Lo que hizo posible la libertad fue la gradual evolución de la disciplina de la civilización que es al mismo tiempo la disciplina de la libertad.
Friedrich Hayek

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Santos acoge tesis de Montealegre ante el terror de Iván Márquez a ser extraditado

Antes de su salida, el saliente fiscal, presento ante la Corte Constitucional, un documento de 89 páginas, que hoy estaría siendo analizado por Santos.

En los últimos días, está creciendo la tesis de que Juan Manuel Santos estaría buscando otorgar categoría de tratado internacional a los acuerdos de la Habana, ante el temor de los cabecillas de que en próximos gobiernos estos puedan ser analizados y los cerebros de las organizaciones terroristas puedan ser condenados o extraditados.. A lo anterior se le sumaria el hecho de que el ELN buscaría lo mismo en un eventual proceso, dado el alcance internacional del proceso de negociación con el gobierno nacional, y las ventajas que el gobierno le habría dado para incluir países “garantes”.

La tesis surgiría por iniciativa del saliente fiscal Eduardo Montealegre ante el terrorista Iván Márquez, quien a la fecha, como principal negociador de las FARC  ante el gobierno de Colombia, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico. Sus antecedentes penales por ello, no solamente constituyen un delito dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sino así mismo a la luz del derecho internacional y concretamente del derecho internacional humanitario.

 

LA BÚSQUEDA DEL "ACUERDO ESPECIAL" DE IVAN MARQUÉS Y EDUARDO MONTEALEGRE

Según la tesis de que los acuerdos hagan parte de un tratado internacional, tanto el gobierno colombiano como el Congreso de la República se someterían a continuar con las obligaciones adquiridas con la firma de los mismos, so pena de que los países garantes denuncien el incumplimiento del eventual tratado.

La solicitud que en este momento están negociando las FARC, adicionalmente, vendría aconsejada de conceptos de Álvaro Leyva y el saliente fiscal Eduardo Montealegre, quienes previamente y en repetidas oportunidades habrían insistido en que los términos del acuerdo de la Habana sean contemplados como un “acuerdo especial”, como rigen los términos del artículo 6 del III Convenio de Ginebra.

De hecho, antes de su salida, el saliente fiscal, presentó ante la Corte Constitucional, un documento de 89 páginas en el que defiende la necesidad del “Acuerdo Especial”. Lo que sin embargo sorprende de su argumentación, es que le haya querido dar carácter internacional a la violencia narcotraficante en Colombia, argumentando según él, que sea “posible afirmar que la institución del conflicto armado, bien sea de carácter nacional o internacional, pertenece a la órbita del DIH. En consecuencia, cualquier acto o decisión que incida en la regulación o terminación de un conflicto armado se remita a este".

Sin embargo, a la luz del derecho internacional, la utilización del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949, no rige ni para el conflicto interno, ni para el caso en particular de Colombia, lo que de conformarse como una alternativa del gobierno, no solo sería una equivocada interpretación de la ley, sino otro fallo político en el proceso de negociación.

Los protocolos adicionales al acuerdo, que eventualmente contemplan el análisis a la luz del derecho internacional el estudio de los conflictos nacionales, no modifica las condiciones de aplicación original del convenio, lo que quiere decir que tampoco se compatibilizaría con las intenciones de Juan Manuel Santos e Iván Márquez. De hecho, el único documento del que buscaría hacer uso el mandatario, sería el Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977. El protocolo sin embargo tampoco contempla el caso solicitado por el saliente fiscal, lo que mostraría la imposibilidad de Iván Marquez de evadir sus cuentas con la justicia colombiana y con jurisdicciones internacionales por delitos del narcotráfico, como la de Estados Unidos.

La solicitud de Iván Márquez por ello, no solo es imposible de aplicar en el ámbito jurídico, sino que sería un pacto de impunidad que el edificio jurídico colombiano no establece ni en su legislación local, ni en sus acuerdos firmados internacionalmente. La gravedad del asunto, radica en el que tanto el cabecilla terrorista, como los demás miembros del secretariado en el proceso de negociaciones, han cometido delitos que no solo pueden ser procesados en Colombia, sino que son motivo de extradición de acuerdo a los convenios firmados del gobierno colombiano con autoridades en Washington o la Unión Europea.

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