Por: Silverio José Herrera Caraballo

El reciente relevo en la cúpula militar y policial no puede analizarse como un simple acto administrativo ni como una rutina institucional propia del calendario castrense. En el contexto político, social y de seguridad que atraviesa Colombia, este movimiento obliga a hacerse preguntas de fondo: ¿qué pasó realmente?, ¿qué busca el presidente Gustavo Petro en los últimos meses de su gobierno (si nada extraordinario ocurre que altere el curso democrático) ?, ¿qué retos enfrentan los nuevos comandantes de fuerza y, sobre todo, ¿qué le espera al país en materia de seguridad en 2026?

Sería ingenuo asumir que este relevo responde exclusivamente a criterios técnicos o a una evaluación objetiva de resultados. En tres años de gobierno, la relación del Ejecutivo con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ha estado marcada por la desconfianza, la ambigüedad política y una narrativa que, en demasiadas ocasiones, ha puesto bajo sospecha a quienes constitucionalmente tienen la misión de defender la soberanía, el orden y la vida de los colombianos. No es un secreto que este gobierno nunca logró una sintonía real con su estamento de seguridad.

¿Qué pasó entonces? Pasó que la seguridad se deterioró de manera progresiva y evidente. Pasó que la política de la llamada “paz total”, mal diseñada y peor ejecutada, terminó fortaleciendo a los grupos armados ilegales, mientras se debilitaba la capacidad operativa y moral de la Fuerza Pública. Pasó que las cifras de homicidios, extorsión, secuestro y control territorial ilegal desmintieron el discurso oficial. Y pasó, finalmente, que alguien tenía que cargar con el costo político de ese fracaso.

El relevo de la cúpula parece más una reacción que una estrategia. Un intento tardío por mostrar control, enviar mensajes políticos y, quizás, garantizar que los últimos meses de gobierno transcurran con una Fuerza Pública más alineada con la visión presidencial que con una doctrina histórica de seguridad y defensa. No se trata de cuestionar la idoneidad de los nuevos comandantes (muchos de ellos con hojas de vida intachables), sino de advertir el contexto en el que asumen sus cargos.

Los retos que enfrentan son enormes. El nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares hereda un país con amplias zonas rurales copadas por estructuras armadas ilegales, con fronteras porosas, economías criminales fortalecidas y una tropa que ha sido sistemáticamente desmotivada. A esto se suma una Policía Nacional desgastada, señalada injustamente en el discurso político y utilizada como amortiguador de la conflictividad social, pero sin el respaldo político claro que requiere para ejercer autoridad legítima.

Uno de los principales desafíos será recuperar la iniciativa estratégica sin romper el delicado equilibrio político impuesto desde la Casa de Nariño. Porque aquí conviene ser claros: la crisis de seguridad no obedece a la falta de capacidad profesional de las Fuerzas Armadas. Colombia cuenta con militares y policías altamente entrenados, con experiencia real en combate y control territorial. El problema ha sido la maniata política: reglas de enfrentamiento confusas, órdenes contradictorias, ceses al fuego mal supervisados y una narrativa que deslegitima el uso legítimo de la fuerza.

¿Qué le espera al país con un gobierno que se debate entre escándalos de corrupción, improvisación y malas decisiones? Le espera incertidumbre. La corrupción ha erosionado la autoridad moral del Ejecutivo; la improvisación ha debilitado la planeación estratégica; y las malas decisiones han tenido consecuencias directas en la seguridad de los ciudadanos. Cambiar comandantes no corrige automáticamente esas fallas estructurales.

De cara a 2026, los retos en materia de seguridad son evidentes y preocupantes. La extorsión seguirá siendo uno de los mayores flagelos urbanos y rurales. El control territorial de grupos armados ilegales no se desmantela con discursos ni con mesas infinitas de diálogo. El narcotráfico continúa siendo el combustible del conflicto, mientras se envían mensajes ambiguos sobre erradicación y lucha contra las economías ilícitas. Y la ciudadanía, cada vez más, siente que el Estado llega tarde o no llega.

La gran pregunta es si este relevo permitirá, aunque sea parcialmente, recuperar el rumbo o si será simplemente el último ajuste cosmético de un gobierno que llega a su recta final sin haber cumplido su promesa central: garantizar una paz real y una seguridad efectiva. Los nuevos comandantes tendrán que demostrar liderazgo, carácter y autonomía técnica, incluso en medio de presiones políticas. Tendrán que reconstruir la moral de la tropa, fortalecer la inteligencia, coordinar mejor con autoridades locales y, sobre todo, volver a poner al ciudadano en el centro de la estrategia de seguridad.

Colombia necesita recuperar la seguridad no desde la retórica, sino desde la acción responsable. No desde la desconfianza hacia sus Fuerzas Armadas, sino desde el respaldo institucional claro y sin complejos. Porque cuando un Estado duda de quienes lo defienden, lo que realmente queda desprotegido es el país entero.

El relevo ya ocurrió. Ahora viene la prueba real. Y el tiempo, como siempre, no juega a favor de la improvisación.