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Presidente Santos (13%) podría ser destituido Constitucionalmente como Dilma Rousseff (14%)

La causal de constitución de sentencia jurídica contra el presidente Juan Manuel Santos, estaría potencialmente declarada por “la destitución decretada por sentencia” o “la incapacidad física permanente y el abandono del cargo”.

A la copiosa marcha de la oposición que recientemente fue ocultada por los medios de comunicación en Colombia, se suma en Brasil la historia del paulatino crecimiento de la oposición contra Dilma Rousseff, que en este momento se encuentra a punto de ser destituida de su cargo por el congreso. Las similitudes de la evolución entre Dilma Rousseff y Juan Manuel Santos, por ello, pueden ser mayores de lo que parecen, lo que presentaría un panorama nada positivo para el mandatario de Colombia, que con una popularidad del 13%, podría adelantar elecciones y apresurar su salida de acuerdo a la Constitución.

Así como el presidente de Colombia, la presidenta de Brasil llegó con una influyente popularidad al gobierno del vecino país, con el pasar de los meses, sin embargo, el apoyo popular de disolvió rápidamente, quedando en tan solo un 14%. Con el incremento del nivel de la oposición, y los numerosos escándalos de corrupción y falta de competencias para afrontar las crisis de Brasil, el rechazo a su gobierno creció a un punto, en que el Congreso de los diputados tomó la decisión de poner en consideración su destitución como presidente. Hace pocas horas, luego de la votación final, el resultado en contra de Dilma fue de 367 diputados a favor de la destitución y 144 en contra. Así, en los próximos días, Dilma Rousseff debe saber si se va del Brasil o  se queda, de acuerdo a lo que defina el senado.[pullquote]En estos dos puntos tanto la Corte Suprema de Justicia como el Senado de la Republica, podría recusar las actuaciones del Presidente con su permisividad al proceso masivo de lavado de activos de las FARC, o sus actuaciones contra la oposición democrática en arreglo con la Fiscalía General de la Nación. [/pullquote]

EL APOYO DEL PRESIDENTE AL SECRETARIADO DE LAS FARC Y LA FIGURA DE LA DESTITUCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

En Colombia, a diferencia del Brasil, no existe la figura de la destitución, sin embargo, la historia del creciente rechazo al gobierno de Juan Manuel Santos, y su baja popularidad del 13%, incluso inferior a la de Dilma Rousseff (14%) y Nicolás Maduro (23%), configuran un escenario peor que el del vecino país. Paralelamente, los medios de comunicación, a diferencia del Brasil, han enardecido a una opinión pública que sabe que el presidente les está mintiendo, y que si no fuera por el desvanecido respaldo de periodistas con contratos y casas editoriales, su popularidad seria incluso inferior al 10%.

En concreto, la Constitución Política de 1991, establece causales de delito del Presidente de la República que pueden ser analizadas conjuntamente tanto por el Senado de la República como por la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, el apoyo abierto del Presidente a la organización terrorista FARC, en contravía de más del 90% de la población del país, podría según cualquiera de los dos órganos considerarse falta superior para iniciar con ello el trámite de su salida “decretada por sentencia”.

Concretamente, el Artículo 194 de la Constitución establece que: Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado. Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175.

En este caso, la causal de constitución de sentencia jurídica contra el presidente Juan Manuel Santos, estaría potencialmente declarada por “la destitución decretada por sentencia” o “la incapacidad física permanente y el abandono del cargo”. En estos dos puntos tanto la Corte Suprema de Justicia como el Senado de la Republica, podría recusar las actuaciones del Presidente con su permisividad al proceso masivo de lavado de activos de las FARC, o sus actuaciones contra la oposición democrática en arreglo con la Fiscalía General de la Nación. A estos elementos, se podría sumar el abierto rechazo nacional a su figura, y su permanencia en el cargo como fuente del retorno de la violencia paramilitar y guerrillera, así como el repunte del cultivo, producción y comercialización del narcotráfico en Colombia, en acelerada disminución hasta su llegada al cargo, y en peligroso aumento durante su periodo.

En el caso en particular de la decisión del Senado de la República, el Artículo 174 de la Constitución establece que: “Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos”.[pullquote]El Senado de la Republica se encontraría en la capacidad de establecer la dimensión legal de las actuaciones del actual presidente, que a la luz de la opinión pública no solamente ha abandonado el ejercicio de sus funciones, sino que ha posibilitado el escalamiento acelerado de la fuerza militar, logística y financiera de organizaciones criminales como las FARC, las BACRIM, que se han extendido en los últimos meses a 22 departamentos, o el ELN.[/pullquote]

En adición al artículo 174, el artículo 175 de la Constitución en su numeral 2 establece que: “2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena”.

Así las cosas, el Senado de la Republica se encontraría en la capacidad de establecer la dimensión legal de las actuaciones del actual presidente, que a la luz de la opinión pública no solamente ha abandonado el ejercicio de sus funciones, sino que ha posibilitado el escalamiento acelerado de la fuerza militar, logística y financiera de organizaciones criminales como las FARC, cuyo número de insurgentes en descenso se duplicó según las propias cifras del gobierno en los últimos 6 años, las BACRIM, que se han extendido en los últimos meses a 22 departamentos, o el ELN, que se consideraba extinguido hasta hace pocos meses.

[pullquote]El artículo 174 fué modificado por el acto legislativo 02 del 2015, y contemplaba adicionalmente la investigación al Fiscal General de la Nación.  [/pullquote]Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia, con base en la constitución, se encuentra en calidad de juzgar las actuaciones del actual presidente, que según los últimos sondeos tendría la mas baja popularidad de la historia de Colombia. Así, el Artículo 234 de la Constitución establece que la Corte, se configura como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y en su calidad, de acuerdo al Artículo 235, tiene la atribución de “Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.”

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