El abogado de las FARC plantea nuevo artificio legal que complementaría a justicia transicional de Montealegre

El artificio jurídico del abogado de las FARC, se buscaría incorporar en lo que él denomina un “derecho penal diseñado a la carta para sancionar a un determinado colectivo”.

En una larga intervención dirigida en video a la Universidad Industrial de Santander, el abogado comunista español Enrique Santiago, quien representa los intereses de la organización terrorista FARC en la Habana Cuba, insiste en que ante la inseguridad jurídica del acuerdo, la amnistía deberá alcanzar a todos los miembros de la organización terrorista una vez el gobierno asegura sus actividades en el marco de los “delitos políticos”.

Bajo esta afirmación, se confirma las recientes declaraciones de miembros del secretariado de la organización que en distintos medios de comunicación afirman que de no haber inmunidad automática una vez se firmen los acuerdos de la Habana, no habría finalización del proceso de paz, y por ende, volverían a sus actividades delictivas.

EL ARTIFICIO DEL “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”

El planteamiento del abogado español, considera adicionalmente que el concepto de “justicia transicional” definido tanto por el gobierno de Juan Manuel Santos, como por la Fiscalía General de la Nación en cabeza del entonces Eduardo Montealegre, no tiene aplicabilidad en el contexto del proceso de conversaciones de la Habana, sino que, [pullquote]En su reemplazo, debe existir lo que él denomina una “Justicia para la Paz”, que cubra los delitos de los miembros del secretariado de la forma “más amplia posible”, enmarcado en la tesis del “Derecho Penal del Enemigo”.[/pullquote]

En sus palabras, “Me gustaría incidir, y es un elemento conceptual importante, que este proceso de paz al menos desde mi punto de vista no es un proceso que pueda denominarse de justicia transicional, sino más bien es un proceso en el que se ha abordado un proceso de justicia para la “paz”, en consonancia con lo establecido con el artículo 22 de la Constitución Política Colombiana, que establece que la “Paz” no solamente es un derecho, sino que también es una obligación”.

El artificio jurídico del abogado de las FARC, se buscaría incorporar en lo que él denomina un “derecho penal diseñado a la carta para sancionar a un determinado colectivo”.

[pullquote]Según el abogado, en tanto el “grupo insurgente”acepta sus responsabilidad, el acuerdo debe “eludir” componentes del derecho interno[/pullquote], para no usar la multitud de normas existentes en Colombia. Este derecho será contextualizado como “derecho penal del enemigo”, con la “intencionalidad de que se aplicaran de forma diferenciada… en este caso a la insurgencia a los rebeldes, a la oposición política o a aquellos sectores que vienen desarrollando pues protesta social de forma habitual”.

Así, la afirmación del abogado español, adicionalmente, se complementa a registros de los últimos años, en el sentido de afirmar que, sin esta condición, el proceso se acaba, debido a que, según los miembros del secretariado con extensas ordenes de captura por cometer delitos de lesa humanidad, no repararan sus daños causados en las cárceles del país.

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