Insistencia de Presidente Santos en realizar referendo, plebiscito o consulta para acuerdos de la Habana puede deberse a sus históricas relaciones contractuales con empresa Thomas Greg y Sons

El 11 de Septiembre del año 2002, la asamblea general de accionistas de Thomas Greg & Sons (Thomas Greg y Sons de Colombia, Thomas Greg y Sons Limited, Thomas Greg Express y Thomas Greg Transportadora de Valores) designó a Juan Manuel Santos como miembro principal de su junta directiva, lo que lo ubicaba en rango como el segundo al mando del órgano de la empresa hasta el 4 de Septiembre de 2016, 4 años más tarde.

Desde que se dio inicio al proceso de conversaciones de la Habana con la organización terrorista FARC, ha llamado en Colombia especialmente la atención la insistencia del presidente Juan Manuel Santos de llevar a cabo tareas para que los acuerdos sean votados a través de consultas como el referendo o la consulta, según las más recientes declaraciones. En efecto, esta semana el gobierno -en medio de otras prioridades de carácter nacional-, tomó la decisión sorpresiva de solicitar al Congreso de la República, con carácter de urgencia, que el mecanismo electoral que debía montarse logísticamente en Colombia para la refrendación de los acuerdos debía ser el plebiscito.

Lo que sin embargo gran parte de la opinión pública desconoce, es el hecho de que Juan Manuel Santos en su calidad de miembro de juntas directivas antes de ser Presidente de Colombia, ha tenido históricas y familiares relaciones con las empresas contratistas de la Registraduría, y en concreto vínculos personales de antaño con la familia Bautista Palacio, incluso en su calidad de Fundador - directivo y presidente partido de la U en el periodo 2002-2006. En efecto, las relaciones de ambas familias han llegado a ser tan cercanas, que el propio Juan Manuel Santos en su calidad de ciudadano, hasta una semana antes de haber asumido el cargo del Ministerio de Defensa en el año 2006, fue miembro de la junta directiva de la empresa Thomas Greg & Sons por 4 años, encargada de la logística de transporte de los materiales de las elecciones en Colombia, cuyos contratos multimillonarios son repartidos principalmente en la unión temporal DISPROEL.

Junto con la insistencia del referendo o cualquier otra figura que implica utilizar dineros del estado para que los ciudadanos participen de los resultados de las conversaciones de la Habana, en Cuba, llama la atención el hecho las motivaciones que presidencia puede tener para necesariamente disponer de recursos públicos para que la ciudadanía legitime acuerdos que no podrá conocer en su totalidad –por la naturaleza del plebiscito-, y de los cuales no ha participado en años de conversaciones secretas en Cuba.

En contraste, como ha sido previamente dado a conocer sin mayor difusión en medios nacionales, el 11 de Septiembre del año 2002, la asamblea general de accionistas de Thomas Greg & Sons  (Thomas Greg y Sons de Colombia, Thomas Greg y Sons Limited, Thomas Greg Express y Thomas Greg Transportadora de Valores) designó a Juan Manuel Santos como miembro principal de su junta directiva, lo que lo ubicaba en rango como el segundo al mando del órgano de la empresa hasta el 4 de Septiembre de 2016, 4 años más tarde.  

Adicionalmente, los contratos de la Registraduria Nacional del Estado Civil no solo vienen a desarrollarse con contadas empresas del territorios, sino casi exclusivamente con la unión temporal DISPROEL, cuyo socio es Thomas Greg & Sons, y que para el año 2014 se quedaron con aproximadamente el 95% del monto de contratación de las elecciones del año 2014, por un valor aproximado de más de 232 mil millones de pesos.  

Adicionalmente, la situación sobre la monopolización del negocio de las elecciones tiene lugar incluso desde años atrás a la posesión de Juan Manuel Santos en la junta directiva de Thomas Greg & Sons, ya que se estima que el control sobre la participación con la registraduria de la unión temporal se remonta hasta a 15 años atrás. En efecto, la estrecha relación entre la Registraduría, el gobierno nacional y la unión temporal DISPROEL es tan sospechosa, que motivaciones para hablar de la existencia de filtración de información privilegiada vinieron a darse a conocer en medios digitales en el año 2014, cuando en el contrato por más de 232 mil millones de pesos, la oferta de DISPROEL ante la Registraduría vino sorpresivamente a tener un valor inferior en solo un (1) millón al presupuesto oficial de la convocatoria.

A la fecha, el gobierno nacional además de haber gastado al cierre del año 2014 más de 27 mil millones de pesos de presupuesto anual, estima con ocasión de la insistencia de definir un mecanismo electoral incrementar el costo de inversión de las conversaciones para el año 2015. Con la definición del mecanismo de refrendación delos resultados de las conversaciones con la organización terrorista FARC, las cifras para El Fondo de Programas Especiales para la Paz con destinación a la registraduría puede aumentarse en varias decenas de miles de millones de pesos más. Con ello, el monto de los “contratos para la Paz”, no solamente tendrían un componente de “pedagogía”, logística de transporte de congresistas y miembros de las conversaciones en Cuba y medios, sino adicionalmente de preparativos electorales con empresas con claras cercanías contractuales y familiares con Juan Manuel Santos.



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