"Reforma Rural Integral" para la "Paz" contemplaría jurisdicción especial de territorios para las FARC

Una gran extensión de tierras bajo el título de improductivas y baldíos, buscarían ser explotadas por grupos terroristas bajo convenios expedidos para su propio beneficio sin tener en cuenta los derechos ni propuestas de la ciudadanía

Como parte de la respuesta que dio a conocer en los últimos días la organización terrorista FARC y su rechazo a la propuesta presentada ante el congreso sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social o conocidas como ZIDRES, Iván Márquez anunció, dentro de su paquete de peticiones, una  altamente controversial pero que aplica dentro de los puntos acordados por el gobierno en los diálogos de Paz y la cual viene desarrollándose a través de  conversaciones sostenidas dentro de la denominada “Reforma Rural Integral”.

Este punto -el primero a negociarse en la mesa de concertación entre las FARC y el Gobierno en la Habana- más allá de pretender transformar el agro colombiano y de suministrar y potenciar el trabajo del campesino, buscaría corresponder al proceder de las FARC de acceder a un gran número de predios, bajo jurisdicción especial avalada por la fiscalía y el presidente, con la excusa de ser baldíos o no poseer títulos formales y las cuales podrían provenir de tierras improductivas, despojadas a campesinos o expropiaciones, según lo previsto tanto por el Gobierno como por la propia organización terrorista.

Por esta razón, las FARC estarían exigiendo un total de cerca de 20 millones de Hectáreas como parte de un número de requisitos y exigencias que vienen estudiando las dos partes desde febrero del 2013 y que buscarían ser  implementadas con la mayor brevedad posible. Como respuesta a la misma y dentro de los términos de conversaciones de la Habana el gobierno dió los pasos con decretos expedidos, presentados como parte de un paquete de reformas al proceso que se viene dando en la industria agrícola y que conformarían el “desarrollo integral rural” cuyo camino está a punto de ser expedido por el Congreso Nacional buscando de este modo legalizar los terrenos para una posterior adjudicación de jurisdicciones especiales.

Además de lo anterior, existen puntos pertenecientes al desarrollo normal de la agenda, relacionados con la reforma rural integral que buscarían ser analizadas una vez haya entrado en vigencia el cese bilateral entre las dos partes y que estaría encaminado a permitir que los requisitos presentados por las FARC sean autorizados por el Gobierno Nacional.

La organización terrorista, según sus propio comunicado, estarían buscando con esta reforma una delimitación de la propiedad agraria, la prohibición de inversión extranjera en tierras que hagan parte de la reforma rural, la revisión y regulación de tratados comerciales con otros países (TLC), un nuevo ordenamiento territorial, la fijación de un presupuesto para el desarrollo de las actividades desarrolladas en los terrenos otorgados, la creación de un concejo de tierras y la adopción de medidas que buscarían proteger estos territorios de empresas o grupos empresariales nacionales o extranjeros.

Por otra parte, una gran extensión de  tierras bajo el título de improductivas y baldíos, buscarían ser explotadas por grupos terroristas bajo convenios expedidos para su propio beneficio sin tener en cuenta los derechos ni propuestas de otros actores. Este proceso podría incorporarse en la propuesta de los 10 territorios de concentración que el presidente Santos estaría buscando entregar a las FARC dentro de su compromiso con las mismas y en los que según el mismo presidente “podrán cumplir con su restricción efectiva de la libertad”.

De esta forma buscarían a toda costa proteger estos territorios de la presencia de las Fuerzas Militares acudiendo a los diferentes estímulos gubernamentales  otorgados bajo carácter anticonstitucional durante el desarrollo de la mesa de conversación en Cuba. A este escenario se unirían las conocidas “zonas de reserva campesina”, como uno de los principales requisitos y exigencias de las FARC. Con ello buscarían bajo la excusa de proponer a campesinos espacios productivos de cultivos como la coca, aumentar su presencia tanto militar como económica en el entorno nacional acudiendo a jurisdicciones autónomas e independientes para manejarlos a su antojo, lo que según declaraciones del fiscal puede tener asidero jurídico.

Para finalizar, lo más preocupante del otorgamiento de estos beneficios es que puede ser de inmediato cumplimiento una vez se desarrolle el último punto del acuerdo. Adicionalmente al hecho, es gravemente preocupante la facilidad de sobrepasar principios constitucionales en beneficio de intereses de la insurgencia y la impunidad que sobrevive para facilitar un mayor poder político y de movilización a organizaciones terroristas, facilitando la conversión de grupos insurgentes a grupos políticos con los beneficios gubernamentales que se ha ofrecido desde el inicio del proceso de paz.



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