De acuerdo al informe presentado por la emisora los datos recibidos tanto por el ADRES como por la misma entidad Profamilia revelaron que a medida que aumentaban los casos practicados de abortos aumentaban también sus ingresos lo que se habría convertido en un conflicto de intereses.

A más de tres años de la despenalización del aborto en Colombia, el impacto de esta decisión continúa generando debate no solo en el plano social y jurídico, sino también en el económico. La sentencia C-055 de 2022, que permitió la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, abrió un nuevo escenario para la prestación de estos servicios de salud, consolidando lo que diversos sectores han calificado como un negocio multimillonario en el país.

En este contexto han resurgido los informes periodísticos revelados años atrás por La FM, los cuales analizaron los ingresos recibidos por Profamilia, una de las principales entidades prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia. De acuerdo con estos reportes, basados en información del ADRES y de la propia entidad, entre 2016 y 2019 los ingresos de Profamilia provenientes del sistema de salud crecieron de manera proporcional al aumento de los procedimientos de aborto practicados.

Según el informe, en 2016 Profamilia recibió $20.358 millones, realizando 6.440 interrupciones del embarazo. Para 2017, los ingresos aumentaron a cerca de $22.400 millones, con 10.514 procedimientos. En 2018, los recursos ascendieron a $26.970 millones, mientras que los abortos practicados llegaron a 16.870. Finalmente, en 2019, la entidad habría recibido $29.993 millones, realizando 22.146 interrupciones, lo que representó un nuevo incremento tanto en recursos como en número de procedimientos.

El informe señalaba que, en un periodo de cuatro años, la entidad habría realizado cerca de 56.000 abortos, recibiendo recursos del sistema de salud colombiano por una cifra aproximada a los $100.000 millones, situación que para algunos analistas evidenciaba un posible conflicto de intereses entre la financiación estatal y la prestación del servicio.

A este panorama se suma un nuevo elemento del debate actual. A tres años de la despenalización, distintos sectores han advertido que esta decisión habría favorecido directamente a organizaciones internacionales vinculadas a la promoción del aborto, entre ellas filiales de Planned Parenthood, así como a fundaciones financiadas por el magnate George Soros, a través de la Open Society Foundation, que históricamente ha respaldado iniciativas relacionadas con derechos reproductivos en América Latina.

Mientras defensores del fallo constitucional sostienen que se trata de un avance en derechos sexuales y reproductivos y en el acceso a servicios de salud, críticos de la medida insisten en que es necesario revisar con mayor rigor la trazabilidad de los recursos públicos, el papel de actores internacionales y los mecanismos de control del sistema de salud.

El tema sigue siendo uno de los más sensibles y polarizantes del debate público colombiano, en un escenario donde confluyen decisiones judiciales, intereses económicos, cooperación internacional y una sociedad profundamente dividida frente al alcance y las consecuencias de la despenalización del aborto.