Contratos paralelos de Eduardo Montealegre con Presidencia serían ocultados por medios de comunicación. Publicación de contratos y análisis de El Nodo

Entre los contratos se destaca el proceso de Departamento Administrativo de Presidencia identificado con el folio 419-11, por el cual Eduardo Montealegre habría devengado por servicios prestados por un total aproximado de 5 meses, la no despreciable suma de más de $4,6 millones de pesos por día

El pasado 17 de Septiembre el periódico EL Nodo Colombia hizo públicos 5 de los probablemente más contratos que el actual fiscal Eduardo Montealegre firmó con Presidencia de la Republica y la Cancillería -incluso pocos días antes de su posesión en el cargo-. Los contratos revelados por El Nodo, sumarían de haberse ejecutado en su totalidad un total de aproximadamente 2.660 millones de pesos, de los cuales presidencia de la República a través del Departamento Administrativo le hubiese girado al entonces abogado en la lista a la fiscalía de Colombia por “consultorías”.

De hecho, fue precisamente hasta solo 3 semanas antes de su posesión en el cargo, que el entonces abogado en su calidad de aspirante a la fiscalía de Colombia, firmaría un contrato por un monto total de $816 millones de pesos por servicios de asesoría a la Cancillería. No obstante, antes de este contrato, el actual fiscal habría sido contratista directo del presidente por un valor de más de $1.700 millones de pesos.

Entre los contratos se destaca el proceso de Departamento Administrativo de Presidencia identificado con el folio 419-11, por el cual Eduardo Montealegre habría devengado por servicios prestados por un total aproximado de 5 meses, la no despreciable suma de más de $4,6 millones de pesos por día, para un total de 696 millones de pesos girados desde el Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Los abultados contratos del entonces fiscal, revelan una de las mayores crisis institucionales sobre la independencia de la rama jurídica del Estado, que a partir de la constitución de 1991 se convirtió en un ente independiente del Congreso de la República y del mismo presidente.

Junto con la reforma establecida en la Constitución, los principales representantes de la fiscalía hasta hace pocos años, pudieron establecer el cumplimiento de las necesarias garantías que el equilibrio de poderes del país requería para abordar problemas complejos, desde el juzgamiento de antiguos jefes paramilitares y narcotraficantes hasta los acuerdos ulteriores e inserción a la vida civil de grupos guerrilleros y desertores que se sometieron a la justicia. Hasta la fecha, de hecho, las apariciones en política de los fiscales de la República se buscaron limitar a las funciones establecidas por la rama judicial del país, lo que permitía adicionalmente un ejercicio de la oposición que posteriormente ofreció seguridad incluso a antiguos miembros de organizaciones terroristas como el M19 que buscaron hacer política al interior del país.

A la fecha, sin embargo, junto con los contratos y los sistemáticos reclamos de numerosos miembros de la oposición y de la escena política nacional e internacional, la fiscalía paso a ser un órgano independiente de decisiones jurisprudenciales, a un brazo político con clara tendencia ideológica. Lo que hasta la fecha no se tenía claro, eran las motivaciones que tendría Eduardo Montealegre para proceder de esta manera, sin embargo, las largas relaciones políticas y contractuales del entonces fiscal con el Presidente pueden revelar un escenario especialmente peligroso que los principales medios de comunicación del país se han encargado de ocultar. Las consecuencias que pueden tener la larga y abultada historia de vinculación contractual con labores en paralelo de Montealegre con presidencia de la Republica deben por ello prender alarmas respecto a la democracia en Colombia.

En días pasados, la situación más cercana en el continente se dió en Venezuela, en la que uno de los entonces fiscales contra el líder opositor Leopoldo López evidenciaría el fin de las instituciones del vecino país y el perfeccionamiento de un régimen totalitario que utiliza la justicia para manipular decisiones políticas. En Colombia, durante los últimos meses los medios se han encargado de ocultar la clara ideologización que ha experimentado la fiscalía con las decisiones de presidencia de la República. Desde el Periódico El Tiempo, así como el Periódico El Espectador y la Revista Semana se ha buscado ocultar las relaciones contractuales de Eduardo Montealegre Lynnet con el presidente. Las alarmas ante esta situación son obvias. Por ello, cumpliendo con las obligaciones de este medio, se presentan a continuación los cinco contratos investigados firmados por el actual fiscal, varios de ellos ejecutados al mismo tiempo y con el mismo contratista, Presidencia de la República.

Contrato 01

Contrato 02

Contrato 03

Contrato 04

Contrato 05



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