El confuso argumento de Ingrid Betancourt para apoyar la “Paz“ de Santos

En segundo lugar, no habría sido “Dios” quien le habría concedido la “Justicia”, sino las fuerzas del estado a través de sus cuerpos militares y de inteligencia legítimos, conforme a la constitución política nacional y al ordenamiento jurídico de Colombia y sus acuerdos de extradición con los Estados Unidos.

En su reciente visita a Colombia, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, recordada por ser víctima del secuestro por la organización terrorista FARC, concedió entrevistas a distintos medios justificando su inexplicable respaldo al proceso de conversaciones en la Habana con la organización terrorista FARC. En sus más recientes explicaciones, en una entrevista concedida al periódico “El Espectador”, la ex candidata afirmó:

Mis verdugos están muertos, Dios hizo justicia por mi. Yo debo decir que yo en eso… el Mono Jojoy (dado de baja en el anterior gobierno), el comandante “Cesar” que fue el que me agarró lo mataron a los dos meses de mi secuestro (dado de baja por el ejército colombiano)… los otros están en la cárcel Cesar y Gafas (capturados en la operación militar de liberación del General Mario Montoya. Se sabe  que el actual gobierno apoyó a través del saliente fiscal la radicación de investigaciones contra el General Mario Montoya, comandante que lideró y ejecutó la operación Jaque contra la organización terrorista FARC.)

Lo que se desprendería de las afirmaciones de la ex candidadata, sería su incoherente explicación para sumarse a las conversaciones secretas del gobierno Santos con la organización terrorista por dos razones:

En primer lugar, la misma justicia que la excandidata dice haber recibido, sería la misma justicia que las demás víctimas de la organización terrorista solicitarían, y que sería inviable con los acuerdos secretos entre el presidente Juan Manuel Santos y el secretariado de la organización terrorista en Cuba.

En segundo lugar, no habría sido “Dios” quien le habría concedido la “Justicia”, sino las fuerzas del estado a través de sus cuerpos militares y de inteligencia legítimos, conforme a la constitución política nacional y al ordenamiento jurídico de Colombia y sus acuerdos de extradición con los Estados Unidos.

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