El desesperado viaje de Eduardo Montealegre a Washington

La desesperación del fiscal para tratar de mejorar su imagen a su salida de la fiscalía, puede convertirse paradójicamente en un arma de doble filo para el ente acusador.

En medio de los escándalos por corrupción y contratos en la fiscalía, y con la mayoría de la población nacional considerando la justicia en cabeza de Eduardo Montealegre como politizada, antes de dejar su cargo el fiscal ha viajado a Washington a buscar apoyo a su gestión. La decisión del fiscal, sin embargo, revela no solo la poca credibilidad del ente acusador en Colombia, sino su desespero en buscar legitimidad en el extranjero presentando pruebas que pertenecen a procesos sobre los cuales ni siquiera jueces competentes en Colombia se han pronunciado.

La decisión del fiscal, obedece adicionalmente a una acción que puede ser castigada por la justicia colombiana. En concreto, el viaje del fiscal elimina las garantías judiciales de los procesados en Colombia, revelando a externos en otras jurisdicciones, acusaciones que ni siquiera han hecho parte del acervo probatorio socializado con los acusados en Colombia. La visita del fiscal por ello, no solamente es una medida política desesperada, sino ilegal de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano.

El fiscal adicionalmente, desconoce con su visita a la Corte Interamericana de Derecho Humanos en Washington, la importancia de la naturaleza de las medidas cautelares, que precisamente buscar evitar perjuicio irremediable a personas que potencialmente pueden ser víctimas de persecución política en su país de origen. Con la vista, el fiscal por ello lo que hace es probablemente confirmar la desesperada intención de incriminar a 5 personas directas de los miles de procesos que maneja el ente investigador en el país.

Los 5 ciudadanos que el fiscal insiste en procesar

Paradójicamente, ha sido precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington la que no solamente ha otorgado medidas cautelares a miembros del antiguo gobierno, sino incluso extendido protección diplomática. De hecho, según se especula, personas que han sido perseguidas por el actual fiscal Montealegre podrían haber sido acogidas en los Estados Unidos en calidad de refugiados.

En el caso de Luis Alfonso Hoyos, se conoció según la propia fiscalía que este se había dirigido a los principales medios de comunicación para denunciar los abusos que se estaban cometiendo en la mesa de conversaciones secreta de la Habana, al buscar legitimar los actos de agentes terroristas del secretariado de las FARC. Este caso, que pudo haber sido de conocimiento del entonces candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, en vez de haber sido considerado por la fiscalía como una obligación ciudadana de denuncia, fue procesado por haberse configurado como “enemigo del proceso de Paz”. Con este argumento, la persecución de la fiscalía en vez de disminuirse, no ha hecho más que acrecentar lo que cualquier otra jurisdicción habría no solo considerado como legal, sino necesario en aras de que terroristas no hagan parte de la vida civil.

En el caso del ganadero Santiago Uribe, se conoce que conforme al derecho Colombiano el mismo debió haber prescrito hace años. Al respecto, el fiscal prevaricó al reabrir expediente calificándolo como delito de lesa humanidad, pues a la luz de las pruebas desde hace más de 2 décadas, solo existe investigación por el caso del asesinato de una persona que ninguna relación tiene con el procesado y por el cual el propio Santiago Uribe ha sido inhibido en dos oportunidades. Adicionalmente, desde hace más de 20 años el procesado se ha presentado a responder cualquier cuestionamiento y la situación jurídica del procesado esta cobijado por la Ley 600 del código penal previo.

En el caso de los hermanos Uribe Moreno, en los recientes días las acciones de la fiscalía se han adelantado incluso a las decisiones de los jueces civiles contra los acusados, eliminando sus garantías en el país por un caso que se revela como persecutorio. En concreto, los balances de las empresas de estos mostraban que menos de un 2% de las operaciones de los empresarios habían sido realizadas con los acusados de desfalco, y que a diferencia de la fiscalía, todos los procesos se hicieron en cumplimiento de la ley.

La desesperación del fiscal para tratar de mejorar su imagen a su salida de la fiscalía, puede convertirse paradójicamente en un arma de doble filo para el ente acusador. En Colombia no solo la mayoría de la población sospecha contra las decisiones politizadas del organismo, sino que cree que este opera en articulación con los intereses de presidencia de la república.

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