Fiscal Montealegre pudo haberse incriminado por prevaricato con captura de Santiago Uribe

La situación es de extrema gravedad si se tiene en cuenta que el periodo del fiscal se finaliza en un tiempo aproximado de un mes, y probablemente para evitar la responsabilidad jurídica este sea designado embajador de Colombia en Alemania.

Santiago Uribe contrarrestó acusación de fiscalía negándose a verse beneficiado por prescripción.  Con decisión del denunciado, fiscalía esta acorralada para comprobar acusación de “delito de lesa humanidad”

A diferencia de lo que los periódicos El Espectador, El Tiempo y la Revista Semana han manifestado desde el día 2 de Marzo, el caso por el cual se le imputa responsabilidad a Santiago Uribe Vélez no es delito de lesa humanidad, por lo tanto conforme al derecho Colombiano debió haber prescrito hace años. El fiscal prevaricó al reabrir expediente calificándolo como tal, pues a la luz de las pruebas desde hace más de 2 décadas, solo existe investigación por el caso del asesinato de una persona que ninguna relación tiene con el procesado. Adicionalmente, desde hace mas de 20 años el procesado se ha presentado a responder cualquier cuestionamiento y la situación jurídica del procesado esta cobijado por la Ley 600 del código penal previo, en cuyo artículo la fiscalía estuvo en la obligación de resolver su situación jurídica 10 días después de su última declaración, además del hecho de que su caso prescribió.

De hecho, el único motivo de denuncia para que originalmente se iniciara la investigación hace aproximadamente 22 años, se trató del caso del asesinato de un chofer de nombre Camilo Barriento Durán, el 25 de febrero de 1994 en el municipio antioqueño de Yarumal. Con la decisión de reactivar el proceso sin nuevas pruebas, el fiscal Eduardo Montealegre se encuentra acorralado para demostrar “homicidio intencionado de carácter genocida” contra Santiago Uribe. A la fecha, el proceso no tiene más casos que el del chofer víctima de asesinato y este no guarda ni ahora ni hace 22 años relación con las actividades del ganadero.

Reapertura del proceso por supuesta nueva grabación, no es justificación para captura. Grabación no comprueba más que intencionalidad de implicar al ganadero.

La grabación sobre la cual buscaría soportarse la fiscalía para profundizar proceso contra el ganadero Santiago Uribe, se convierte en otra bomba de tiempo por prevaricato contra el fiscal Eduardo Montealegre. La razón se debe a que en primer lugar, la grabación no fue legal y por ello, no puede utilizarse como prueba de juicio. La segunda es que si la grabación fuese legitima, al repasar el diálogo entre quienes serían el capitán Juan Carlos Meneses  y el coronel retirado Pedro Manuel Benavides, de lo único de lo que se advierte es que el capitán estaría buscando beneficios para mejorar su situación jurídica. En la conversación el capital afirma que de no presentarse un cambio en el proceso su decisión sería la de acusar al ganadero Santiago Uribe. Para la época, sin embargo, la relación entre empresarios y entidades de policía en la zona ha sido hasta la fecha una práctica común, lo que sin embargo se evidencia en la grabación es la intención de Meneses de involucrar a otras personas si su situación jurídica no mejora, lo que puede revelar un caso de extorsión.

Las declaraciones del capital Juan Carlos Meneses han evolucionado con el tiempo y su conducta ha sido apoyada y financiada por definidas organizaciones durante años.

Las declaraciones del testigo capitán Juan Carlos Meneses no concuerdan. Las primeras declaraciones juramentadas sobre la cual se cerró en su momento el proceso se remonta al año de 1997. La vaguedad de la grabación sin embargo llevó a que el proceso se cerrará. Posteriormente sin embargo, sus declaraciones cambian con el paso de los años en la medida en que sus responsabilidades como comandante de la policía son vistas críticamente. De hecho, existe un testimonio en el que el propio capitán buscaba que desde presidencia su situación jurídica mejorar evitando su traslado a Arauca y el recrudecimiento del orden público en la zona por acciones de la guerrilla.

