Las 8 mentiras de Rodrigo Pardo (SEMANA) sobre el “ACUERDO ESPECIAL“ SANTOS-FARC

La tesis oficial surgió por iniciativa del saliente fiscal Eduardo Montealegre, en su último documento radicado ante la Corte, luego de una demanda en medios del terrorista Iván Márquez, quien a la fecha, como principal negociador de las FARC ante el gobierno de Colombia, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico.

En un video de Rodrigo Pardo, director editorial de la revista contratista del estado SEMANA, y su asistente Marta Ruiz, los dos empresarios presentaron un análisis sobre los acuerdos especiales denominado “Esto fue lo que acordaron el Gobierno y las FARC”. A pesar de que, en otras oportunidades, los hoy contratistas ejercían la labor del periodismo informativo, las imprecisiones del video revelan un panorama desolador para la revista SEMANA, cuyos millonarios contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, la convirtieron en un espacio de propaganda de decisiones inviables jurídica y políticamente. Respecto al video, las siguientes son las afirmaciones que pueden ser consideradas como imprecisas o abiertamente falsas:

 

1. “Lo primero que hay que decir (sobre la importancia del acuerdo) es que las dos partes cedieron…”

FALSO. En primer lugar las conversaciones no son entre dos partes, sino entre las instituciones colombianas y una organización terrorista. Como se ha estudiado previamente, “el ultimo listado oficial, del Consejo de la Unión Europea del año 2009, ubica a la organización terrorista FARC, las AUC y el ELN, como las organizaciones terroristas identificadas en Colombia, junto con núcleos criminales como facciones del Estado Islámico, el grupo narcotraficante Sendero Luminoso, Al-Qaeda, las facciones comunistas de Filipinas y el Estado Islámico de Irak”. Por este motivo, toda concesión del estado, es una perdida de la institucionalidad y una victoria estratégica y militar de la organización narcotraficante. Las FARC no son un estado reconocido ante la Organización de las Naciones Unidas, adicionalmente, su secretariado es en este momento perseguido por graves crimenes al derecho internacional y el derecho internacional humanitario, lo que los obliga de por vida a  a ser perseguidos por la legislación Colombiana e internacional. 

 

2. “El “acuerdo especial” da un blindaje internacional muy fuerte al acuerdo…”

FALSO.  [pullquote]El concepto del “acuerdo especial” es una interpretación jurídica artificial de los acuerdos de Ginebra para conflicto regular, cuyo ambito material de aplicación es la protección de la persona humana, y no cubrir arreglos por fuera de una situación de conflicto. [/pullquote]Esto es, entre dos países o actores legítimos a la luz del derecho internacional. La organización terrorista FARC no solo es ilegítima, sino que sus miembros son perseguidos por delitos de lesa humanidad, que además son imprescriptibles. Adicionalmente, la tesis no surgió de la organización terrorista FARC, como lo señalan los periodistas del video. La tesis oficial surgió por iniciativa del saliente fiscal Eduardo Montealegre, en su último documento radicado ante la Corte, luego de una demanda en medios del terrorista Iván Márquez, quien a la fecha, como principal negociador de las FARC  ante el gobierno de Colombia, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico. La misma tesis, adicionalmente, fue acomodada por conceptos de Álvaro Leyva y el saliente fiscal, quienes equivocadamente insistían en que los términos del acuerdo de la Habana sean contemplados como un “acuerdo especial”, como rigen los términos del artículos 3 y 6 del III Convenio de Ginebra. Finalmente, como lo establece el propio articulado sobre el Convenio de Ginebra, "La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto", en el caso en concreto, hay dos inconvenientes de aplicación insalvables; a) hace falta una parte con estatuto jurídico definido, además exento de jurisdicción a la luz del derecho internacional y perseguido por la propia justicia, y b) la disposición en concreto del artículo especial no afecta por su naturaleza el ordenamiento doméstico, en este caso, el colombiano.

 

3. “Desde el principio sabíamos que había que encontrar un mecanismo para que lo que se acuerde en la Habana, se convierta en Ley… eso se resuelve”.

FALSO. El extraño punto de vista del contratista Rodrigo Pardo, surge de la hipótesis de que la ciudadanía colombiana apoya el proceso de conversaciones de Juan Manuel Santos con la organización terrorista FARC en la Habana. En contravía de su afirmación, si la ciudadanía no legitima ni cree en el proceso, en cualquier momento los acuerdos secretos establecidos entre el secretariado de la O.T. FARC en Cuba pueden ser derrocados conforme el ordenamiento jurídico colombiano y al derecho internacional. Las deudas legales del secretariado de las FARC no solamente son con la legislación colombiana, sino con el Departamento de estado norteamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Interpol y la Corte Europea de Derechos Humanos.[pullquote]En concreto, la imprescriptibilidad de sus crimenes puede ser en cualquier momento activada por competencia de la Corte Penal Internacional, de la cual Colombia es miembro como parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. [/pullquote]

 

4. “Se ha logrado un acuerdo para convertir en normas constitucionales y legales los acuerdos de la Habana…esto va a tomar mucho menos de lo que normalmente habría tomado el procedimiento ordinario…Hay un mayor grado de certeza para las FARC”

 

FALSO. La falsedad de la afirmación tiene elementos de tipo técnico y legal. En primer lugar la Constitución Política de Colombia, no es un compendio de Normas, sino un cuerpo jurídico completo. Esto quiere decir, que la interpretación del articulado de la Constitución, no amerita interpretaciones ilusorias de su contenido. La afirmación del contratista Pardo, no solamente desconoce principios elementales del derecho, sino que revela una forma acomodada y peligrosa de interpretar la constitución y las leyes del Colombia. En el país, existen ejemplos claros de que la interpretación acomodada de las leyes se da con frecuencias en organizaciones criminales que pretenden dar cabida a acciones violentas y delictuales bajo falsas justificaciones legales (NO NORMATIVAS).

