Procuraduría exige que reparación de victimas se haga con dineros de las FARC y no con impuestos

La Procuraduría Nacional ha llamado la atención para que la reparación de víctimas se haga con dineros de las FARC y no con un segmento del Producto Interno Bruto Colombiano. La petición, realizada recientemente por el procurador Alejandro Ordoñez, se concilia con el deseo de la gran mayoría de ciudadanos, que según la reciente encuesta Gallup del 11 de Noviembre, en la que solo un 39% de colombianos aprueba la forma en la que Juan Manuel Santos se desempeña como presidente de Colombia.

Al cierre del año 2014, se estima que la organización terrorista FARC por concepto de comercialización de cocaína puedo haber recibido la suma de 600 millones de dólares. La cifra, por su naturaleza, dimensiona el monto de dinero que la organización lava  través de diversas fachadas, sin embargo, a la fecha, luego de que se presentara a la opinión publica la posibilidad de crear un “Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz, FONAPAZ”, no existe claridad respecto al origen de los recursos, que según la organización terrorista deben originarse en impuestos.

Ante la situación, la Procuraduría Nacional ha llamado la atención para que la reparación de víctimas se haga con dineros de las FARC y no con un segmento del Producto Interno Bruto Colombiano. La petición, realizada recientemente por el procurador Alejandro Ordoñez, se concilia con el deseo de la gran mayoría de ciudadanos, que según la reciente encuesta Gallup del 11 de Noviembre, en la que solo un 39% de colombianos aprueba la forma en la que Juan Manuel Santos se desempeña como presidente de Colombia.

La cifra, además, demuestra no solo el bajo apoyo del presidente, sino la incomodidad de la ciudadanía frente a las demandas que organizaciones terroristas como las FARC pretenden imponer para financiar escenarios posteriores a la firma de los acuerdos en Cuba.

La solicitud de la Procuraduría entonces, contradice las intenciones de las FARC en el sentido de que estas, según las últimas declaraciones, buscarían crear un fondo con la característica de que será de  “origen constitucional y tendrá una vigencia mínima de diez (10) años”.

Además del origen legal de los fondos, las FARC exigen que “Los recursos del Fondo serán definidos como proporción fija del Producto Interno Bruto”. La situación por supuesto, desborda la capacidad del estado colombiano, y expone de manera clara la intención de ocultar activos lavados de la organización durante décadas de ingresos derivados tanto de la comercialización de cocaína como de fuentes diversas originadas de delitos asociados al narcotráfico. 



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