Que intenciones verdaderas tiene el fiscal al perseguir a miembros de la oposición en Colombia?

La administración de Iguarán en comparación con la de Montealegre, dejo ver que el papel de la fiscalía además de buscar cumplir con sus objetivos institucionales, es posibilitar el ejercicio de la oposición política con garantías, incluso a pesar de existir claros indicios de miembros de la entonces oposición con relaciones con las FARC, como la senadora Piedad Córdoba.

Los últimos inesperados desatinos legales del fiscal Montealegre en iniciar procesos legales contra miembros de la oposición en Colombia, incluida la compulsa de copias por hechos ya anteriormente desechados por fiscales especializados, muestran una tendencia repetida de las actuaciones de Montealegre que se asemeja a los eventos sucedidos en las elecciones presidenciales del 2014.

Las actuaciones legales del fiscal en época electoral pueden estar en Colombia configurando un escenario de uso de las instituciones legales, para afectar la intención de voto de los ciudadanos, con el agravante de que la compulsa de copias contra miembros de la oposición, crea inseguridad jurídica para el ejercicio de la política en el país.

En la actualidad, a pesar de las impresiones que la institución de la fiscalía tiene frente al proceso de paz, la gran mayoría de la población de Colombia según las últimas encuestas desaprueba la gestión del Presidente Juan Manuel Santos. En ese contexto, los desaciertos de Montealegre de empapelar legalmente a miembros de la oposición resaltan como una conducta claramente politizada sin antecedentes recientes ni históricos.

Hasta el 2010, la fiscalía de Guillermo Mendoza Diago, quien reemplazara a Mario Iguarán, se constituyó como en un puente neutro frente a la institución que permitiera la decisión de elegir de la terna al fiscal Montealegre. Antes de esta decisión, la administración del fiscal Mario Iguarán, se destacó por mantener una posición equilibrada e independiente frente al gobierno nacional, mientras respetaba los derechos de la oposición política representada en ese entonces por los partidos Liberal y el Polo Democrático, principalmente.

Por otra parte, la administración de Iguarán en comparación con la de Montealegre, dejo ver que el papel de la fiscalía además de buscar cumplir con sus objetivos institucionales, es posibilitar el ejercicio de la oposición política con garantías, incluso a pesar de existir claros indicios de miembros de la entonces oposición con relaciones con las FARC, como la senadora Piedad Córdoba.

El uso de la fiscalía para perseguir a la oposición en Colombia en el periodo de Montealegre Lynnet,  crea inseguridad jurídica en el país, y diluye el objetivo institucional del organismo en comparación con las labores de sus antecesores Mario Iguarán, Luis Camilo Osorio, Alfonso Gómez, Alfonso Valdivieso y Gustavo de Greiff Restrepo.  En este escenario, las demandas por persecución política presentadas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el sentido de que Montealegre este haciendo política desde el ente legal del país, pueden tener asiento, considerando la respetuosa e independiente relación que hubo entre miembros de la oposición y los fiscales de turno anteriores a Montealegre, y la sospechosa conducta del fiscal en época electoral. 



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