Desde un punto legal, la afirmación es también falsa, porque “el acuerdo especial” contraviene la Constitucion Política de Colombia en numerosos apartados. Adicionalmente, la Corte Constitucional debe evaluar su contenido en el futuro, lo que a los ojos de un juicio preliminar, implicaría poder aceptar la impunidad con el delito de organizaciones terroristas como las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, la organización terrorista ELN o el EPL, reconociendolas como "estados" y con una firma del ejecutivo.

 

5. “Que el acuerdo sea un acuerdo de carácter internacional, reconocido internacionalmente, lo hace casi que “imbatible””…

 FALSO.  La iniciativa de dar carácter internacional a los acuerdos de la Habana, se deriva de la estrategia diplomática de la organización FARC, de ganar espacios para incorporar su agenda a nivel regional. Sin embargo, lo que los colombianos deben tener claro es si aceptan o no que Juan Manuel Santos de legitimidad política e impunidad a los miembros del secretariado de la organización para hacer política en Colombia, y si a nivel nacional sus arreglos se concilian con la constitución y las leyes.

Ni lo uno ni lo otro es posible.

 

6. “Se incorpora todo a la legislación interna, mediante la figura del “bloque de constitucionalidad” de una forma especial, y segundo ante la comunidad internacional”.

FALSO. El concepto de bloque de constitucional no es ni un principio jurídico, ni legal ni procedimental, sino una “práctica” jurisprudencial colombiana basada en leyes orgánicas y las leyes estatutarias, para tratar de dar coherencia a las actuaciones legales que se inspiran y elaboran sobre la Constitución Política de 1991 en lo concerniente a derechos fundamentales de los ciudadanos. Adicionalmente, el concepto de "bloque de constitucionalidad", lo que pretende es extender  la protección y libertades de esos derechos desde un contenido material, mas no formal. 

[pullquote] En el caso en concreto, la figura del “bloque de constitucionalidad” defendida por el saliente fiscal Eduardo Montealegre por ello, para el caso de los acuerdos de la organización terrorista FARC, no solamente es una pirueta formal a firmar en un documento secreto, para saltarse la propia constitución y las leyes de Colombia en beneficio del secretariado de la organización, sino un concepto ambiguo y sin ningún asiento legal o jurídico en el cuerpo normativo y el articulado constitucional de Colombia a efectos de un "acuerdo de paz". [/pullquote]

 

7. “El tema de la seguridad jurídica estaría resuelto…” 

FALSO. La preocupación de los miembros de la organización terrorista no se relaciona con la búsqueda de seguridad jurídica sino de su intención de incorporarse al escenario político sin ser condenados por sus crímenes. Adicionalmente, las estructuras medias y bajas de la organización terrorista no necesariamente dependen de las decisiones del secretariado en Cuba, y la producción de cocaína asegura sus operaciones y capacidad militar incluso después de cualquier acuerdo firmado en Cuba. Lo que el secretariado desea es saltarse la legislación nacional, pero no solucionar el problema del narcotráfico en Colombia, que es el verdadero motor del terrorismo de las Bandas Criminales, las FARC, el EPL y demás grupos criminales.

Adicionalmente, la iniciativa no esta consignada en la Ley Colombiana, en su constitución ni en las leyes estatutarias. Al contrario, fue el saliente fiscal quien inventó la equivocada interpretación del término, lo que se puede convertir en un salvavidas temporal -pero no permanente- de impunidad para miembros de las FARC. De hecho, antes de partir, Montealegre presentó ante la Corte Constitucional, un documento de 89 páginas en el que defiende la necesidad del “Acuerdo Especial”. Lo que sin embargo sorprende de su argumentación, es que le haya querido dar carácter internacional a la violencia narcotraficante en Colombia, argumentando según él, que sea “posible afirmar que la institución del conflicto armado, bien sea de carácter nacional o internacional, pertenece a la órbita del DIH. En consecuencia, cualquier acto o decisión que incida en la regulación o terminación de un conflicto armado se remita a este". La aproximación es obviamente falsa. 

 

8. “Esto nos ayuda a resolver el tema “constituyente”...”

FALSO. Jurídicamente hablando, el concepto del “acuerdo especial” no aplica, y es una ficción del gobierno nacional. A la luz del derecho internacional, la utilización del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949, no rige ni para el conflicto interno, ni para el caso en particular de Colombia, lo que, de conformarse como una alternativa del gobierno, no solo sería una equivocada interpretación de la ley, sino otro fallo político en el proceso de conversaciones. Los protocolos adicionales al acuerdo, que eventualmente contemplan el análisis a la luz del derecho internacional el estudio de los conflictos nacionales, no modifican las condiciones de aplicación original del convenio, lo que quiere decir que tampoco se compatibilizarían con las intenciones de Juan Manuel Santos e Iván Márquez. Por ese motivo, no es posible dar status político internacional a la violencia narcotraficante en Colombia.

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