Con la excusa de combatir la delincuencia, Fiscal General buscaría tener control político de datos de entidades legislativas y de control en Colombia

Bajo la excusa de combatir las bandas criminales en Colombia, la fiscalía buscaría tener control total de entidades que regulan y ejecutan legislativamente las funciones de gestión fiscal, acudiendo a acceder a bases de datos de entidades como la Dian, la Contraloría, la Procuraduría e incluso las Superintendencias; situación que deja agravantes cuando en principio estaría buscando también el control de entidades que ejercen control de Policía Judicial como la Dijin e incluso entidades como las Fuerzas Militares.

En los últimos días, el Fiscal General ha presentado durante reunión desarrollada entre delegados del gobierno y entidades de facultades de Policía Judicial una propuesta pública que a la vista presenta puntos altamente cuestionables. Entre ellos, la búsqueda por parte de la fiscalía de controlar bajo un solo ente la base de datos de 32 entidades públicas que hacen y ejecutan la función de control legislativo y policial en Colombia.

Aunque la propuesta se encuentra aún en fase preliminar, el Fiscal General espera que el proyecto se convierta en política pública antes de finalizar su mandato, situación que se complementa con el hecho de agilizar por parte del gobierno los acuerdos que se promuevan en la Habana, y el cual ha tenido gran apoyo de diferentes sectores de la bancada oficial, entre ellos el Fiscal Montealegre.

Sin embargo bajo la excusa de combatir las bandas criminales en Colombia, la fiscalía buscaría tener control total de entidades que regulan y ejecutan legislativamente las funciones de gestión fiscal, acudiendo a acceder a bases de datos de entidades como la Dian, la Contraloría, la Procuraduría e incluso las Superintendencias; situación que deja agravantes cuando en principio estaría buscando también el control de entidades que ejercen control de Policía Judicial como la Dijin e incluso entidades como las Fuerzas Militares.

La situación es de grave circunstancia jurídica puesto que iría en contra de principios legales atentando contra la ley 1581 de 2012 en la que busca la protección de datos personales de entidades no solo de control legislativo y judicial sino de demás entidades públicas y privadas de la nación y a la resolución orgánica de la Contraloría General de la República para el acceso a información y bases de datos de entidades y sujetos de control.

Bajo esta premisa el Fiscal estaría buscando también desarrollar reformas al marco constitucional, hecho que ha sido constantemente presentado durante el proceso de paz, además de la ejecución de proyectos de ley estatutarios para acceder a información altamente confidencial.

Este detalle hace preciso examinar las circunstancias por las que el Fiscal estaría destinado a ejecutar el plan de proyecto. La pretención de tener el control administrativo y operacional de entidades que desarrollan los procesos de control legislativo y judicial más alla de lo que supone el control de la mismas y el combate a las bandas criminales, puede estar relacionado en primera instancia con la voluntad del Fiscal de decidir quién será juzgado y quien no independientemente del proceso o condena, presentado bajo un paquete de medidas en el 2013 para reformar la estructura investigadora del ente.

Lo más cuestionable del caso es la presentación del proyecto días después de haberse dado a conocer las exigencias de las FARC, en un periodo de delicada coyuntura política y en el que se decidiría políticamente el futuro de las mismas.  Destino que puede ser decidido judicialmente por parte del Fiscal. Así mismo se presenta una vez se decide indultar a 30 guerrilleros en el denominado proceso de justicia transicional y en el que obliga a las Fuerzas Militares a hacer uso, bajo amenazas, de un proceso que busca igualar las acciones cometidas ilegalmente con las actuaciones desarrolladas bajo ejercicios legales con la premisa de obtener los mismos beneficios otorgados; pasando incluso por encima de tratados binacionales para definir jurídicamente la situación de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Finalmente, los hechos dan a entender que la búsqueda constante por parte del Fiscal de obtener un mayor poder judicial y legislativo; iría más allá de principios constitucionales y democráticos, y permitiría tener un nuevo control judicial en el país en beneficio de sectores al margen de ley que buscarían obtener estatus político, como han sido los objetivos abiertamente expuestos de organizaciones terroristas como las FARC en Colombia.



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