La campaña carcelaria 2026 ya empezó

Estas próximas elecciones vienen cargadas de miedo, pólvora y sangre. Los protagonistas no están libres, y los que lo están se encuentran amenazados. El voto de conciencia será mínimo, el del miedo será el protagonista.    

En Colombia, cada elección trae consigo un ambiente de sospecha, negociación y promesas ocultas. Pero ninguna como la del 2022 dejó tantas dudas en el aire, tantas sombras proyectadas sobre los muros de las cárceles, tantos silencios incómodos en el corazón del país. Lo que algunos bautizaron como “pacto de la Picota” se instaló desde entonces en el imaginario nacional: la idea de que en plena campaña se establecieron puentes entre sectores políticos y personas privadas de la libertad. Aunque los detalles y alcances no han sido aclarados judicialmente, las declaraciones de miembros de la propia familia del hoy presidente (en especial su hermano, quien reconoció visitas a penitenciarias) mantuvieron abiertas las preguntas sobre qué buscaba realmente la campaña en aquellos pabellones.

A partir de ese episodio nació una narrativa que no ha desaparecido, y que hoy regresa con más fuerza de cara al 2026: la percepción de que las cárceles se han convertido en escenarios de campaña, espacios donde se cortejan apoyos, se tejen alianzas y se prometen reformas.

Esto no debería tomarse a la ligera. Colombia ha visto cómo sectores armados, grupos ilegales y organizaciones criminales históricamente han intentado influir en procesos electorales. Lo hicieron por presión, por miedo, por conveniencia, por cálculo estratégico. Y es precisamente allí donde surge la alarma. La política no puede mezclarse con quienes han construido su poder desde el crimen. Y cuando esa línea parece desdibujarse (aun en el terreno de la percepción) se erosiona la confianza democrática.

El eco del pasado que regresa. Si algo quedó claro con el episodio de la Picota es que se abrió una puerta peligrosa: la de normalizar el diálogo político con quienes han actuado por fuera de la ley. Hoy, cuando el país se encamina hacia las elecciones del 2026, esa misma sensación vuelve a aparecer, como si se tratara de un libreto que intenta repetirse.

La figura que muchos consideran el “heredero político” del actual gobierno ha retomado rutas, discursos y escenarios que despiertan los mismos interrogantes. No es un secreto que el país atraviesa una crisis de seguridad profunda: expansión del ELN, fortalecimiento de disidencias, intimidación de alcaldes, masacres, desplazamientos, confinamientos y un aumento alarmante del control territorial por parte de grupos armados.

Frente a esa realidad, resulta inevitable que una parte de la ciudadanía tema que, en ciertos sectores del país, las armas terminen influyendo en los votos, como ya ocurrió en épocas oscuras de nuestra historia reciente. Decirlo no es exageración: es advertencia. La consulta que no dijo nada… pero dijo todo. La consulta realizada en octubre (innecesaria para muchos, simbólica para otros) dejó un mensaje inquietante: el respaldo electoral del oficialismo fue mucho más débil de lo esperado. Y, aunque el resultado no tiene efectos jurídicos ni electorales, reveló algo importante: la desconexión creciente entre el gobierno y buena parte del electorado moderado e independiente.

Pero al mismo tiempo dejó otro mensaje, más silencioso, pero igual de evidente: la estrategia para el 2026 ya está en marcha, y parece tener como eje la consolidación de apoyos en sectores radicalizados, tanto ideológicos como territoriales. Sectores donde, tristemente, la presencia del Estado es débil y la presión armada es fuerte. Los grupos ilegales y su apuesta. En varias regiones, líderes sociales, alcaldes electos y gobernadores han denunciado presiones, vetos y advertencias por parte de grupos ilegales que buscan imponer agendas locales. Si eso ocurre hoy, ¿qué podría pasar en una contienda presidencial donde el poder en juego es mucho mayor?

Los grupos armados (llámense ELN, disidencias de las FARC, reductos del Clan del Golfo u organizaciones locales) tienen intereses directos en la continuidad o el cambio del modelo de seguridad. Y la historia colombiana demuestra que no son actores pasivos: influyen, presionan, intimidan, castigan. No se trata de afirmar que ya existe un pacto ni de adjudicar alianzas que no han sido demostradas. Se trata de advertir que el riesgo es real, que el escenario es frágil y que la democracia colombiana llega al 2026 con heridas abiertas.

Un país en la cuerda floja. Hoy Colombia enfrenta el desafío de evitar que los territorios sin Estado se conviertan en territorios sin voto libre. El elector que vive bajo el dominio de un grupo armado no elige: obedece. Y ese es el verdadero peligro de esta coyuntura. Por eso, cuando algunos sectores denuncian que “la campaña carcelaria ya empezó”, no hablan solo de cárceles físicas: hablan de la cárcel simbólica en la que cae un país cuando los criminales condicionan la vida civil.

Las elecciones más peligrosas de la década. Lo que viene no será fácil. Todo indica que las elecciones de 2026 podrían ser las más tensas, más vigiladas y más riesgosas de los últimos diez o quince años. No por los candidatos: por los fusiles detrás de ellos. Colombia no puede permitir que las armas suplanten las urnas. No puede repetir el error de confundir negociaciones de paz con indulgencias políticas, ni permitir que los criminales crean que también pueden elegir al presidente.

Un llamado a la lucidez. No se trata de votar contra nadie. Se trata de votar sin miedo, sin presiones, sin padrinos en la ilegalidad, sin tutelas de estructuras criminales. El país necesita abrir los ojos. La ciudadanía necesita entender que la democracia no se pierde de golpe: se pierde en silencios, en omisiones, en pactos ambiguos, en visitas inexplicables, en discursos complacientes con quienes usan la violencia como herramienta política.

La columna de hoy no acusa: advierte.

No afirma: pregunta.

No sentencia: alerta.

Porque si algo está claro es que Colombia merece elecciones libres de todos los poderes que no son el pueblo. Y la mejor manera de impedir una campaña carcelaria…

es denunciando sus sombras antes de que se conviertan en realidad.

Abstract
Un llamado a la lucidez. No se trata de votar contra nadie. Se trata de votar sin miedo, sin presiones, sin padrinos en la ilegalidad, sin tutelas de estructuras criminales.