Se instaura denuncia penal contra Santos por prevaricato en injustificada convocatoria a fiscal

De acuerdo a la denuncia consignada ante la Comisión de acusaciones de la Cámara, al rehusarse el presidente con el argumento de la “convocatoria” “por lo tanto a hoy, está incurso en el DELITO DE PREVARICATO POR OMISIÓN, que en nada lo cambia la convocatoria pública que como acto sofistico y burlesco, contra la constitución – la ley y los convocados in generi”

Ante la definición de la reciente terna a la Fiscalía General de la Nación, se revelaría que la convocatoria nacional del Presidente Juan Manuel Santos para hallar el reemplazo del anterior fiscal se pudo haber configurado en una nueva cortina de humo en contra de los términos de la Constitución Política. En concreto, las crecientes críticas contra el desempeño y probable corrupción de la fiscalía en cabeza de Eduardo Montealegre, llevó al presidente a levantar una cortina de humo para justificar la independencia del nuevo fiscal, lo que habría hecho con una convocatoria, extralimitándose en sus funciones del artículo 239 de la Carta Magna. Con la elección de la terna, con ello, se revela lo que se había sugerido desde semanas atrás, que la fiscalía está sometida al ejecutivo, y que de esa manera la independencia del aparato jurídico de la nación está en peligro. En consecuencia, ante la comisión de acusaciones, la semana pasada se instauró denuncia penal contra Juan Manuel Santos, por el delito de prevaricato por omisión.

 

LA VIOLACION CONSTITUCIONAL DE LA NORMA DE LA SEPARACION DE PODERES

La definición de la nueva terna, revelaría no solamente que las decisiones de la próxima fiscalía estarían comprometiendo la independencia del poder judicial en Colombia, sino adicionalmente poniendo en riesgo la estabilidad política y jurídica de la nación. En suma, la decisión de haberse alineado con el saliente fiscal, Eduardo Montealegre, venia condicionada por su apoyo a la legislación que garantize la impunidad de la organización terrorista FARC, incluso en temas tan sensibles como la reparación a la víctimas, en los que la organización terrorista argumentó que no tiene recursos.

Durante los últimos años, sin embargo, la decisión del ejecutivo de politizar la fiscalía, no solo derivó en la deslegitimación de la justicia, sino en la incorporación de procesos que hoy son contemplados como persecución política incluso por jurisdicciones como la estadounidense o la canadiense. Así, el saliente fiscal Eduardo Montealegre no solamente habría incurrido en la decisión de politizar las deciciones jurídicas, sino en llevarlas a un estadio de encarcelamiento de miembros de la oposición, algunos de los cuales han sido absueltos por la Corte Suprema una vez se ha comprobado la existencia de falsos testigos.

LA CONVOCATORIA A LA FISCALIA Y LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE PREVARICATO POR OMISION

Con el antecedente de la polémica fiscalía, y con el bajo apoyo ciudadano del gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente habría tomado la decisión de llevar a cabo una convocatoria para elegir el fiscal de una lista de candidatos abierta al público. En los resultados de la selección de la convocatoria sin embargo, no se tuvo en cuenta elementos de clasificación final que pudiesen haber justificado la misma. Así, presidencia se habría podido incorporar en un proceso de prevaricato por omisión, desconociendo los términos de la solicitud que el mismo se inventó, sin sustento legal, en un momento de bajo apoyo popular.

[pullquote]De hecho, la elección de la terna para la Fiscalía General de la República, demostraría que la convocatoria no habría sido más que una cortina para que gobierno pudiese adquirir apoyo ciudadano, en medio de la peor crisis de legitimidad presidencial en la historia, cuando poco más de un 10% está de acuerdo con sus decisiones. [/pullquote]

Por los hechos, el 6 de Abril, ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, se interpuso en esta dirección una denuncia, en la que consta que la DENUNCIA PENAL que se impetra en contra del señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLCA DE COLOMBIA, “SEÑOR” JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, se configura por la comisión del delito de PREVARICATO POR OMISION, normado en el código sustantivo penal en su artículo 414º. En concreto, la denuncia elevada establece que “La constitución Política de Colombia, en su artículo 249, establece de manera clara y precisa en su tenor literal que se nos presenta de manera clara, sin lugar a equívocos e interpretaciones, la COMPETENCIA para conformar TERNA para Fiscal General, su término de duración en el cargo y de suyo incluso nos remite a la norma (232)”. La convocatoria de presidencia por ello, no solo contraviene los términos de la Constitución Política de Colombia, sino que se podría haber convertido en una fachada jurídica para ocultar vicios de la antigua cabeza a cargo de la Fiscalía General.

Como era obligación constitucional de Santos, este debía haber enviado en los términos constitucionales la terna para ocupar el cargo, de acuerdo a la denuncia penal instaurada por el abogado Iván Botero, uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional de Abogados. [pullquote]De acuerdo a la denuncia consignada ante la Comisión de acusaciones de la Cámara, al rehusarse el presidente a cumplir sus claras obligaciones de la Carta Magna “está incurso en el DELITO DE PREVARICATO POR OMISIÓN, que en nada lo cambia la “convocatoria” pública … como acto sofistico y burlesco, contra la constitución – la ley y los convocados in generi”.  [/pullquote] Con ello, la violación de la obligación de la conformación de  la terna, llevaría a que en una próxima instancia la Corte Suprema de Justicia decida sujeta a la ley la conducta punible de presidencia, lo que de no hacerlo, la haría quedar a ella misma incursa en la correspondiente denuncia.

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