Ante amenazas a Fernando Londoño y Gustavo Rugeles ¿Tienen Cepeda y la Corte Suprema un Concierto para Delinquir como El Tribunal de Venezuela?

Si las estimaciones del país frente a la conducta impune del congresista Iván Cepeda son ciertas , entonces Colombia estaría tácitamente frente a un arreglo entre el congresista Cepeda y la Corte Suprema de Justicia para atacar a los medios de comunicación independientes en Colombia. En otras palabras, el país sería testigo de un concierto para delinquir entre el congresisita Cepeda y la Corte Suprema de Justicia, ambos invocando impunidad para las FARC, y persecución y judicialización de la sociedad civil, incluyendo el periodismo colombiano. Un formato doméstico del Tribunal Supremo de Venezuela.

El episodio reciente que la emisora WRadio revelaría, en el sentido de que la Corte Suprema iniciaría un “proceso Penal” contra un periodista por supuestamente haber transmitido “informaciones calumniosas”, podría convertirse en el cataclismo que hunda definitivamente el marco institucional colombiano, y someta a la ciudadanía a un régimen ilegal como el liderado por el Tribunal Supremo de Venezuela de Nicolás Maduro.

En concreto, la persecución a periodistas, es un crimen contemplado en el marco del derecho internacional, incorporado además en numerosas declaraciones suscritas por la organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como lo cita la declaración de Medellín de la UNESCO:

“Convencidos de que la libertad de prensa tan sólo puede disfrutarse cuando los profesionales de los medios de comunicación no padecen intimidaciones, presiones ni coerción por parte de fuerzas políticas, sociales o económicas, Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión como derecho fundamental, y confirmando que dicha libertad es esencial para la realización de otros derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, Recordando la Resolución 29 C/29 titulada “Condena de la violencia contra los periodistas”, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 12 de noviembre de 1997, en la que se condena la violencia contra los periodistas y se insta a los Estados Miembros a cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra los periodistas”.

Conminando a los organismos administradores de Justicia en Latinoamérica a que:

“Cumplan con su deber de prevenir los crímenes contra los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, investigarlos, sancionarlos y dar protección de los testigos de cargo, y reparar sus consecuencias, de manera que dichos crímenes no queden impunes; Adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y expresión o cuando tengan por objeto la obstrucción de la justicia; Pongan inmediatamente en libertad a los periodistas detenidos actualmente por haber ejercido libremente su profesión; Sensibilicen y capaciten a sus fuerzas armadas y de policía para que respeten y fomenten la seguridad de los periodistas que se encuentren en situación de riesgo y garanticen que los periodistas puedan trabajar con total seguridad e independencia en su territorio”

Así las cosas, la presunta investigación que iniciaría el polémico congresista Iván Cepeda en tribunales internacionales con los reconocidos periodistas independiente Fernando Londoño y Gustavo Rugeles, y la Corte Suprema de Justicia, no son sino un suicidio político en el que harían uso de la primera herramienta del totalitarismo criminal del comunismo, la judicialización de opositores con fines políticos.

El día de hoy, el curso de los sospechosos acontecimientos, y las nuevas y numerosas declaraciones de paramilitares y criminales que inculpan al congresista Iván Cepeda, el jurista y comunicador Fernando Londoño realizó, al aire, un análisis de los acontecimientos con el abogado Jaime Granados, donde se revela un escenario inexpugnable de descomposición política y judicial del país protagonizado por la Corte.

Hace pocas horas, el propio periodista Gustavo Rugeles, en sus redes sociales, publico un extenso comunicado refiriéndose al tema. Si las estimaciones del país frente a la conducta impune del congresista Iván Cepeda son ciertas , entonces Colombia estaría tácitamente frente a un arreglo entre el congresista Cepeda y la Corte Suprema de Justicia para atacar a los medios de comunicación independientes en Colombia. En otras palabras, el país sería testigo de un concierto para delinquir entre el congresisita Cepeda y la Corte Suprema de Justicia, ambos invocando impunidad para las FARC, y persecución y judicialización de la sociedad civil, incluyendo el periodismo colombiano. Un formato doméstico del Tribunal Supremo de Venezuela.

Ante las disparatadas amenazas que presuntamente la Corte Suprema le habría confirmado a la emisora WRadio contra la Libertad de Prensa y Colombia, y las descabelladas intimidaciones elaboradas por el polémico congresista Iván Cepeda (acusado por varios delincuentes de haber forzado testimonios falsamente), el periodista colombiano Gustavo Rugeles ha emitido un comunicado recordando los límites de la justicia y el derecho de los colombianos a la Libertad de Información.

Por la importancia del documento presentado hoy al país, ser reproduce a continuación la totalidad del comunicado.

Comunicado de Prensa
Bogotá D.C. Agosto 1 de 2018
Respecto al anuncio de La W Radio en la mañana de hoy, referente de la discusión interna de los Magistrados que integran la Sala de Casación Penal sobre la interposición de acciones judiciales en contra del director del portal El Expediente con ocasión a la divulgación de un documento de tres (3) folios el pasado 27 de julio de 2018, es del caso informar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. El documento conocido en medios de comunicación como 'informe de contra inteligencia" fue allegado al director del portal El Expediente por sus fuentes de información. No fue elaborado por el director ni ninguno de los miembros de su equipo periodístico.
2. Así las cosas, en ejercicio de la labor periodística del portal El Expediente el medio de comunicación pública el documento allegado por fuentes de alta confiabilidad, quienes ratificaron de manera integral su contenido.
3. La advertencia divulgada por La W sobre el anuncio de la sala de casación penal de interponer acciones judiciales contra el director del portal web El Expediente menoscaba el derecho a la libre expresión en ejercicio de la actividad periodística y el derecho que le asiste a los colombianos de ser informados.
4. Si el interés del ejercicio de la acción judicial anunciada por La W radio es pretender conocer el autor del documento al respecto existe nutrida jurisprudencia constitucional que protege la reserva de la identidad de la Fuente.
5. Se informa a la opinión pública que con ocasión a la divulgación del documento el pasado 27 de julio el hijo menor de edad del director del portal web El Expediente tuvo que abandonar el país en atención a las graves amenazas que se iniciaron a gestar en su contra y que son de conocimiento del ICBF defensoría del pueblo y la Policía nacional.
6. Finalmente no se concibe el estado de derecho sin libertad de información. Invocamos la protección inmediata de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) garantes internacionales del derecho fundamental de la libertad de expresión que reconoce la Resolución 59 (I) de la Asamblea General aprobada en 1946 y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que afirman que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye la libertad de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión).

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