FARC solicitan creación de un nuevo delito que las diferencie del narcotráfico y paramilitarismo

El objetivo militar de las FARC de saltarse la legislación a través de un nueva tipificación del código penal, abriría la puerta y dejaría el camino libre para asegurarse escaños políticos sin ser perseguidos judicialmente.

En las últimas semanas, y en el marco de conversaciones del último punto de la agenda del proceso de paz en la Habana, Las FARC han solicitado una vez más un nuevo requisito para su posterior firma; esta vez buscarían que la atención se centre en castigar los hechos promovidos por grupos narcotráficantes y "paramilitares" a través de la creación de un nuevo delito, desvirtuando los hechos promovidos por el grupo terrorista FARC de los de otras organizaciones criminales. De acuerdo al comunicado emitido por la organización terrorista, la tipificación estaría enmarcado en lo que ellos denominan “Doctrina de seguridad nacional y paramilitarismo estatal”, que buscarían la creación de nuevo tipo penal denominado “flagelo”. En su descripción legal, adicionalmente se incluirían miembros del estado o de la ciudadanía en calidad de  “instigador, cómplice o aliado de organizaciones criminales” paramilitares.

Adicionalmente, la solicitud estaría siendo también promovida por el ejecutivo y el Fiscal General de acuerdo con la denominada justicia transicional. Los últimos hechos dan razón al caso al otorgarle jurisdicciones especiales y la contemplación de otorgar casi 125 municipios para su propio beneficio una vez puedan llevar a cabo actividades políticas. De este modo, con la búsqueda de nuevas figuras para juzgar hechos y condiciones que están a la par, la guerrilla buscaría "sancionar" al "narcotráfico" y el “paramilitarismo” como causante de su existencia, creando precedentes en el marco legal colombiano. Lo anterior buscaría modificar artículos del código penal y sustituir la tipificación actual de delitos como secuestro y el narcotráfico, acorde con los delitos cometidos por las FARC. A la postre este mecanismo llevaría a crear una nueva carta magna, lo que haría parte de sus objetivos al convocar una nueva asamblea constituyente.

Por ello, la tipificación del delito que buscaría las FARC para juzgar este tipo de acciones se armonizaría con otros intereses futuros, asegurando según ellas que el principal obstáculo para una eventual firma del proceso de paz es el fenómeno del paramilitarismo. Adicionalmente, a la organización terrorista le urge que el gobierno apruebe este tipo de medidas para permitir que sus acciones, como secuestros, violaciones, narcotráfico y demás sean desviadas del proceso contencioso y penal para juzgarlas y centrarse únicamente en las acciones procedentes de otros grupos.

Este último proceder se complementa con la solicitud de la organización terroristas de que la reparación de víctimas de las FARC se haga con bienes del estado o de "grupos paramilitares"; a pesar que son consideradas el tercer grupo más poderoso económicamente del planeta, y que sus ingresos aumentan progresivamente con la producción de cultivos de Coca en el 2014, como la ha analizado El Nodo.

Finalmente, el objetivo militar de las FARC de saltarse la legislación a través de un nueva tipificación del código penal, abriría la puerta y dejaría el camino libre para asegurarse escaños políticos sin ser perseguidos judicialmente. La iniciativa del Estado de otorgarles cerca de 12 curules directas lo confirmaría. 

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