Las 4 mentiras de Sergio Jaramillo sobre el plebiscito ante la Corte Constitucional

El “umbral de aprobación” es claramente una arbitrariedad del gobierno nacional para justificar su bajo apoyo popular, y su temor a perder incluso un mecanismo plebiscitario cuyos umbrales son manipulados en dos sentidos, en rangos de edad, y en mayorías. La decisión del gobierno nacional de afectar el mecanismo plebiscitario, adicionalmente, guarda perfecta relación con las modificaciones electorales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante los últimos días, la relevancia de las intervenciones de  los distintos voceros a favor y en contra del plebiscito ante la Corte Constitucional, ha sido extrañamente ocultada por los principales medios de comunicación del país. Aun cuando es claro que el gobierno nacional busca amañar un “conejo electoral” con la reducción extrema del censo, incurriendo incluso en la insólita decisión de bajar la edad de participación de acuerdo a la constitución, existen aún dudas respecto a las verdaderas intenciones de presidencia.

Conforme a esta realidad, los argumentos del Comisionado Sergio Jaramillo ante la Corte pueden ofrecer luces sobre el equivocado diagnóstico del gobierno nacional, al considerar al secretariado de la organización terrorista FARC como interlocutor institucional, y junto con este, realizar modificaciones constitucionales que comenzarían con las condiciones del plebiscito.

Al respecto, existen en su intervención, cuatro peligrosas afirmaciones que evidenciarían el grado de ingenuidad del gobierno nacional, y el riesgo en el que se encuentra el país con las modificaciones que la organización terrorista pretende hacer a la constitución con el ánimo de saltarse la jurisdicción nacional.

 

En la concepción del gobierno, este proceso, es precisamente, el cierre del ciclo constituyente del 91. Todos los testimonios coinciden en que los constituyentes entendieron la carta como un “pacto de paz” Un pacto que hasta ahora podremos materializar.

 

FALSO: [pullquote] En primer lugar, la constitución cerró su propio ciclo hace más de 20 años, incluso contra la amenaza narcotraficante del terrorista Pablo Escobar, lo que pone en evidencia el carácter retorico y ficticio de la aseveración. [/pullquote]En segundo lugar, la constitución de 1991 no se dió ni en coordinación, ni bajo vocación de trabajo conjunto, ni bajo presión, ni en contumacia con organizaciones terroristas de la época tales como las propias FARC, el EPL, el movimiento Quintín Lame, el M19 o las facciones narcotraficantes que derivaron en los grupos paramilitares. A diferencia de las declaraciones de Sergio Jaramillo, la iniciativa tuvo un componente histórico, relacionado con serias deficiencias administrativas e institucionales del gobierno nacional, y requerimientos de ciudadanos legítimos, cívicos y cumplidores de la legalidad, representados en el movimiento de la Séptima Papeleta.

Adicionalmente, el proceso de modificación institucional no se dió en secreto en un régimen abiertamente dictatorial como el cubano. Sino en paralelo a procesos de desmovilización de grupos terroristas bajo la autoridad del gobierno central dentro de Colombia.

Finalmente, en vez de ser un acuerdo de “paz”, su equivocada interpretación posibilitó el fortalecimiento militar, estratégico y político de la narco guerrilla, que tuvo su mayor capacidad de daño durante toda la década desde 1991 hasta el 2001, lo que obviamente se puede repetir con el acelerado aumento de coca de los últimos 4 años en el país.

 

…todos los acuerdos de la Habana están permeados por un enfoque de derechos y por un enfoque “territorial”. Porque de lo que se trata es de crear las condiciones en una fase de transición, para que la democracia y el estado de derecho se puedan desplegar por todo el territorio nacional, y para que quienes, han vivido “en sus márgenes”, tengan la posibilidad real de tener voz.

 

FALSO: Fue precisamente la constitución de 1991 la que buscó generar derechos para los ciudadanos, y no solo en el papel, sino a partir de la incorporación de claras modificaciones institucionales del pais. La refrendación de los acuerdos secretos de la organización terrorista FARC en Cuba, por ello, no solamente no es un procedimiento con alcance constitucional directo, sino una formula teatral para buscar dar legitimidad a un grupo terrorista claramente en crecimiento y fortalecido desde 1991.

 

Es la refrendación la que marca el inicio “simbólico” de la transición,

FALSO: La refrendación es un aparato ficcional para tratar de justificar la impunidad que miembros del secretariado podrían tener ante la jurisdicción penal de Colombia. Por este motivo, la afirmación de Sergio Jaramillo, al tratar la refrendación como acto simbólico, revela la naturaleza manipulativa del gobierno nacional, acomodando una figura de participación y decisión ciudadana, para los intereses del secretariado de la organización terrorista.

 

El proyecto propone un umbral de aprobación, para promover “por supuesto” la participación de todos, en la decisión más trascendental, que es, la concreción de la “Paz”, pero también para promover una cultura política que siente las bases de la convivencia, y del respeto mutuo y del respeto “a las reglas de juego”. Todos estos objetivos superiores de este proceso. Por respetable que sea la abstención en condiciones de normalidad, ante una decisión de esta magnitud, no es, el momento de promoverla, no es, el momento de rehuir el debate, no es el momento de llamar a la “resistencia civil”. Es el momento de deliberar, de manera informada y con argumentos, en un marco institucional de decisión, que es lo que propone este proyecto.

 

FALSO: [pullquote] El “umbral de aprobación” es claramente una arbitrariedad del gobierno nacional para justificar su bajo apoyo popular, y su temor a perder incluso un mecanismo plebiscitario cuyos umbrales son manipulados en dos sentidos, en rangos de edad, y en mayorías. La decisión del gobierno nacional de afectar el mecanismo plebiscitario, adicionalmente, guarda perfecta relación con las modificaciones electorales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela.[/pullquote]

Así, Mientras que en Colombia el gobierno nacional busca manipular el régimen de participación plebiscitaria para que con solo un 13% se apruebe un plebiscito del ejecutivo, en Venezuela el presidente de la UNASUR acompañó el proceso en el que el Chavismo adquirió 3 o cuatro veces más poder de voto que la oposición. Con ello, mientras en Colombia la actual administración acomodó el artículo 80 de la Ley que prescribe: "El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral", en el caso del régimen de Nicolás Maduro, las modificaciones definidas por el Consejo Nacional electoral de Venezuela, permitirían que incluso al momento de inicio de las elecciones de diciembre, el chavismo pudiese asegurar hasta 35 diputados antes de la apertura de las urnas.

Los dos casos son indicativos del grado de afectación institucional continental. A la gravedad del hecho, el gobierno a través del propio comisionado Sergio Jaramillo, ante el bajo respaldo popular incluso con el 13% del censo, contemplaría bajar la edad para votar, afectando de nuevo las propias “reglas de juego” establecidas por la carta magna. 

 

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