Adicionalmente, el capitán ha buscado apoyo financiero para movilizaciones y denuncias fuera del país de organizaciones a las que la propia fiscalía ha denunciado como responsable en la falsificación de pruebas como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Contra este último la sentencia fue incluso definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que el colectivo incorporó hasta 7 falsas victimas que recibieron indemnización del estado colombiano. 

A parte de Juan Carlos Meneses, los otros principales testigos contra Santiago Uribe, son dos comandantes capturados, judicializados y encarcelados por el expresidente Álvaro Uribe; alias “Don Mario” y alias “Don Berna”.

Los otros dos principales testigos de la fiscalía contra Santiago Uribe son dos comandantes capturados, judicializados y encarcelados por el expresidente Álvaro Uribe; alias “Don Mario” y alias “Don Berna”. Los dos  a la fecha han buscado tanto en las negociaciones con el ex presidente como con el actual gobierno y la fiscalía mejoras en sus condiciones de captura las cuales no están contempladas jurídicamente. Extrañamente el fiscal incluye las declaraciones de los dos paramilitares capturados por el ex presidente como testigos claves con el hermano del ex presidente. Como lo señala el análisis del portal “Las2Orillas”, Diego Fernando Murillo, Alias Don Berna, exparamilitar, extraditado a los Estados Unidos con 13 jefes paramilitares más durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, afirma que “oyó” decir que el ganadero Santiago Uribe Vélez sí colaboró con las AUC. El otro el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, manifestó a la Fiscalía Santiago Uribe, el hermano del ex presidente, tenia relación con el paramilitarismo. Finalmente, la fiscalía ha buscado urgencia en incorporar la declaración de un campesino cobijado en el extranjero por conocidas organizaciones de derechos humanos, pero que en su última declaración al ser confrontado con dar los nombres de los empleados de la Hacienda La Carolina, no fue capaz de decir ninguno, lo que eliminó su validez como testimonio en instancias previas. Este testigo de la fiscalía, en la actualidad se encuentra fuera del país y ha sido apoyado por organizaciones como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Paradójicamente el fiscal hace uso de las declaraciones de comandantes paramilitares que buscan beneficios ante la ley como prueba tanto contra Santiago Uribe como contra Álvaro Uribe Velez, quienes en la actualidad hacen parte de la lista de testigos estrella, pero que no demuestran mas que la incursión del fiscal en el primer caso comprobado de persecución política en la historia de Colombia.

Conclusión

Con excepción de las declaraciones de Juan Carlos Meneses, no existen más soportes que justifiquen la conducta ni la existencia del denominado grupo de los “12 apóstoles”. La situación sin embargo se ha acrecentado debido a la articulación de medios de comunicación colombianos con la Fiscalía General de la República, y la intención del presidente Juan Manuel Santos de buscar afectar la oposición en Colombia para mejorar sus poca favorabilidad nacional y la desconfianza de los colombianos sobre las conversaciones con la organización terrorista FARC.

En Colombia sin embargo, tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal son claros en imputar responsabilidades por pruebas reales tanto por comisión de delitos como por prevaricato. En el caso de Santiago Uribe, el ganadero ha sido absuelto en una investigación que ha durado aproximadamente 22 años de la que no se ha podido comprobar ni su responsabilidad ni su conexión. En el caso de prevaricato del fiscal sin embargo existe la reapertura del caso sin nuevas pruebas, la debilidad del caso y la posible apertura de expedientes por incriminar otras personas con cercanía al ex presidente Álvaro Uribe con testimonios de delincuentes encarcelados y condenados durante su administración.

La gravedad del asunto sin embargo radica en el hecho de que con la intención de continuar ilegalmente con un proceso de hace 22 años, sin nuevas pruebas, el fiscal Eduardo Montealegre ha incurrido en el primer delito de prevaricato claro contra un miembro familiar de la oposición política en Colombia. La situación es de extrema gravedad si se tiene en cuenta que el periodo del fiscal se finaliza en un tiempo aproximado de un mes, y probablemente para evitar la responsabilidad jurídica este sea designado embajador de Colombia en Alemania. 

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