Eduardo Montealegre cercado por Prevaricato por Omisión o Calumnia. Abelardo de la Espriella lo denuncia Penalmente

Montealegre incurre en sistemática calumnia, o en un caso grave de delito de prevaricato por omisión cuando ostentó la dirección de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Juan Manuel Santos.

Con ocasión de las infundadas declaraciones emitidas por el exfiscal colombiano Eduardo Montealegre el pasado 19 de Mayo, donde el activista de izquierda afirmaba llevar a cabo la acusación, sin evidencia, de masacres en las que imputaba al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, el reconocido abogado colombiano Abelardo de la Espriella ha tomado la decisión de denunciar penalmente a Montealegre por calumnia.

La situación para el ex fiscal adicionalmente, podría complicarse debido al reiterado uso de difamaciones infundadas emitidas por el abogado contra el expresidente, algunas de las cuales pueden fácilmente configurarse en prueba evidente de una intencionalidad expresa dirigida al delito de calumnia contra el exmandatario.

Entre estas declaraciones, destacan sobretodo las afirmaciones emitidas por Montealegre en Mayo, donde sin ninguna prueba afirmó a los medios de comunicación del país:

“en este momento, adelantamos un estudio, muy serio, que daremos a conocer en el mes de junio de este año, donde demostramos, a la luz de las estructuras de imputación del derecho penal internacional, la responsabilidad del exgobernador de Antioquia- Álvaro Uribe- en las masacres del Aro y la Granja. Investigación que le daremos a conocer, personalmente, a la Corte Penal Internacional en la Haya, y a la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Además, que distribuiremos ante la justicia de Bélgica y España, donde han investigado a Álvaro Uribe con fundamento en el principio de la jurisdicción universal que rige en el mundo actual, y que permite a otros países, investigar crímenes internacionales cometidos en Colombia”.

En la práctica sin embargo, Montealegre no solamente no tiene ninguna prueba que sustenten sus afirmaciones, sino que además, de haber sido ciertas, hubiera incurrido en el delito de prevaricato por omisión en calidad de Fiscal General de la Nación. Por los hechos, el abogado Abelardo de la Espriella tomó la decisión el pasado 17 de Junio de denunciar al polémico abogado Montealegre por calumnia, incluyendo además en el proceso al ex vicefiscal Perdomo. 

Adicionalmente, si Montealegre hubiese tenido realmente pruebas sustanciales para incurrir en las imputaciones deshonrosas contra el expresidente, era su obligación haber tramitado los respectivos procesos de denuncia penal desde la Fiscalía General de la Nación que en su momento dirigió a nivel nacional. Así las cosas, es paradójico, por no decir absolutamente contradictorio que el ahora ex funcionario, sin ninguna prueba, y sin el poder constitucional conferido por la Fiscalía, arrecie las calumnias.

Al respecto, el delito configurado en el escenario de Prevaricado por Omisión en cabeza de Eduardo Montealegre, estaría señalado taxativamente en el Artículo 414 del Código Penal colombiano, que establece literalmente:

El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

El delito además se configuraría conforme a los términos jurisprudenciales y normativos establecidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que establece: 

"El prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario, mediante cualquiera de las conductas alternativas previstas en su descripción típica, lo cual constituye el aspecto objetivo de la infracción. Sin embargo, la corporación advirtió que es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que con su “no hacer” falta a sus deberes oficiales. En consecuencia, se trata de una actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como propio de las funciones constitucionales, legales o reglamentarias discernidas en el agente (M. P. Eyder Patiño Cabrera)."

Ante las evidentes falencias probatorias mostradas por Montealegre en las imputaciones infundadas realizadas contra el exmandatario, el antiguo funcionario podría haber incurrido en una de dos conductas, en primer lugar, en una actividad sistemática de difamación calumniosa contra el ex presidente, o en su defecto, en un caso grave de delito de prevaricato por omisión cuando ostentó la dirección de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Juan Manuel Santos. 

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