Umbral de plebiscito sería solo el 13% del censo electoral

Umbral de plebiscito sería solo una reducida proporción del número de votos obtenidos por presidente para elecciones

Aunque el plebiscito, como mecanismo de participación ciudadano, está estrictamente reglamentado jurídica y constitucionalmente, el acuerdo de regulación, presentado a través de un proyecto de ley y radicado ante el Congreso de la República en la última semana, genera mayor preocupación sobre las reformas puestas a consideración sobre la figura, contemplando cinco artículos y estableciendo tres reglas especiales para su posterior convocatoria y votación. La más polémica, bajar el umbral para que incluso con menos votos de los que el presidente necesito para ser elegido, el plebiscito pueda ser votado positivo mayoritariamente.

Desde que se dio inicio al ciclo de conversaciones en la Habana con las FARC, el  Presidente Santos ha definido la insistente aprobación de los acuerdos promulgados a través de mecanismos de votación como Consultas Populares o Referendos. Decisiones que han sido tomadas primero por su cuestionada relación con empresas contratistas y por la necesidad de agilizar la posterior aprobación de los procesos establecidos.

Por esta razón, en los últimos meses ha tomado una mayor relevancia y fuerza la figura del plebiscito, como mecanismo adoptado y respaldado por el gobierno para dar trámite a los acuerdos que puedan establecerse con los grupos al margen de  ley. Medida adoptada en principio, por las condiciones y alta exigencia de un referendo constitucional y por la urgencia de aprobar los acuerdos que puedan tramitarse para una eventual firma de la “paz”.

Esta figura, nueva para el entorno de elección colombiano, contemplado dentro de la ley estatutaria de mecanismos de participación, y a través del cual se rechaza o aprueba una decisión del ejecutivo, ha sido cuestionada por varios sectores por la forma en que será presentada dentro del paquete legislativo y en el que busca establecer varias reformas al mismo para permitir refrendar los acuerdos que se establezcan a través de la definición de nuevos marcos legales.

Entre las inusuales reglas, y según el acuerdo de texto de la ponencia, una de las más cuestionadas ha sido el hecho del mecanismo de tener un “carácter vinculante”. Esto indica que al ser catalogado de esta forma se hace obligatoria la implementación de lo que se pacte en los ciclos de conversaciones de manera inmediata.

Lo que más llama la atención sobre este punto es el camino adoptado por el gobierno y el cual ha sido contemplado semanas después del último comunicado emitido por las FARC, a través del cual exigen la participación activa en cargos de elección popular, una justicia restaurativa para cada uno de sus miembros y la asignación directa de curules en el congreso. Exigencias contempladas dentro de las “10 propuestas mínimas” entregadas por el grupo armado a principios de Octubre para acceder a la firma del proceso de paz. y apoyado por toda la bancada del gobierno.

Sin embargo, estos anuncios contrastan con el inconformismo del elector colombiano el cual ha rechazado contundentemente las propuestas anteriormente mencionadas. Así ha quedado demostrado a través de una encuesta realizada por la empresa Cifras y Conceptos unas semanas atrás para la organización Premio Nacional de Paz y en el que especifica que casi un 80% de los encuestados no están de acuerdo ni con la participación activa de los miembros que pertenezcan al grupo armado ni con las otras propuestas emitidas. Este hecho es respaldado por diferentes sectores quienes ven el camino tomado por el gobierno como arriesgado y anticonstitucional.

Lo anterior ha dado a entender el porqué del gobierno de establecer estos ajustes  encaminados principalmente a la búsqueda y creación de escenarios para un eventual proceso de cambio del marco constitucional y eventualmente obtener la aprobación de los acuerdos emitidos a través del “plebiscito por la paz.

De esta forma ha definido como segunda regla, altamente cuestionable, bajar el umbral establecido para facilitar una posterior aprobación del mecanismo. Según lo definido por ley el referendo, para ser aprobado, necesitaría de un total de 16'910.999 votos representado por el 50% del censo electoral.

Para este caso, se redujo a un 13%, lo que equivaldría a un número cercano a  4'400.000 electores, un número muy inferior al total de votos obtenidos por el presidente en su reelección en el 2014. Preocupante situación si se examina, que en principio estarían dadas las condiciones para un posterior resultado positivo del mismo gracias a una eventual maquinaria política y a una inexistente pedagogía adportas de la aprobación de la figura, más allá del constante abstencionismo y el número elevado de sectores que no apoyan las propuestas emitidas desde la Habana.

Finalmente, las medidas muestran el desespero encadenado por el afán del gobierno de tramitar y dar vía libre a las propuestas que los grupos armados han establecido, y así mismo lograr complacer a un grupo cuyas propuestas han estado encaminadas a favorecer intereses políticos particulares así implique acomodar umbrales regulados jurídica y constitucionalmente.



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