La semana pasada la calificadora de riesgo Standard & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Colombia a “BBB-“ argumentando la debilidad fiscal, el bajo crecimiento económico, la dependencia de ingresos extraordinarios y la imposibilidad de cumplir con la regla fiscal en el país, sumado al bajo desempeño de la famosa reforma tributaria del 2016. Para ponerlo en un ejemplo es como aquel estudiante que pasa de tener un promedio de 4.0 a 3.0 y queda con alto riesgo perder el semestre.

En otras palabras, el país tiene problemas económicos de fondo que el gobierno no ha podido solucionar y la baja calificación es prueba de ello. En 2017 el gobierno se vio en la obligación de reducir en dos ocasiones la meta de crecimiento anual principalmente por la falta de consumo de los hogares y la caída de la actividad petrolera; esto derivó en una inestabilidad financiera latente para los inversionistas extranjeros al afectar el principal activo de la economía: la confianza.

Sin confianza Colombia tiene dos opciones: pedir prestado a la banca multilateral a tasas de interés muy altas y a largo plazo terminar pagando con el recaudo tributario o no pedir prestado corriendo el riesgo de estancar el proceso productivo a nivel publico que tiene el país. La decisión no es nada fácil pero seguramente este tema será prioritario en la agenda electoral para las elecciones presidenciales del próximo año que desde ya prevén una nueva reforma tributaria, esta vez con carácter urgente para reactivar la economía nacional.

Esta nueva reforma tendrá que replantear la disminución de los impuestos regresivos de forma progresiva, es decir, que debe haber ajustes en los impuestos indirectos como el IVA, pero a su vez debe aplicarse una tasa impositiva mayor a los impuestos director como el de las utilidades y dividendos siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe para Colombia del año 2016.

Adicionalmente, el nuevo gobierno en 2018 debe pensar en políticas efectivas contra la evasión de impuestos que anualmente se estima en 4,7 billones -cantidad similar a la inversión en recreación cultura y deporte- y una reforma estructural a la DIAN que actualmente se ha dedicado a liquidar y quebrar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a punta del cobro de tasas de interés altos y la nula capacidad de negociación a la hora del pago. La sostenibilidad empresarial debe ser un principio que el próximo presidente debe tener en cuenta a la hora de reformar las finanzas del país.   

Por ahora a los colombianos les toca ajustarse el bolsillo, ahorrar y tratar de enfocar esfuerzos financieros en sectores de bajo riesgo para mantener su estabilidad. Al parecer las cinco locomotoras que el gobierno impulso para mejorar la economía y la competitividad del país se rajaron.