepción tiene vicios de constitucionalidad una vez aprobada en el Congreso. La Corte Constitucional lo debe rechazar por ello.
•    La sola extravagante creación de una “Comisión Legislativa” puede tener menos poder vinculante que un mensaje de urgencia en un congreso en el que el presidente tiene una mayoría de coalisión (Art.163. Constitución).



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