Los Billones de Montealegre que no cuadran

En medio de las discusiones, Montealegre habría asegurado que de no darse la contratación de los 3000 funcionarios de la “Jurisdicción especial de Paz”, se hablaría de 1.670 funcionarios para “evacuar” los casos en “contexto”

En los últimos días, los medios de comunicación principales han buscado reducir la importancia de los últimos requerimientos burocráticos y presupuestales del fiscal Eduardo Montealegre, para adelantar lo que según el sería la “Jurisdicción especial de Paz”. En concreto, hace tan solo 4 días, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con representantes de la rama judicial encabezados por el saliente fiscal, para cuadrar el presupuesto y las labores destinadas a evacuar las obligaciones judiciales del “conflicto”, en el que se busca incorporar 7.500 miembros de la fuerza pública y 4.354 civiles a los procesos de 10.329 integrantes de las “FARC” con un presupuesto de $2 Billones de pesos. Las dimensiones presupuestales del proyecto que tanto la fiscalía como Juan Manuel Santos están contemplando definir antes de la salida de Montealegre, tienen 2 serias condiciones que pueden definir el futuro político, contractual y jurídico del país en los meses por venir.

El requerimiento de los $2 billones de Montealegre que no cuadra

En primer lugar el monto del presupuesto que solicita Montealegre para llevar a cabo la revisión de los procesos de la “Jurisdicción Especial para la Paz”, no cuadra a la actual crisis presupuesta, a los números estimados por el saliente fiscal, las demandas de la nación y el costo burocrático del mismo.  En primer lugar, según el fiscal, los $2 billones de pesos se utilizarían para crear jueces que no solo se ubicarían en las principales oficinas de los entres judiciales del país sino que se deben “trasladar” a entrevistar a los miembros de la organización terrorista “FARC” en sus lugares de residencia. Para ello, el fiscal estima incorporar a la fiscalía al menos 3.000 nuevos funcionarios que se encargarán de “evacuar” los procesos en 3 años.

Ante la situación, el requerimiento presupuestal de Montealegre sin embargo no cuadra, ya que de acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el salario estimado de 3000 funcionarios de segundo nivel para un periodo de 3 años no asciende a la cifra de $320 mil millones de pesos. Partiendo de la base de unos ingresos mínimos por cada funcionario de 3 millones de pesos, lo que para las funciones superaría los ingresos actuales de empleados directos de la Fiscalía. Así las cosas, el fiscal busca a través de la nueva partida presupuestal aumentar el presupuesto del organismo para la “Jurisdicción de Paz” en al menos $1.7 Billones de pesos, de los cuales se desconocería su destinación real.

En medio de las discusiones, Montealegre habría asegurado que de no darse la contratación de los 3000 funcionarios de la “Jurisdicción especial de Paz”, se hablaría de 1.670 funcionarios para “evacuar” los casos en “contexto”. A esa nueva estimación, el fiscal solicitó directamente en la reunión al presidente la suma de $1.5 billones de pesos, lo que tampoco cuadra en el análisis. De hecho, una vez cerradas las conversaciones con la organización terrorista, la “evacuación” de los procesos dentro del marco implica menos funciones y responsabilidades de análisis para la fiscalía, lo que supone contratos de valor inferior a los 3 millones de pesos. En ese escenario sin embargo, el monto estimado puede ascender a la suma de 60.120 millones de pesos. Esto quiere decir, menos de $1.4 billones de pesos de los que Presidencia de la República está estimando disponer para la fiscalía antes de la partida de Eduardo Montealegre a la Embajada de Colombia en Alemania. En este momento, las estimaciones sobre la disponibilidad presupuestal que se negocia entre el presidente y el fiscal continúan sin que haya claridad frente a la dirección de esos recursos.

La Jurisdicción vuelve a incorporar a civiles y a miembros de la fuerza pública para asegurar inmunidad  futura a miembros del secretariado de las “FARC”

La segunda observación al acuerdo entre presidencia de la república y la fiscalía, tiene que ver con la incorporación efectiva, de acuerdo a la conversación del 3 de Marzo de 7.500 miembros de la fuerza pública y 4.354 civiles a los procesos de 10.329 integrantes de las “FARC”. Lo anterior quiere decir que en contra de las declaraciones del gobierno central, la estrategia definitiva de la fiscalía antes de la salida de Eduardo Montealegre, es definitivamente incorporar tanto a los ciudadanos como a la fuerza pública al nivel y responsabilidades de miembros de las “FARC”. Esto medida, implicaría no solamente la seguridad política de las FARC en el futuro en el evento de ser condicionados como delincuencia para procesos de actividad política, sino así mismo un mecanismo de impunidad para solicitar sus obligaciones legales en delitos de alta gravedad como violaciones al derecho internacional humanitario.

En concreto, la incorporación de ciudadanos colombianos y miembros de la fuerza pública en el proceso de la “Jurisdicción especial de Paz”, les permitiría en el futuro a los miembros tanto del secretariado como de los mandos medios de las FARC, presionar políticamente a organismos internacionales que los puedan perseguir por delitos de lesa humanidad, con el argumento de que no solamente las FARC, sino también los ciudadanos y miembros de la fuerza pública comparten responsabilidades en el marco de la nueva jurisdicción.  De esta forma, cualquier investigación futura respecto a la investigación de crímenes de lesa humanidad de los miembros ingresados a la “Jurisdicción especial de Paz”, implicará necesariamente la apertura de proceso internacionales de los civiles y militares que el fiscal Montealegre integrará a la lista de investigados como “partes en el conflicto”. 

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