En un debate desapasionado, libre de posiciones políticas y buscando la objetividad, propongo el debate que todos aplazan, la reforma a la justicia. A la justicia hay que entenderla desde la dogmática que refiere el positivismo, lo sustantivo y lo estatuido. Como sociedad fallamos cuando interpretamos las leyes al antojo o a la conveniencia.
¿Por qué Colombia no es justa?
Cómo es evidente, la corrupción es el factor más delicado que oscurece a la justicia, la que se supone es la guardiana de las normas y la protectora de los derechos. Muchas son las actuaciones que han menoscabado la reputación de la justicia. Lo que era impensable, ocurrió, que los encargados de administrar justicia fueran corruptos. Uno de los escándalos más resonados fue el cartel de la toga y no quiere decir que sea el único, quiere decir que no se han descubierto todos los entuertos que allí se negocian. Al ver las decisiones de las altas cortes se puede sentir el hedor putrefacto de su soberbia y altivez, creyendo que están por encima de la misma Constitución. Un ejemplo, es la sentencia que reconoce la unión de personas del mismo sexo en el marco de derechos fundamentales, sin pasar por el debate estatuido para una Ley Estatutaria o un Acto Legislativo. Tampoco quiere decir que todos sean corruptos, pero por momentos pareciera que son más. El cartel de la toga tuvo como estrategia: manipular y trasmitir información privilegiada de los procesos, retardar trámites, instrumentalizar medios de comunicación para eliminar la credibilidad de los testigos y la alteración de evidencia. Muy sofisticados en comparación con sus pares venezolanos. Cabalmente les aplica el refrán: tiran la piedra y esconden la mano. Pero ¿Es muy diferente a lo que pasa hoy día? ¿Por qué están empantanados los procesos de los magistrados corruptos? Que por cierto hoy huyen de la justicia. ¿Esas prácticas delictivas cursaron carrera dentro del sistema? Pareciera que sí.
El activismo judicial es otro factor que lesiona profundamente la separación de poderes y la administración de justicia. Vale recordar que han sido innumerables los intentos para reformar el sistema judicial, todos sin éxito. Uno de los ejemplos más reveladores fue el intento en el 2015 con la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, la cual principalmente buscaba ponerle un freno a ese poder desmedido al sistema judicial al crear una Comisión de Aforados que investigaría a los Magistrados. Los 5 artículos que trataban de la Comisión de Aforados fueron declarados inexequibles y del total, 12 artículos corrieron la misma suerte. Pareciera que el poder judicial fuera una república independiente que nadie puede tocar, a excepción de ellos mismos. Como soporte de la inexequibilidad de los artículos, los magistrados explicaron que el Congreso se había extralimitado en sus funciones para reformar la Constitución. Acaso ¿La Constituyente no facultó al Congreso para reformar la Constitución? Sí lo facultó, en el artículo 375 de la Constitución dice que 10 congresistas pueden presentar Actos Legislativos, sin excepciones que relacionen extralimitación de funciones.
Dos han sido las estrategias para frenar las reformas, la prevención del daño y la inexequibilidad. Con la prevención del daño me refiero al resultado de la amenaza inherente entre los magistrados y los congresistas, el famoso tu me cubres y yo te cubro: Si los congresistas no reforman la justicia, no son investigados, en ese sentido se previene el daño en los dos poderes. O ¿A qué le temen en el Congreso para reformar la justicia si está en sus competencias? Por otra parte, está la inexequibilidad. Con esta herramienta la Corte Constitucional se abrogó la competencia de determinar qué se modifica en la Constitución y qué no, competencia innata del Congreso, cuando en realidad lo que deben determinar es que las nuevas normas o modificaciones emanadas del legislador no estén en contravía de lo ya establecido en la Constitución y las leyes. Aunque son dos cosas muy diferentes, la Corte ha sabido desdibujar esa línea divisoria, logrando con éxito mancillar su voluntad sobre la del Congreso y gestar un supra poder.
Otro factor, sui generis, es la politización de la justicia. ¿Se han sincronizados actores políticos con actores judiciales para realizar persecución judicial? Por estos días es común ver fallos de primera instancia que niegan la protección de derechos fundamentales cuando es evidente la violación, tanto así, que son los jueces de segunda instancia los que deben garantizarlos, significando esto un retroceso en la protección de diferentes bienes jurídicos tutelados y un incremento en el gasto público que afecta de pleno, los presupuestos de celeridad en la justicia y economía procesal. Pero lo lamentable no son los fallos en sí, lo grave es la justificación, la cual conmina a los ciudadanos a defenderse por sus propios medios. Si ese fallo hubiese sido en el marco de las armas, ¿tendríamos que armarnos y defender nuestro derecho? ¿A esto nos están induciendo los jueces de primera instancia, a la autodefensa? Ahí está el problema de la interpretación de las normas, las leyes son generales y guardan coherencia con todo tipo de situaciones.
En este sentido, repito la pregunta ¿Colombia está corriendo la carrera de la persecución judicial? Recordemos que, en Venezuela, esa fue la herramienta para perseguir y doblegar a la oposición, encarcelando sus líderes y ciudadanos que buscaban cambiar la ideología de gobierno. ¿Qué va a pasar cuando la balanza se incline para el otro espectro político? Seguiremos viendo como el aparato de justicia es usado para el revanchismo y cómo la construcción conceptual e ideológica de décadas, sucumbe a los deseos de personas inmorales que su único credo es el todo vale. Ahora mismo vemos como la centro izquierda e izquierda radical colombiana manejan a su antojo la justicia para destruir, estigmatizar y aniquilar a sus adversarios políticos, como una réplica de las famosas series de netflix, en las que la derrota del adversario se conquista con trampas o montajes y no con la derrota de los argumentos. Que daño le hace al Estado que los operadores de la justicia la usen con fines de revancha política.
Como país fracasamos rotundamente al permitir que los guardianes de la ley la modularan y aplicaran a su antojo, que se les subieran los humos, que se sintieran intocables; les otorgamos un poder absoluto que los convirtió en juez y parte y mitificamos sus decisiones. Lo que no puede ocurrir es que la justicia se apropie de banderas políticas y que no brinde las garantías y seguridades jurídicas a todos los colombianos. Así las cosas, está claro que los magistrados no se van a dejar quitar ese desmedido poder, ¿Cuál sería el juicio de la diosa Themis sobre los guardianes de la justicia y equidad en Colombia? nos queda como mecanismo constitucional, para reformar la justicia, la Asamblea Constituyente.